Los gobiernos autonómicos se han hecho existencialistas. No de forma estricta, porque tampoco es que su conocimiento de la filosofía sea muy amplio. Cuando estamos en puertas de poner fin al estado de alarma, han dejado de enfocar su atención y sus críticas en el Gobierno central para pasar a mirar con temor a los habitantes de otras comunidades autónomas. Es algo que pasa en todas las pandemias. Da igual lo mal que estés. El mayor peligro siempre viene de fuera. Ni siquiera cuando eres consciente de que la enfermedad está dentro de tu ciudadela, eres capaz de dejar de pensar que todo se solucionará con muros más altos. Excepto si te perjudican. Entonces, tu punto de vista cambia por completo.
“El infierno son los otros”, escribió Jean-Paul Sartre en una obra de teatro. No en el sentido que se ha dado casi siempre a la frase. El filósofo francés explicó después que no pensaba que las relaciones entre seres humanos fueran siempre infernales, sino que nuestra opinión sobre nosotros mismos está condicionada por la visión que los demás tienen de nosotros. A menos que seamos unos sociópatas –y hay unos cuantos en política–, no podemos obviar eso. Lo que otros creen de nuestra personalidad forma parte también de nuestra autobiografía.
Esa es la situación de la que son conscientes ahora los gobiernos autonómicos, en especial aquellos que han sufrido con más fuerza el impacto de la Covid-19. No importa el esfuerzo realizado ni cuánto haya bajado el número de casos. Ni las repercusiones económicas de todo el periodo de confinamiento. Ni por ejemplo los enormes ingresos que entregan los turistas. Los ven como sospechosos, porque pueden provocar un rebrote de la enfermedad que traiga otra vez miseria y dolor a esa Arcadia feliz que es la otra comunidad autónoma.
Los dirigentes del PP en varias regiones acaban de descubrir las virtudes del estado de alarma, ese del que decían que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba prolongando de manera innecesaria y provocando la conculcación de los derechos de los ciudadanos. Estamos a menos de una semana de que desaparezca y ahora algunos se quedan sin argumentos para aplicar unas limitaciones en el tránsito de personas de las que antes destacaban sus defectos.
“La incomprensible cuarentena”, la llamó Agustín Almodóvar, diputado del PP, en un pleno de la semana pasada. Ahora que no la tendrán ya la están echando de menos.
“España necesita una norma de salud pública que permita prohibir la movilidad de determinados territorios en una situación de pandemia si el número de contagios sigue siendo elevado”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. “España no la tiene y es un vacío legal que, en mi opinión, es un error”. La Xunta podría aislar una ciudad o un pueblo por razones de salud pública, pero no puede crear una frontera al sur de Ourense para que no lleguen los turistas madrileños.
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, es de la misma opinión. Reclama reformas legales para que el Gobierno central pueda inmovilizar a una comunidad en caso de rebrotes, previsiblemente contra la opinión del Gobierno autonómico correspondiente, que no querrá verse estigmatizado. El presidente de Murcia también está preocupado, aunque al menos reconoce que sería incoherente que no pudieran viajar madrileños a Murcia pero sí alemanes o franceses, una vez que se abran las fronteras del espacio Schengen el día 21. El presidente extremeño coincide en pedir una ley específica para controlar los desplazamientos entre comunidades.
Ninguno de ellos explica cómo una ley, orgánica o no, puede impedir la aplicación del artículo 19 del Título I de la Constitución sobre derechos y deberes fundamentales: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.
Queremos la pasta, pero no los riesgos
Todos quieren la pasta del turismo, incluidos aquellos que criticaron al Gobierno por cerrar las fronteras europeos hasta junio, ya que era absurdo que los turistas franceses o británicos pudieran moverse por España mientras los españoles no podían hacerlo. Quieren turistas, pero que sean turistas limpios y virginales con una salud de hierro. Lástima que sea imposible garantizarse ese chollo.
Los gobiernos canario, andaluz y madrileño exigen al Gobierno test en origen a los viajeros extranjeros. Seguro que España puede reclamar a Macron, Johnson y Merkel que envíen sólo turistas en buenas condiciones y que se ocupen ellos de gastar lo necesario para que sea así. No hay que descartar que la Comisión Europea consiga consensuar un sistema que dé más seguridad. No hay que darlo por hecho especialmente cuando ministros franceses y alemanes están recomendando a sus compatriotas que este verano pasen las vacaciones en su propio país.
Los gobiernos españoles saben que los test rápidos pueden dar falsos positivos y falsos negativos y que la toma de temperatura no es una garantía de que una persona no esté contagiada y sin síntomas. Todo es un asunto de apariencia: pretender que se ha hecho todo lo necesario y luego si ocurre un rebrote, siempre se podrá echar la culpa a los de fuera o a la decisión del Gobierno central.
El Gobierno madrileño añade a todas estas peticiones la necesidad de blindar el aeropuerto de Barajas, como si fuera posible reducir a cero la llegada de turistas contagiados. De todas formas, Aena ya tiene previsto tomar la temperatura a los viajeros para lo que pueda valer y tomarles los datos para que puedan ser rastreados durante su estancia. Aspirar a que Barajas tenga el sello de libre de Covid es tan falso como el timo del spam nigeriano.
Lo curioso es que el Gobierno madrileño aplica a los países asiáticos y latinoamericanos la misma sospecha generalizada sobre sus viajeros que hasta ahora ha rechazado cuando otros gobiernos españoles hablaban de la Comunidad de Madrid, la más afectada por el coronavirus. “El espacio Schengen está claro, pero cuando vengan de destinos como Asia o América la decisión hay que tomarla”, ha dicho su consejero de Sanidad. Es duro que te apliquen el mismo baremo que tú asignas a otros.
El vicepresidente Ignacio Aguado ha llegado a hablar de un “pequeño retufo xenófobo”, refiriéndose a los que creen que Madrid puede ser un peligro para otras zonas de España. ¿Xenofobia contra otros españoles de raza blanca? Los políticos nunca dejan de sorprender con su manejo del lenguaje.
En ayuda del Gobierno madrileño ha salido Fernando Simón, que ha dicho que Madrid está en “una situación similar” a la de la mayoría de las CCAA. No hay que tener miedo, pero sí estar alerta con la movilidad. “No hay que tener esa madrileñofobia de la que hablan (la palabra salió en la pregunta del periodista), pero sí hay que tener cuidado”.
Lo que es indudable es que con el fin del estado de alarma, que suponía un evidente reforzamiento de la autoridad del Ejecutivo, se ha acabado la época en que las autonomías podían culpar de todo al Gobierno central. Es muy fácil pedir el fin del confinamiento y la reanudación de las actividades económicas. Es más complicado cuando eres tú mismo quien debe gestionar el día después y te empiezan a temblar las piernas por las consecuencias.