La incapacidad de los partidos en la oposición para formar un Gobierno alternativo al Partido Popular permitieron a Mariano Rajoy estirar su presidencia tres años tras perder la mayoría absoluta en 2015 y esa permanencia en el poder mientras trascendían nuevos escándalos y sumarios creó la falsa sensación en una parte de la sociedad española de que la corrupción aquí no pasa factura. De que pese a haberse instalado como segunda preocupación entre los encuestados CIS, la ristra de causas -Púnica, Lezo, Taula y las distintas ramificaciones de Gürtel- que multiplicaban los imputados del PP, no tenía consecuencias políticas en una sociedad anestesiada.
El espejismo que alentó ese Gobierno en minoría de Rajoy -investido con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE tras el derrocamiento de Pedro Sánchez- capaz de mantener intactas las leyes más polémicas de la mayoría absoluta se rompió el pasado 24 de mayo con la sentencia de Gürtel y la condena al PP por lucrarse con la corrupción. La moción de censura una semana después del mazazo en la Audiencia Nacional hizo añicos lo que quedaba de su poder institucional: el control del BOE, miles de puestos de libre designación en la Administración del Estado y, sobre todo, 327.955 millones de euros en los Presupuestos de 2018.
Pero el desplome del Partido Popular se había iniciado mucho antes de que el presidente Rajoy se encerrase con su equipo durante una tarde entera en un restaurante de la capital a lamentar su caída definitiva. Ha sido un desmoronamiento paulatino y sostenido durante siete años y un largo ciclo electoral. Entre 2011 y 2015, cuando se conocieron los Papeles de Bárcenas y el tesorero entraba en prisión junto a otros sospechosos habituales del partido y alrededores como el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, Francisco Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes, cuando la ministra Ana Mato tuvo que dimitir al frente de Sanidad y Jaume Matas entraba y salía de prisión o se aireaban grabaciones vergonzantes de dirigentes populares contando billetes, el PP fue desangrándose.
En solo cuatro años esas siglas perdieron 3,6 millones de euros en las primeras elecciones generales de diciembre de 2015, tras dejarse unos meses antes 2,1 millones en las municipales: nada menos que 3.757 concejales en toda España.
El partido amaneció una mañana de mayo de 2015 sabiendo que tendría que desalojar el Ayuntamiento de Madrid, el de Valencia, el de Cádiz, Valladolid, Sevilla... y así hasta 17 capitales de provincia. Y 13 diputaciones provinciales. Y seis comunidades autónomas: Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria, Baleares y Aragón, cuyos presupuestos sumaban más de 50.000 millones de euros en un año. 400.000 millones que ha dejado de manejar en las autonomías en esta legislatura.
De aquel tsunami que se había llevado por delante al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y tiñó de azul hasta el cinturón rojo del sur de Madrid -“gobernamos hasta en Parla”, presumía pletórica Esperanza Aguirre de aquellos récords en la región-, que permitió revalidar el poder en Valencia a su president imputado, Francisco Camps, que llevó al PP al Gobierno en territorios insólitos como A Coruña, Santiago de Compostela o Badalona, no quedó nada cuatro años más tarde. Lo explicaba a este diario Manuel Cobo, reponsable de Política Municipal del PP, “nos ha matado todo lo que ha salido, es imposible combatir eso”. Cobo tiene grabado el día en que arrancó la última campaña de las municipales con la voz en todas las televisiones y radios de quien fuera el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, contando fajos de billetes: 3.000, 4.000, 5.000 y así hasta “dos millones de 'pelas'”.
Cada secreto de sumario que se levantaba dejaba al desnudo a dirigentes que manejaron un ingente poder e influencia en la era de las mayorías absolutas. Todo un vicepresidente de la Comunidad de Madrid como Francisco Granados mandó a su socio David Marjaliza quemar carros de documentación comprometedora “en un día de niebla”. Su rival irreconciliable en el PP madrileño, el expresidente Ignacio González, contó a Eduardo Zaplana cómo había que mandar a jueces concretos a escarbar cebollinos para colocar a magistrados y fiscales dóciles en puestos sensibles que los pudieran tener a salvo.
Lo admiten en privado cargos relevantes del partido. Más graves aún que las acusaciones de los jueces eran las miserias humanas que retrataban los atestados policiales y la transcripción de tanto teléfono pinchado en los que algunos cargos públicos exhibían los modales de una organización criminal, como califican distintos tribunales a las tramas del partido en Valencia o Madrid. Siete años de revelaciones y las primeras condenas -se han sentenciado ya tres piezas de Gürtel y quedan otra media docena- han erosionado la marca PP hasta llevarla a límites nunca imaginados en los tiempos de excesos y vacas gordas.
Por primera vez desde que fue fundado por Manuel Fraga para reunificar todo el espacio del centro-derecha en España, al PP le ha salido competencia electoral en su mismo espectro ideológico con Ciudadanos, que ahora lo sostiene en el poder en comunidades como Madrid, Murcia o Castilla y León, pero que se ha convertido en su principal amenaza y lo ha borrado del mapa en Catalunya.
Las muestras realizadas durante la semana de la moción de censura han dejado perplejos a los analistas de Metroscopia, que llevan lustros recopilando datos: una intención de voto directa sin cocina del 10% para el PP, porcentaje que no hace tanto manejaban para Izquierda Unida. La catástrofe es de tal envergadura que ha obligado al presidente Rajoy a abandonar una carrera política de 37 años y a convocar un congreso exprés en pleno verano para dar tiempo a su sucesor a afrontar una campaña crucial a la vuelta de vacaciones para las autonómicas y municipales, que despiertan pavor en el partido. Algunas voces internas empiezan a hablar de refundación.
José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, una de las principales empresas de encuestas del país, dudaba hace unos días en conversación con este periódico sobre si la marca PP podrá resistir a todo lo que queda por venir o si el partido se verá obligado a un cambio de nombre, como tuvo que hacer Convergencia i Unió, cuando se vio atrapada en su maraña de escándalos. De momento, los dirigentes parecen fiarlo todo a la llegada de un salvador. Y ahí está Alberto Núñez Feijóo con el aval de tres mayorías absolutas dejándose querer, junto al exministro José Manuel García-Margallo que también amaga y otros secundarios como el expresidente balear, José Ramón Bauza y el diputado por Ávila y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José Ramón García-Hernández.
El plazo para presentar candidatura se abre este lunes y expira el miércoles y bastarán con 100 avales para concurrir al proceso interno. Será entonces cuando se sepa si Soraya Sáenz de Santamaría y su archienemiga María Dolores de Cospedal protagonizan su batalla definitiva tras años de guerra soterrada bajo el mando de Rajoy. Y todo mientras un sector del partido porfía todavía por una lista unitaria que evite nuevos enfrentamientos internos a las puertas de una campaña decisiva.