El PP inicia una nueva etapa política tras 14 años de liderazgo de Mariano Rajoy. Con el Gobierno perdido tras la primera sentencia de Gürtel, Pablo Casado comienza su andadura al frente del partido con la promesa de liderar “la España de los balcones y las banderas” y un discurso en el que la única mención al Código Penal fue para decir que lo reforzará, pero para situaciones como el “desafío soberanista”. Ni una alusión a los casos de corrupción que mermaron el apoyo electoral del PP y provocaron su salida de La Moncloa, unos sumarios que perseguirán al nuevo presidente durante años. Uno de ellos, de hecho, le tiene a él como protagonista.
El caso más importante es el que se centra en la caja B, ya confirmada por la Audiencia Nacional. El fallo que precipitó la moción de censura recoge que el PP tuvo “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. La contabilidad se llevaba “informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.
Los jueces rechazaron que las donaciones que nutrieron la caja B fuesen “altruistas”, como defendió Luis Bárcenas durante el juicio. El dinero que aportaban los empresarios “tiene un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”.
Esa misma sentencia dejaba claro que sus conclusiones sobre la caja B actuaban a modo de contexto en el caso de la primera época de Gürtel, porque la financiación irregular de los populares se investiga en otro proceso. El juez José de la Mata instruye ese caso en el que estuvieron imputados muchos de los empresarios de los papeles de Bárcenas, pero que ahora ha quedado reducido a un juicio sobre el pago en B de la reforma de Génova 13.
La causa se archivó pero se volvió a abrir por las revelaciones de Francisco Correa, quien desgranó en el juicio de Gürtel el sistema de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de grandes contratos de obra pública. Correa, sin embargo, se negó a hablar ante De la Mata.
El juez ha extendido ahora la investigación hasta agosto de 2020 y ha ordenado nuevas diligencias, sobre todo centradas en la rama valenciana de la financiación ilegal. El PP batalla por cerrar el caso -por ahora sin éxito-, pero Casado tendrá que lidiar con los flecos de esa investigación y con el juicio.
La rama valenciana con Camps imputado
Esa rama valenciana en la que ahonda De la Mata es un quebradero de cabeza para el PP. La Audiencia Nacional certificó hace unas semanas que la formación dirigida por Francisco Camps se había financiado ilegalmente: pasaba a los empresarios sus facturas de los actos de la campaña electoral. El golpe más duro fue la declaración durante el juicio de Ricardo Costa, número dos del partido, que admitió las prácticas de financiación en B y señaló a Camps. Este último ha sido imputado por la construcción del circuito de Fórmula 1 y Anticorrupción ha pedido que se reabra la pieza de Gürtel que le afecta.
Además, en el caso Gürtel aún están pendientes varias piezas separadas, como la de AENA, sobre irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, la relativa a Jerez, sobre los negocios de la Gürtel en esta localidad y otra sobre el negocio de sus cabecillas con la visita del Papa a Valencia, en la que también están implicados varios cargos del PP. Por último, quedan el denominada segunda época de Gürtel. Esta pieza se centra en los negocios de la trama en Arganda del Rey, con un total de 27 imputados en la investigación de un pelotazo urbanístico millonario.
Fuera de ese caso pero conectado con él, el PP tiene que afrontar en los próximos meses el juicio por destruir los discos duros de Bárcenas. La oposición de la Fiscalía a juzgar el caso, la retirada de la acusación del extesorero y las constantes maniobras del PP no consiguieron frenarlo. El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid decretó que había “indicios suficientes” de la comisión de posibles delitos de daños informáticos y encubrimiento.
En ese caso está procesada Carmen Navarro, actual tesorera del partido y escudera de María Dolores de Cospedal. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar Casado en si la mantiene en su puesto o la aparta.
Púnica: de Madrid a Murcia
Estos son las investigaciones que tienen al partido como protagonista, pero hay otra multitud de sumarios de corrupción que aún se están investigando y que afectan a quienes en otro tiempo fueron importantes dirigentes populares. El principal, el caso Púnica, la red que utilizó los ayuntamientos de Madrid en manos del PP para sacar comisiones de obras de Metro, construcción de colegios o adjudicaciones de promociones de obra pública. El caso tiene como principales imputados a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, y a su exsocio, David Marjaliza.
Este último decidió al poco de ser encarcelado colaborar con la Fiscalía. Cada vez que cruza las puertas de la Audiencia Nacional revela nuevos datos sobre el funcionamiento de la trama y sobre el modo de actuar de los cargos públicos del PP implicados. En su declaración más reciente, reconoció que había entregado 60.000 euros para la caja B del PP nacional y otros 60.000 para un mitin de Esperanza Aguirre.
El nombre de la expresidenta madrileña -uno de los principales apoyos de Casado durante la campaña de las primarias- se vuelve frecuente según avanza la investigación, sobre todo en lo relativo a la financiación ilegal del PP de Madrid, pero aún no ha sido imputada.
Los tentáculos de Púnica también llegaron a Murcia, en este caso en forma de contratos de reputación online que ofrecía el empresario Alejandro de Pedro y que se pagaban con dinero público. El caso, unido a los tejemanejes con el Auditorio de Puerto Lumbreras, provocó la caída del entonces presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, que aguarda el juicio de ambas causas como asesor de una fundación del PP.
El nuevo presidente del PP también tendrá que lidiar, previsiblemente, con nuevos titulares sobre dos exministros. Eduardo Zaplana continúa en prisión por la Operación Erial, mientras que Alberto Ruíz Gallardón tuvo que declarar por el caso Lezo. Este último tiene como origen el sistema creado por Ignacio González para sustraer dinero público de empresas como el Canal de Isabel II a través de inversiones en Latinoamérica. Según los investigadores, el expresidente madrileño escondió las comisiones en paraísos fiscales y luego ideó distintos métodos de blanqueo.
Caso Máster, el sumario en el que aparece su nombre
Pero el caso que más inquieta a Casado es el que se centra en su máster de Derecho Público del Estado Autonómico. Una jueza de Madrid, la misma que investiga a Cristina Cifuentes, ha abierto una pieza separada para tratar de aclarar si obtuvo el título con el trato de favor que acostumbraba a dispensar su tutor, Enrique Álvarez Conde, el mismo que el de la ex presidenta madrileña.
La jueza Carmen Rodríguez Medel ya pidió al Congreso que certificase la condición de aforado de Casado -una paso necesario para enviar la investigación al Supremo- y está a la espera de nuevas diligencias para avanzar con el caso. Hasta el momento, la jueza ha visto indicios de delito en un máster que el nuevo presidente del PP aprobó sin ir a clase, sin hablar con los profesores y entregando cuatro trabajos.
Casado ha tratado de vincular esa investigación con una suerte de campaña contra él, pero la jueza comenzó a interesarse por su título cuando Rajoy era aún presidente del Gobierno y Casado un diputado raso.