La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha negado este martes en su declaración como testigo en el juicio de la caja B el pago de sobresueldos opacos a dirigentes de la formación y la existencia de la contabilidad paralela ya acreditada en sentencia firme por el Tribunal Supremo. “Será una contabilidad B del que fue gerente o tesorero del Partido Popular, pero no del Partido Popular”, ha dicho a preguntas de uno de los abogados de la acusación popular. También ha rechazado la existencia de las retribuciones en negro a miembros del partido que recogen los manuscritos del extesorero: “Yo no conozco ni admito que haya el sistema de pago de sobresueldos”.
Los papeles de Bárcenas, a quien ha citado por su nombre en sólo dos ocasiones en hora y media de interrogatorio y sobre el que ha reconocido sentir “desprecio”, le atribuyen dos pagos opacos de 7.500 euros en la segunda mitad de 2008. En total, 15.000 euros que ella ha negado tajantemente haber recibido. De hecho, ha recordado al tribunal que denunció al extesorero por “difamaciones” por la publicación de esos papeles y la Audiencia Provincial de Toledo condenó a Bárcenas a pagarle 50.000 euros. Asimismo, ha asegurado que tampoco recibió los 25.000 euros en metálico que, según el extesorero, le habría entregado en 2010 a ella y a Mariano Rajoy tras recibir ese importe del gerente del partido en Galicia, que había generado en años anteriores una deuda con la formación a nivel nacional. “Eso es falso”, ha dicho la que fuera número dos del PP entre junio de 2008 y julio de 2018.
Al igual que el resto de exdirigentes que han comparecido este martes como testigos ante el tribunal, Cospedal se ha desmarcado de la gestión económica del partido. Así, ha asegurado que, según los estatutos del partido, a ella como secretaria general le correspondía la jefatura del personal del ámbito político, pero no en el económico, que “era responsabilidad del tesorero nacional”.
En un sentido similar se había pronunciado previamente el que fuera secretario general del PP y vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos, que ha escalado un peldaño en la negación de la caja B al asegurar no sólo que ésta no exista, sino que su partido fue precisamente el que acabó con la financiación irregular de los partidos cuando llegó al Gobierno. “Es inverosímil la utilización de instrumentos espurios para conseguir un contrato porque era imposible”, ha dicho Cascos, que se refería al reglamento que él mismo impulsó para la adjudicación de contratos por parte de las administraciones públicas.
Álvarez-Cascos ha aprovechado una pregunta de la acusación popular que ejerce la Asociación Libre de Abogados, junto a IU, para sacar una fotocopia ampliada de una portada de El País de 1991 en la que el entonces ministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell, exhortaba a acabar con las donaciones irregulares de las empresas a los partidos antes de que el PP ganara las elecciones de 1996. “Ahora resulta que estamos bajo sospecha por quienes no tienen la más mínima preocupación de investigar lo que sucedía en España antes”, ha dicho el ex número dos de Aznar en el partido.
El que fuera secretario general del PP entre 1989 y 1999, ha negado también haber recibido sobresueldos opacos y ha asegurado que desconoce la existencia de la financiación irregular de los conservadores ya acreditada en sentencia firme. “Jamás he conocido, manejado o entregado una caja B. Esas anotaciones [recogidas en los llamados papeles de Bárcenas] nada tienen que ver conmigo”, ha señalado el también exministro, que ha insistido en que mientras desempeñó cargos en el Grupo Parlamentario Popular o el Partido Popular “todas” sus retribuciones están declaradas a Hacienda, incorporadas a su declaración de la renta y han sido “transparentes”.
Cascos, sin embargo, aparece como el principal beneficiario de estas entregas. Con las denominaciones Paco, PAC o Cascos los papeles de Bárcenas registran pagos por valor de 411.404 euros entre 1992 y 2004. Cascos, que habría cobrado también estos sobresueldos en sus etapas como vicepresidente y ministro de Fomento en los Gobiernos de Aznar, es el único que siguió figurando como receptor tras dejar la secretaría general. Cascos, que abandonó el PP en 2011, ha mantenido ante el tribunal que todas sus retribuciones fueron declaradas y sometidas a la correspondiente retención fiscal.
Dos exdiputados del PP reconocen los pagos
Este martes también estaba citado el senador Javier Arenas, que en la misma línea ha negado los apuntes que le sitúan como perceptor de dinero negro y ha reiterado que el tesorero no le rendía cuentas en la etapa que fue secretario general, entre 1999 y 2003. Así, ha dicho que no ha recibido ni un solo euro de los más de 200.000 que constan en los papeles de Bárcenas como sobresueldos procedentes del dinero negro que los empresarios entregaban a la caja B del partido.
“Todas las cantidades las he recibido vía transferencia y están declaradas en el IRPF”, ha dicho ante el tribunal que juzga la caja B. En este sentido, ha declarado que esos apuntes no son correctos y que no podía ser “tan tajante” con otros que aparecen en la contabilidad B porque sabe que hay otros supuestos perceptores que han reconocido los pagos por esas cantidades. Tanto Arenas como Cospedal han comparecido por videoconferencia al acogerse a la reciente regulación para evitar contagios en la Administración de Justicia.
De hecho, en esta misma sesión han comparecido dos exdiputados del PP que sí han reconocido haber recibido las cantidades que recogen los papeles de Bárcenas, si bien ambos han rechazado el origen ilícito de ese dinero. Uno de ellos, Jaime Ignacio del Burgo, ha afirmado que la existencia de “recibís” sobre esos fondos hace “imposible” calificar ese dinero como “opaco” y ha insistido en que “la recepción de esas cantidades no implica el reconocimiento de la existencia de la caja B”. “Entre otras cosas, porque en esa época eran legales las donaciones anónimas, que son entregas en metálico”, ha asegurado a preguntas del abogado de una de las acusaciones populares.
Por su parte, el exdiputado Eugenio Nasarre ha admitido que recibió 30.000 euros en metálico entre 2002 y 2003 de manos de Álvaro Lapuerta y con destino a la fundación Humanismo y Democracia, pero ha asegurado que éste le informó de que procedía de donativos anónimos permitidos en aquella época. “Se ingresaron en la cuenta corriente [de la fundación] y se contabilizaron adecuadamente de acuerdo a las normas legales vigentes entonces”, ha asegurado Nasarre. Y ha añadido: “No tenía la más remota idea de que había una caja b en el partido y mi convicción en estos momentos es que hasta que no se demuestre lo contrario yo no puedo decir que haya habido una caja b en el Partido Popular. No tengo el menor dato, mi convicción es la contraria”.
La sesión de este martes ha contado también con la testifical del senador del PP Pío García Escudero, que ha negado haber recibido los 12.000 euros anotados a su nombre en los papeles de Bárcenas. “Yo todo lo que he recibido del partido ha sido por transferencia bancaria y está documentado en la contabilidad del partido”, ha declarado.
El primero de esos pagos, de un millón de pesetas, aparece con la inscripción “A Pio García Escudero (devol. Antic. Atentado)” en 2001. Según dijo el extesorero en su interrogatorio, se trataría de un dinero que García Escudero habría adelantado para comprar mobiliario de su vivienda habitual tras un atentado de ETA y que luego el partido le habría abonado con fondos de la contabilidad paralela. El senador, sin embargo, ha negado esta versión y ha explicado que el partido sí le dio un préstamo de cuatro millones de pesetas para hacer frente a la reparación de su vivienda, pero que devolvió con cuatro talones bancarios en los años 2001 y 2003. Ha asegurado también que ese crédito “sin intereses” y que suscribió con el partido sin que mediara documento alguno porque había una relación de “confianza” está recogido en la contabilidad oficial del partido.
También ha negado haber recibido el segundo pago que recogen los papeles de Bárcenas, de 6.000 euros, y está registrado con el epígrafe “Pio Gª (15ºpaga)”. “Siempre he negado ese apunte porque no existía una decimoquinta paga”, ha afirmado. El abogado de una de las acusaciones populares, Virgilio Latorre, le ha preguntado entonces a qué corresponde ese apunte. “No tengo ni la menor idea”, ha respondido el senador.