El presidente de Las Cortes valencianas, director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y uno de los hombres fuertes del PP valenciano, Juan Cotino, ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo de los acusados al principal investigador policial de los casos ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid celebrará un acto de conciliación el próximo 4 de junio como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra el agente 81.067, autor de los informes que llegan a la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PP.
El objeto de la demanda es un informe de la UDEF incorporado al caso Gürtel y fechado el 28 de febrero pasado. En él, el inspector realiza un análisis de la agenda propiedad de Pablo Crespo, uno de los presuntos cabecillas de la trama, incautada en uno de los registros domiciliarios. En dos ocasiones, Crespo anotó el nombre de Cotino, tantas como reuniones para preparar la visita a Valencia del Papa en 2006 habrían contado con la asistencia del político. El supuesto amaño en las adjudicaciones para el evento está siendo investigados en una pieza separada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El exdirector de Canal Nou Pedro García y los responsables de la red habrían inflado los gastos por la imagen y sonido al doble de su precio real con el fin de repartirse 4,4 millones de euros en comisiones. Un excolaborador de Cotino ha declarado ante el TSJCV que el político, entonces conseller de Agricultura, era el “factótum” que “cortaba el bacalao” en la visita del Papa.
Juan Cotino pretende ahora que el policía “se avenga a reonocer” que las referencias recogidas en el informe a las supuestas reuniones entre él y Pablo Crespo son falsas y exige que “se retracte de ellas”. De no hacerlo, advierte de la presentación de una querella contra el policía. En el escrito de los abogados de Cotino se acusa al agente de moverse por “un interés personal en dirigir una acusación” contra el político. Sus deducciones policiales, continúan, “causan daño y perjuicio a la honorabilidad” de su defendido, informaron fuentes de la Audiencia Provincial.
El artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se admitirá querella por injuria o calumnia si antes no se ha celebrado un acto de conciliación por la vía civil. Por si quedaran dudas de hasta dónde quiere llegar Cotino, sus abogados piden explícitamente que se recoja testimonio del acto del próximo 4 de junio para su incorporación a la correspondiente querella.
Un informe encargado por el juez Ruz
El inspector al que persigue Cotino es el jefe del Grupo XXI de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, los agentes designados por Pablo Ruz como policía judicial en el ‘caso Gürtel’ y en la pieza separada sobre la financiación irregular del PP. En ese contexto, Ruz ordenó la redacción de un informe de análisis sobre la agenda de Crespo, al igual que ha hecho con otros dentro la fase final de la instrucción del 'caso Gürtel'. Las deducciones plasmadas en el informe por el agente 81.067 responden, por tanto, al mandato judicial de Ruz. De no haberlo hecho, el inspector podría haber incurrido en prevaricación.
De prosperar la vía penal, una condena en firme al policía podría suponer su expulsión del Cuerpo. El artículo 7.b de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Policía recoge que incurren en falta muy grave aquellos agentes que hayan sido “condenados en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que causara grave daño a la Administración o a las personas”. Las faltas muy graves están castigadas en la Policía con la suspensión de tres meses y un día hasta 6 años, el traslado forzoso o incluso la separación definitiva del servicio. Las dos primeras debe dictarlas el secretario de Estado de Seguridad. La más grave, el ministro del Interior.
El pasado 14 de marzo, Cotino hizo público un comunicado adelantando la demanda de conciliación y advirtiendo al policía de que si no se retracta durante la misma, emprendería acciones civiles y penales. En el mismo comunicado, aseguraba que procedería de la misma forma contra Pablo Crespo si éste no salía a desmentir que nunca se reunió con él. El exdiputado autonómico Ricardo Costa, absuelto en el caso de los trajes, anunció que sumaría a la querella de Cotino contra el policía alegando motivos similares.
Hasta el momento, Cotino no ha estado imputado en el caso Gürtel. Ha declarado, sin embargo, como testigo el 'caso Emarsa' y en la pieza separada que investiga la financiación irregular del PP. Fue Luis Bárcenas quien apuntó su nombre en la contabilidad b del partido: “11 de marzo de 2004. Juan Cotino (Sedesa). 200.000”. Ruz interrogó el pasado 17 de enero a Cotino por esta anotación. El presidente de Les Corts reconoció haber viajado ese día a Madrid, fecha de los atentados yihadistas, y haber visitado la sede del PP, pero negó que fuera para entregar 200.000 euros en donaciones irregulares procedentes de la empresa familiar.
La vía judicial abierta por Cotino es el último intento por inferir en su trabajo que ha sufrido el inspector 81.067 por parte del PP y de Interior. Los investigadores de los casos Gürtel y Bárcenas vienen siendo objeto de maniobras desde la cúpula del Ministerio del Interior desde que el PP ganó las elecciones. Eldiario.es desveló el mes pasado que los agentes se vieron sometidos a una investigación interna por la filtración de un informe sobre el caso Gürtel cuando ya no había secreto de sumario. Fernández Díaz tuvo que reconocer en el Congreso que el interrogatorio de Asuntos Internos se había producido. Hasta en cuatro ocasiones han sido llamados a declarar los agentes del Grupo XXI por noticias aparecidas en la prensa sobre el caso, filtraciones producidas siempre después de que más de cien abogados hayan tenido acceso a los documentos.
Esta estrategia de utilizar a Asuntos Internos en la presión a los policías que investigan al PP tomó el relevo a otra que pasaba por destituir a los jefes de los investigadores y nombrar a otros mandos que pusieran freno a los informes que afectaban a dirigentes del PP o al partido mismo. Así, el actual comisario general de Policía Judicial es el tercero desde que el PP gobierna. Su predecesor fue destituido precisamente por no controlar suficientemente el trabajo del inspector 81.067.
El Ministerio del Interior ha optado recientemente por volver a los cambios. Con el pretexto de la jubilación del comisario que dirigía la Brigada de Investigación del Banco de España, también integrada en la UDEF, ha intentado colocar al frente de la Brigada Anticorrupción a un comisario de la total confianza de la actual cúpula policial nombrada por el PP, que pasaría a ser el mando inmediatamente superior al inspector 81.067. La noticia de eldiario.es acerca del relevo hizo que el propio Fernández Díaz ordenara suspender la operación horas antes de que se produjera la primera reunión entre el comisario saliente y entrante, como es sabido en la unidad y en los centros de mando de la Policía. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se dedicó en el Congreso a descalificar la información y a asegurar que no se había realizado ningún relevo.
El Opus Dei en el Ministerio del Interior
Cotino no es un político cualquiera del PP para la Policía. Dirigió el Cuerpo durante seis años y aun mantiene ascendiente sobre algunos mandos, conocedores de las influencias en el partido del presidente de Las Cortes valencianas. Según fuentes sindicales, la última época del Gobierno socialista fue pródiga en visitas de algunos comisarios a Valencia, buscando el favor de Cotino para cuando se produjera el cambio de Gobierno y la renovación de la cúpula policial.
Además, Cotino es un destacado miembro del Opus Dei, condición que amplía su ascendente en el Ministerio del Interior. De hecho, la pertenencia a “La Obra” es un mérito para desempeñar tareas de relevancia en ese departamento desde que Mariano Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz para dirigirlo. Así lo acredita el importante número de cargos y colaboradores que son miembros de la instituición fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Un colaborador de Fernández Díaz elaboró una lista de los funcionarios y demás personal que trabajaba en el Ministerio con el Gobierno del PSOE al poco de producirse el desembarco de del nuevo ministro. En la misma, se distinguía entre cuatro tipos por colores. El rojo incluía a aquellos policías, guardias civiles y otros funcionarios a los que se consideraba próximos al PSOE; el blanco fue el elegido para los que resultaban indiferentes políticamente; el azul, para los considerados conservadores o del PP; y el amarillo para los que además de esta última característica militaban en alguna institución como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. El SUP denunció aquella práctica por la que se repartieron los cargos y se decidieron destituciones y que han confirmado a esta redacción fuentes próximas al Ministerio del Interior. Cuando el ministro recibió la queja de una representante de las víctimas del terrorismo por la actuación de dos funcionarios destacados en el Ministerio, Fernández Díaz dijo que ambos estaban fuera de toda duda porque “iban a misa los domingos”.