El abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha pedido este martes al tribunal del caso Nóos la absolución de la infanta Cristina de Borbón y “se restablezca la justicia” frente a la actuación del sindicato Manos Limpias que ha ejercido “un abuso de derecho” contra ella y ha obrado “con gravísima temeridad y mala fe procesal”.
El letrado ha mostrado así su “rotundo desacuerdo” con las conclusiones de la acusación popular, que reclama ocho años de cárcel para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. La defensa ha criticado el mantenimiento “obsesivo” de la acusación hacia la Infanta, aunque “de modo evidente la prueba del juicio oral haya desacreditado por completo la versión de este sindicato”. Reclama que, de acuerdo al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le imponga a Manos Limpias una sanción económica “prevista para los casos de abuso de derecho y que ya le ha sido impuesta en otros procedimientos”.
También solicitan la absolución para Urdangarin
La defensa de Iñaki Urdangarin, ejercida por el abogado Mario Pascual Vives, ha solicitado la libre absolución de su patrocinado, al aseverar que no cometió delito alguno. El letrado mantiene la inocencia del exduque, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años y medio de cárcel por urdir y liderar, junto a su exsocio Diego Torres, una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública. Pascual Vives ha dejado constancia de que su cliente ha consignado un total de 1,2 millones a efectos de reparar los posibles daños causados.
Manos Limpias pide ocho años de cárcel para la infanta
El sindicato Manos Limpias en la jornada del juicio de este martes, tal y como anunció el viernes, mantiene su petición de ocho años de cárcel para la Infanta al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido habría cometido al frente de Aizoon, la empresa de la que ambos son socios al 50 por ciento.
En cuanto a Urdangarin y Torres, la Fiscalía Anticorrupción mantiene los 19 años y medio de cárcel, y 16 y medio que, respectivamente, reclama para ambos acusados. Según el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ambos exsocios pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron “una maraña de facturación ficticia” para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros), además de haber colaborado con las investigaciones.
Tras más de tres meses ausentes del juicio mientras se practicaba la prueba testifical -con la declaración de más de 300 personas- y pericial, los 17 acusados han ocupado de nuevo el banquillo en las dependencias de la Escuela Balear de Administración Pública, donde se celebra la vista desde que arrancó el pasado 11 de enero.
El tribunal ha fijado para el día 15 miércoles el trámite de informes, en el que no será necesario que estén presentes los procesados. Dependiendo de la duración de estos últimos, se dará paso al turno de la última palabra y, tras ello, el juicio quedará visto para sentencia -en torno al 30 de junio-.
Junto a la Infanta, su marido y Torres también se encuentran acusados el expresidente del Govern Jaume Matas, para quien la Fiscalía ha rebajado su petición de once a cinco años de cárcel; el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau -los socialistas del Ayuntamiento de Valencia le piden once años-, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.