El 4 de noviembre de 2009, la entonces presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, trasladó al órgano homólogo a nivel nacional que las palabras del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, criticando a la presidenta Esperanza Aguirre eran “injuriosas y calumniosas” y que “contravienen de forma grave los Estatutos del partido donde se establecen las sanciones” adecuadas para cada caso.
¿Y por qué pedía Cifuentes esa sanción para Cobo, nombrado este lunes presidente de la oficina del PP contra la corrupción, en un proceso interno que terminó sin más consecuencias para el exvicealcalde madrileño?
Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, dijo en El País, en relación a Esperanza Aguirre y su equipo: “Vinieron a por Pío [García Escudero, expresidente del PP de Madrid], y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la tele y yo no hablé porque no era de la tele; vinieron a por la Cámara y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por la Caja y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy y yo no hablé porque no era de Rajoy; vinieron a por el PP y yo no hablé porque no era del PP... Vinieron a por España”.
Cobo retrataba así cómo Aguirre se había ido haciendo con las instituciones públicas y semipúblicas vinculadas tanto al PP como al Gobierno regional desde que desembarcó en la Puerta del Sol en 2003. Sobre la trama de espionaje, así hablaba en aquella entrevista en El País: “Aunque intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa Gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada. Pero estaban equivocados, porque aunque hubieran encontrado algo con que chantajearme, me hubiera dado igual, porque siempre diría lo mismo, a mí no me han gamoneado ni me van a gamonear nunca [en referencia a Sergio Gamón, alto cargo del Gobierno de Aguirre que montó el supuesto aparato de espionaje político]”.
Cifuentes, por su parte, figura en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que la relacionan con la financiación irregular del PP a través de la adjudicación de contratos al donante del partido Arturo Fernández.