Aunque al final no lo hizo, Cristina Cifuentes pudo este miércoles complicar mucho la suerte judicial que le espera a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, los dos directivos de La Razón a los que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga por supuestas coacciones con las que intentaban frenar la denuncia de la presidenta madrileña sobre los manejos en el Canal de Isabel II.
La presidenta madrileña rebajó en su declaración por escrito ante el juez las presuntas “coacciones” con el argumento de que este tipo de advertencias forman parte de las típicas relaciones entre políticos y medios de comunicación.
La declaración de la presidenta madrileña supone un alivio para Marhuenda y Casals, cuya participación en los hechos podría reportarles una condena por obstrucción a la justicia si se demuestran maniobras para frenar la denuncia de un hecho delictivo.
El relato que el entorno de Cifuentes hace a sus allegados sobre el trato recibido por los directivos de La Razón es mucho más duro que el que le ha trasladado al juez. En el entorno de la presidenta madrileña consideran ahora que las grabaciones en poder del magistrado no son definitivas para llevarse por delante a Marhuenda y Casals. El testimonio rebajado de Cifuentes sobre este punto podría jugar a favor de los dos directivos.
Los dos imputados son figuras fundamentales para el presidente del Gobierno. Marhuenda y Casals comparten con Rajoy la afinidad de quien les reconoce un papel estratégico en el control del mensaje que el PP traslada a los medios de comunicación. Ese nivel de confianza tuvo en 2013 un punto álgido: en febrero de ese año, Rajoy encargó a Casals la interlocución con Luis Bárcenas, a quien se quería quitar de encima con un “despido en diferido”. Las gestiones acabaron haciéndose públicas a través de las informaciones que el diario El Mundo publicó unos meses después.