El Tribunal de Cuentas llevó el pasado mes de marzo al Congreso el informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones de los años 2009, 2010 y 2011. El documento, publicado hoy en el BOE, recoge algunos datos generales que permiten poner en contexto las informaciones relativas a los presupuestos de esas formaciones y su relación con lo público:
1. SUBVENCIONES. En el último año analizado, 2011, los partidos políticos recibieron un total de 316 millones de euros de dinero público directo en forma de subvenciones. Esta cantidad incluye las ayudas para la campaña electoral (se celebraron elecciones municipales), gastos de funcionamiento ordinario (86,5 millones del Estado y 8,5 de las comunidades autónomas), de seguridad y las ayudas institucionales, aquellas que dan los parlamentos a los grupos que formen parte del hemiciclo (siguiente punto).
2. POR ESCAÑO. La aportación a los grupos parlamentarios de los partidos en Cortes Generales y parlamentos autonómicos fue de 87 millones en total. El Parlament de Catalunya es el que más gasta en este apartado: 19,8 millones, una cantidad que ha crecido en los últimos años. Andalucía tiene una partida de 11,5 millones para estas aportaciones y Madrid de 4,1. A estos 87 millones se suman los más de 56 que se reparten las formaciones con representación en las entidades locales.
3. DONACIONES Y CUOTAS. Los partidos recibieron, en 2011, 43,2 millones de euros en cuotas y aportaciones de afiliados y simpatizantes. Además, sumaron otros 8,7 millones en donaciones privadas. Suman un total de 52 millones de ingresos por aportaciones privadas frente a los 316 recibidos en ayudas públicas.
4. QUIEBRA TÉCNICA. 17 partidos de los 25 analizados acabaron 2011 con un patrimonio neto negativo. Esta cifra ha ido creciendo: en 2010 eran 13 y en 2009, 10. PP y PSOE no están en esa lista.
5. DEUDA Y CONDONACIONES. Las formaciones políticas acumulaban una deuda con entidades bancarias de 275,3 millones en 2011, último año del informe. El texto destaca, entre otros, una condonación de deuda a IU de medio millón de euros. La insistencia del Tribunal de Cuentas sobre la transparencia de las condonaciones de deudas a los partidos políticos le llevó a pedir al Banco de España datos sobre este trato de favor de las entidades financieras para poder realizar un informe. Pero el Banco de España le negó esta información.
6. FUNDACIONES. El análisis recoge las cuentas de 39 fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación institucional. Nafarroa Bai es la única formación que no tiene asociada una entidad de este tipo. Estas entidades recibieron donaciones privadas de 7,3 millones de euros en 2011, una cantidad que ha ido descendiendo desde los 9,3 millones en 2009. La más beneficiada es FAES, que se llevó 1,5 millones en donaciones en 2011. Estas fundaciones reciben, además, subvenciones públicas: para su funcionamiento ordinario (del presupuesto de Cultura) y por proyectos de Cooperación Internacional (desde Asuntos Exteriores y Cooperación).
7. INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY. La información que ofrecen las formaciones políticas al ciudadano no cumple, pese a la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, los estándares básicos de transparencia efectiva. Y, lo que es peor, la información que envían al Tribunal de Cuentas no cumple tampoco los requisitos legales, como ha venido repitiendo el organismo en cada uno de sus informes sobre este asunto. En este informe, el órgano fiscalizador insiste: muchas formaciones no remiten las cuentas a tiempo, ni completas, lo que no permite un análisis efectivo.
8. DEBERES PARA EL PRÓXIMO INFORME. Este panorama, sumado a decenas de infracciones concretas enumeradas en el informe, impulsa al Tribunal de Cuentas a reclamar de nuevo a los partidos que cumplan la legislación vigente en aspectos como, las donaciones. Así, reclama que se identifiquen correctamente y que utilicen cuentas bancarias separadas para tal fin que faciliten su control. Además, recomienda al gobierno que amplíe a las fundaciones vinculadas los requisitos y límites en las donaciones que tienen los partidos políticos de los que dependen. La última reforma normativa prohibió las donaciones a formaciones políticas de empresas con contrato vigente con las administraciones públicas, pero sí permite estas donaciones vía fundaciones. Esa misma norma da potestad al Tribunal de Cuentas para “retener” algunas subvenciones en caso de infracciones graves, pero no puede suspenderlas.
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