Rafael Delgado y Alberto Esgueva, dos exaltos cargos de Castilla y León y principales acusados de la trama eólica, han encontrado un salvavidas en la Audiencia Nacional. Dos sentencias dan la razón a Esgueva y anulan la inspección de Hacienda que inició todo el procedimiento porque se realizó desde Valladolid y no desde Madrid. Eso le da pie a pedir anular el procedimiento. No es el único acusado que tiene esa baza a mano. Rafael Delgado, exviceconsejero y principal acusado, también operaba desde empresas en Madrid, lo que le permite seguir la senda de Esgueva e intentar “tumbar el caso como un dominó”, según fuentes jurídicas. Otras fuentes ven difícil que prospere esa petición pero en cualquier caso asumen que será la primera clave cuando el procedimiento se acerque a juicio.
En 2014, la Agencia Tributaria en Castilla y León inició una serie de inspecciones al sector de empresas de energía eólica. Hacienda descubrió indicios de que los grandes grupos del sector, especialmente Iberdrola, pagaban a altos cargos mediante operaciones con acciones a cambio de megavatios eólicos. El principal beneficiado, Alberto Esgueva, recibió 47 millones solo de Iberdrola en sociedades con sede en Madrid, según la investigación.
El caso se bifurcó. Hacienda lo denunció a Anticorrupción, lo que inició una enorme causa judicial que se acerca a juicio por más de 100 millones en comisiones y en el que la Fiscalía pide 12 años de cárcel para Esgueva. Por otro lado, la Agencia Tributaria puso sus sanciones por impuestos no pagados. Contra esas liquidaciones, Esgueva planteó un contencioso en la Audiencia Nacional. En primer lugar alegó que debió ser inspeccionado por la Agencia Tributaria en Madrid, donde sus empresas tenían la sede social. La Audiencia Nacional le ha dado la razón.
Fuentes del caso explican que Esgueva usará esas sentencias de lo contencioso-administrativo para intentar desmontar todo el caso penal. Si la primera inspección es nula, puede intentar que se caiga todo lo demás siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado. Según esta, si la prueba que da origen a un caso judicial se anula –unas escuchas, una confesión…– las demás caen detrás.
Otras fuentes del caso creen difícil que prospere porque la acusación no es por delito fiscal sino por prevaricación. Pero será el tribunal quien decida y, desde luego, es ahora mismo la mejor baza de Esgueva.
Pero no es el único exalto cargo del PP en la Comunidad con esa baza. Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y principal acusado, también tenía relación con empresas radicadas en Madrid y por las que está acusado. Un amigo de la infancia de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, constituyó en 2007 la empresa Tough Trade en Madrid. Anticorrupción señala que el titular era en realidad un testaferro de Delgado.
El informe de la Agencia Tributaria incide en la importancia del domicilio fiscal de Tough Trade. “La sociedad fijó inicialmente su domicilio en Madrid, Calle doctor Fleming 32, donde los estatutos dicen que ‘radica el centro de su efectiva administración”. Después lo trasladó “a la habitación de un piso de un amigo suyo” en el Paseo de la Castellana. “Tras comunicarle el inspector firmante que no se observa ningún hecho que pudiera indicar que la administración se llevaba en Madrid, sino que todo parecía indicar que se realizaba desde Medina del Campo, el 5 de noviembre de 2014, el administrador cambió el domicilio de la sociedad” a un despacho de abogados en Madrid.
Oficialmente, Tough Trade no tenía vinculación con el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado. Pero, entre otras operaciones, canceló una hipoteca de 260.000 euros que Delgado tenía por una vivienda en Comillas (Cantabria) que le había vendido Esgueva. Delgado tenía otras sociedades, Samuño Activos y Delgado Núñez Consulting, todas con sede en Madrid. Allí recibió transferencias de dinero.
Esgueva también operaba desde Madrid. La denuncia original de Hacienda consideraba que tenía las empresas en la capital, pero solo formalmente y que todo se hacía desde Valladolid. La Agencia Tributaria firmó una resolución para poder inspeccionarlos desde Castilla y León, que era donde hacían todos los negocios, pero la Audiencia Nacional no la ha aceptado y considera que Esgueva sufrió indefensión.
Fuentes conocedoras del procedimiento explican que es suficiente para que ambos intenten tumbar el caso y que caiga “como un dominó”. Si logran anular la primera inspección, sus defensas pedirán que todo lo que se derive de ella quede fuera. Delgado y Esgueva son, junto al exconsejero Tomás Villanueva, ya fallecido, los pilares de la trama eólica. El fiscal acusa a Delgado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, extorsión y delito fiscal. Pide para él, 42 años de prisión.
Otras fuentes creen que la pretensión de anular el caso tiene un recorrido complicado. Entre otras cosas, porque el delito fiscal es solo uno de los que se acusa a Delgado –no a Esgueva– y que en la instrucción penal las empresas han colaborado sin cuestionar el origen de la investigación.