Pagos en negro al PP y adjudicaciones de obra pública: la conexión clave que investiga la Audiencia Nacional

Una vez acreditada en sentencia firme “la existencia de una 'caja B' o contabilidad 'extracontable' del Partido Popular” la principal incógnita del caso Gürtel es si es posible probar que hay una conexión directa entre las supuestas donaciones en negro que grandes empresarios realizaron a esa caja B —al menos 4,8 millones de euros entre 2000 y 2009, según dejó anotado Luis Bárcenas en sus papeles— y las adjudicaciones de millonarios contratos de obra civil pública —autopistas, metros, aparcamientos, aeropuertos...— que estos mismos empresarios recibieron con sus constructoras de administraciones gobernadas por los conservadores. 

Esta correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas se investiga en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel. Esta vía del cohecho se cerró en marzo 2015 por falta de indicios pero volvió a abrirse dos años después, en 2017, tras la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo. Salvo este último, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.  

Sin embargo, la contabilidad del extesorero recoge supuestos pagos a la caja B del partido de personas vinculadas a 15 empresas que recibieron miles de millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP, según han detallado varios informes de la UDEF aportadas a la causa. Entre ellas, algunas de las líderes del sector como Sacyr, OHL o FCC. Bárcenas ha negado hasta el momento que las supuestas donaciones de empresarios al partido fueran finalistas. La existencia de una “correlación temporal” entre donaciones y adjudicaciones es la cuestión que llevan años intentando desentrañar los investigadores, que han realizado algunos avances en fechas recientes.

Sacyr es una de las compañías que recibió millonarias adjudicaciones al tiempo que su presidente supuestamente donó dinero al PP. La constructora se adjudicó entre 2002 y 2009 contratos de administraciones del PP por valor de casi 6.000 millones de euros. En ese período de tiempo Luis del Rivero donó supuestamente 480.000 euros al partido, según las anotaciones del extesorero. El primer donativo, del 15 de septiembre de 2004, tiene un importe de 120.000 euros y se realizó una semana después de que su empresa se adjudicara las obras de prolongación del Metro de Madrid por más de 150 millones.

En los papeles de Bárcenas también destaca el nombre de Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, cuyos supuestos pagos sobrepasan el medio millón de euros en tres anotaciones. El primero, de 100.000 euros, tuvo lugar el 19 de octubre de 2004, apenas cuatro días después de quedarse con uno de los accesos de la M-30 en Madrid, valorado en 25 millones de euros. Los otros dos abonos no tienen una relación con obras públicas tan definida. El tercer pago es el más elevado, 250.000 euros, y se realiza en un momento en el que OHL se queda con la construcción de líneas ferroviarias del Cercanías de Madrid.

Entre los supuestos donantes hay también empresarios a priori menos conocidos para el gran público pero que habrían hecho importantes aportaciones a esa caja B. Es el caso de José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Grupo Sando, y que según las anotaciones de Bárcenas sería el principal donante del PP. Habría aportado 1,25 millones de euros en un período en el que su empresa recibió contratos de administraciones del PP por más de 1.500 millones de euros. Entre ellos, el de un tramo de la A-42 licitado por el Ministerio de Fomento, que se adjudicó en noviembre de 2003, tres días después de que Sánchez Domínguez donara 100.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. 

Otra de las compañías objeto de las pesquisas es Assignia, cuyo antiguo dueño, Alfonso García Pozuelo, reconoció el pago de mordidas a Génova. La UDEF, que en 2014 concluyó que no era posible establecer una “vinculación directa” entre donaciones al PP y adjudicaciones, propone en un informe del pasado 24 de noviembre investigar 23 grandes obras adjudicadas a esta sociedad por cinco ministerios y empresas públicas como ADIF, Aena y Renfe entre 2002 y 2004. Es decir, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del Ministerio de Fomento en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera. 

La UDEF solicita estas diligencias basándose en la confesión de García Pozuelo y también en la de Correa, que en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en octubre de 2016, aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al PP. Correa no ratificó esta declaración ante el juez De la Mata, pero su revelación sí sirvió para reabrir una investigación cerrada en marzo de 2015 porque ni la Policía, ni la Fiscalía ni los jueces pudieron acreditar entonces que cada pago en negro se correspondiera a una adjudicación. Y que, por tanto, no podían acusar de cohecho a los empresarios imputados por muy demostrado que estuviera que los ingresos anotados por Bárcenas fueran reales. 

Tras la reapertura de esta línea de investigación en marzo de 2017, la correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas sigue investigándose en la Audiencia Nacional, donde el juez ha encontrado de forma reciente nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones. En concreto, ha puesto la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cuatro donaciones irregulares por un valor superior a los 100.000 euros. Dos informes policiales acreditan la relación entre un contrato del Ministerio de Fomento en la época de Mariano Rajoy y otro de la Comunidad de Madrid, cuando era gobernada por Ignacio González, a la constructora de este empresario. 

De hecho, en un auto del pasado abril, el juez escribió que “existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación”. 

Gráficos: Ana Ordaz.