La ley trans llega este martes al Congreso. Pero no como proyecto del Gobierno de coalición, tal y como figura en el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos, sino como propuesta de seis grupos parlamentarios aliados del Ejecutivo (ERC, Compromís, Más País/Equo, CUP, Nueva Canarias y Junts), que han registrado un texto que parte de los colectivos sociales ante la oposición en el seno del Gobierno por parte del PSOE a la ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La propuesta de la libre autodeterminación de género, a pesar de ser idéntica a una impulsada por los socialistas en 2017, choca ahora con la posición del partido de Pedro Sánchez, que quiere introducir algún elemento para el cambio legal del sexo, como la declaración de un testigo, por ejemplo. Eso es lo que se está negociando en el seno del Gobierno desde hace meses sin ningún avance. Tampoco tiene visos de prosperar la admisión a trámite de la iniciativa que se debate este martes dado que el PSOE se abstendrá en la votación.
Ante el bloqueo de la ley dentro del Ejecutivo, que acumula ya seis meses, varios grupos decidieron impulsar la iniciativa de los colectivos trans. Esa jugada obliga al PSOE a posicionarse: lo hará con un voto en blanco frente al sí de los grupos que han impulsado la iniciativa, además de Unidas Podemos, PNV y EH Bildu. El Congreso rechazará previsiblemente la propuesta al no obtener los síes necesarios y contar previsiblemente con el rechazo de PP y Vox, que suman 140 escaños. Todo apunta a que el PP votará no este martes dado que Casado siempre ha considerado que una ley trans como la que trabaja el Gobierno, o la propuesta de sus aliados parlamentarios, “no es necesaria” porque trata de algo “que nadie ha pedido”. A su juicio, la atención a las personas transexuales está “perfectamente cubierta por la atención sanitaria y social”, informa Íñigo Aduriz.
Los grupos que ayudaron a aprobarse las Cuentas Públicas de 2021 avalarán el texto, incluidos dos que no pusieron su firma en la proposición de ley, el PNV y EH Bildu, que avala la libre autodeterminación de género frente a los socialistas que insisten en la necesidad de que la norma cuente con “garantías jurídicas”.
Unidas Podemos también votará a favor. No cabía mucha duda, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo confirmó este lunes tras visitar el Centro de Atención a la Mujer de Valencia junto a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. “La ley que mañana [por el martes] se debate en el Congreso es la ley del Ministerio de Igualdad con algunas mejoras. Puede imaginarse cuál es el sentido del voto de nuestro grupo”, aseguraba Montero a los periodistas.
La ministra de Igualdad envió, además, un mensaje “a las personas trans”. “Somos conscientes de que tenemos una deuda histórica y tenemos que trabajar para garantizar sus derechos. Por una vía o por otra. Usaremos todas las herramientas legislativas para que sus derechos sean ley en esta legislatura”, zanjó Montero.
El debate de admisión a trámite mostrará así las grandes discrepancias del PSOE no solo con Unidas Podemos, sino también con el resto de aliados de la investidura y de los Presupuestos. Irene Montero tomará la palabra este martes durante el debate de toma en consideración para fijar la posición del Gobierno, algo que no es especialmente habitual en las proposiciones de ley (las iniciativas que tienen su origen en los grupos) y sí en los proyectos de ley (las que salen del propio Gobierno). El pasado mes de marzo, la titular de Sanidad, Carolina Darias, intervino en un debate sobre la ley de eutanasia, aunque no al principio del trámite, sino en la votación que definitivamente aprobó la norma.
Continúa la negociación en el Gobierno
La admisión a trámite de esta iniciativa no habría supuesto el final de la negociación en el Gobierno. Los dos partidos que lo componen aseguran que se pueden mantener en paralelo las vías parlamentaria y ejecutiva. Llegado el caso de que haya un acuerdo, ambas podrían aglutinarse en el Congreso.
“El Gobierno está trabajando, como es sabido, en el compromiso de una legislación para los colectivos LGTBI y yo creo que la tendremos ya relativamente pronto, en el marco de nuestro ordenamiento constitucional evidentemente, en un país como el nuestro particularmente evolucionado en estas materias. Siempre lo hemos sido, y siempre lo hemos sido de la mano de Gobiernos —en otros momentos anteriores Gobiernos socialistas y ahora de un Gobierno de coalición— reformistas como el nuestro y estaremos a la altura en el marco de nuestra Constitución”, aseguró el pasado miércoles Carmen Calvo durante una comparecencia la Comisión Constitucional. “Me parece que hay una proposición de otros grupos relativa a la materia en la Cámara, y yo creo que está bien, porque si hay movimiento en la Cámara y desde el Gobierno también podremos acabar haciendo una ley que les permite a los colectivos LGTBI de nuestro país avanzar y proteger”, agregó.
A pesar de que la parte socialista del Gobierno sostiene que el paquete legislativo para reconocer derechos a las personas LGTBI estará listo “cuanto antes”, el acuerdo parece lejano. En el PSOE dan por hecho que finalmente se fusionarán las dos leyes -LGTBI y trans- en una que aglutinará el conjunto de reconocimientos y un capítulo específico para las personas transexuales, incluido el cambio legal del sexo sin requisitos médicos ni psicológicos. En la parte socialista del Gobierno se aferran a que la ministra de Igualdad aceptó impulsar una única norma.
Sin embargo, desde el departamento de Montero aseguran que aceptó aquella premisa, la de unir ambas leyes, porque lo pedían los colectivos y siempre que se reconociera “el derecho a la libre determinación de la identidad de género”, que es una línea roja para las asociaciones y que sí recoge el texto que se debate este martes en el Congreso.
Pero el PSOE no acepta esa libre autodeterminación de género y apuesta por incluir algún tipo de requisito, como la declaración de un testigo. Por lo que el Ministerio de Igualdad trabaja con ambas leyes sobre la mesa y con intención de sacarlas adelante, bien por la vía del proyecto gubernamental o por la proposición de los grupos parlamentarios.