Las injerencias de los gobiernos cuestionan la reforma para que los fiscales dirijan las investigaciones

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció esta semana en el Congreso que el Gobierno promoverá que la instrucción de las causas penales, es decir, la investigación de los delitos, sea dirigida por los fiscales, aunque sometidos al criterio de un juez de garantías. No puede decirse que esta sea una iniciativa precisamente nueva, pues tres de sus predecesores en el cargo –Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá (PP)– esbozaron propuestas similares. Todas esas iniciativas, sin embargo, quedaron en un cajón.

Que los fiscales asuman la instrucción es una reivindicación histórica de muchos juristas que consideran que equipararía España a países europeos como Alemania, Italia o Portugal en los que existe esta figura. De esta manera se evitarían, por ejemplo, las disfunciones que se producen ahora en materia de cooperación jurídica internacional. Sus detractores, sin embargo, arguyen el riesgo de que el Gobierno instrumentalice a los fiscales y les diga a quién tienen o no que investigar. Los opositores a la medida sostienen que el inminente nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado tampoco ayuda a dispar esas sospechas de falta de imparcialidad.

Pero lo cierto es que la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir la figura del fiscal investigador lleva rumiándose más de una década. En 2009, Mariano Fernández Bermejo, exministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que estaba “en fase de estudio”. Su sustituto en esa cartera, Francisco Caamaño, llegó a enviar al Congreso en julio de 2011 un proyecto de ley que incluía esta medida pero no se llegó a tramitar por el fin de la legislatura.

Durante el mandato de Mariano Rajoy, que ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2011, el PP asumió por primera vez que sería positivo que los fiscales asumieran la investigación de las causas penales. El entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón encargó a un grupo de expertos que redactara un nuevo Código Procesal Penal que, entre otras medidas, incluyó esta propuesta. La comisión, dirigida por el actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y el catedrático Nicolás González-Cuellar presentó su documento al ministro a finales de 2012. Pero el proyecto tampoco salió adelante esta vez.

El sucesor de Ruiz Gallardón en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, recuperó ese trabajo en 2015. Pero en esta ocasión la iniciativa se frustró tras varias polémicas que ponían en entredicho la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno. En 2017, cuando el Ejecutivo de Rajoy parecía más decidido que nunca a intentar que saliera adelante esta iniciativa, salió a la luz el intento del entonces fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix de impedir una serie de registros en el caso Lezo, en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está acusado de graves delitos y lo mantuvo en prisión provisional casi siete meses. La imagen de la institución quedó tan tocada que tanto el Gobierno del PP como el PSOE consideraron que no era momento de abordar esta cuestión.

La oposición de los jueces conservadores

En esta dificultad para sacar adelante una reforma de tal calado ha tenido que ver también la resistencia de sectores de la judicatura, sostienen fuentes consultadas. Entre ellos, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera. La magistrada María Jesús del Barco, portavoz de esta asociación, considera que el momento actual “es menos propicio si cabe” para proponer esta reforma por el inminente nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

“Los garantes de una instrucción independiente somos los jueces que hemos sentado en el banquillo a los políticos independentistas y exministros del PP y del PSOE como Rato o Chaves. La figura del fiscal no está dotada de esa independencia”, añade Del Barco.

Las asociaciones de fiscales, por contra, son unánimes en su defensa de esta propuesta. Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cree que con esta reforma se pondrá en marcha “el sistema más natural y el más apropiado para conseguir una justicia efectiva”. “Somos los que sabemos qué pruebas necesitamos para sostener la acusación o, en su caso, pedir el archivo de los procedimientos. ”Eso de que el Gobierno puede instrumentalizar a los fiscales es obsoleto, manido y sin fundamento. El fiscal general del Estado solo puede ser cesado por las causas establecidas en el Estatuto y las relaciones con el Gobierno están tasadas“, dijo recientemente en una entrevista en eldiario.es.

Lo cierto es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula su estructura y funcionamiento, tiene salvaguardas para garantizar su autonomía frente al poder ejecutivo. El Gobierno es el encargado de elegir al Fiscal General del Estado y puede dirigirse a él para pedir que actúe en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación, pero no está obligada a obedecer aunque sí tiene que responder con una exposición razonada.

Además, la institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos. No obstante, en caso de discrepancia, el artículo 27 del Estatuto permite someter a la junta de fiscales –el principal órgano asesor del fiscal general del Estado– las discrepancias con las órdenes de sus jefes. Este precepto fue invocado, por ejemplo, por los fiscales del caso Lezo. Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro Campo abrió la puerta a “potenciar” las “salvaguardas legales” que permiten a los fiscales oponerse a lo que le mandan si no lo considera ajustado a derecho, aunque no especificó en qué sentido.

Otra de las propuestas que hay encima de la mesa para disipar las sospechas de falta de autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno es que su máximo responsable sea elegido por el Congreso de los Diputados. Esta es la propuesta que defiende, por ejemplo, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que sí está a favor de la figura del fiscal investigador aunque con alguna cautela. “El Estatuto debería reformarse para garantizar esa verdadera independencia”, dice su portavoz, el magistrado Ignacio González Vega.

Dolores Delgado, ante la Comisión de Justicia que examinó este jueves su idoneidad para ser fiscal general del Estado, detalló los sistemas de elección que rigen en países de nuestro entorno, desde la total asimilación con el poder ejecutivo a la más absoluta independencia; y animó a los grupos a proponer cambios si lo estimaban oportuno. Su sucesor en el Ministerio de Justicia, sin embargo, había sido tajante cuatro días antes ante ese mismo órgano: “Propone el Ejecutivo. No me van a sacar de ahí; lo he defendido muchas veces en esta tribuna”.