Sobrecostes y endeudamiento. Son dos de las prácticas comunes de las administraciones públicas que tienen un exponente relevante en el caso del Ministerio de Defensa. Pedro Morenés ha gastado 8.717 millones más de los que tenía asignados en los Presupuestos Generales del Estado durante esta legislatura, lo que supone un desvío de cerca del 40%. Gran parte de esas ampliaciones se han producido por la vía del real decreto para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEA) que se acordaron en 1997.
Desde que llegó al Gobierno, Rajoy ha incrementado el gasto de Defensa cada año. En 2012, ese departamento gastó 2.750 millones de euros por encima de lo previsto (los 6.300 que se asignaron fueron finalmente 9.000). El siguiente ejercicio se repitió la jugada: el aumento fue del 33% (se invirtieron 7.962 frente a los 6.008 que figuraban en los PGE presentados por Cristóbal Montoro). En 2014, la ampliación ascendió a 1.947 millones. Con los datos de agosto de 2015, es decir, susceptibles de incrementarse, Defensa ha gastado 1.967 millones más de lo que Hacienda presupuestó.
La vía empleada para aumentar las partidas ha sido generalmente la del Real Decreto, una figura legislativa dedicada a casos de urgente y extraordinaria necesidad. La oposición ha recriminado a Defensa ese abuso puesto que se ha utilizado para “hacer pagos que ya estaban previstos en el calendario”, en palabras del socialista Diego López Garrido. Los incrementos presupuestarios se han utilizado, en gran parte, para hacer frente a los PEA.
Hace 20 años el Gobierno de José María Aznar puso en marcha esos 19 programas de armamento para adquirir nuevos sistemas, como aviones y carros de combate, helicópteros de ataque Tigre o submarinos. Defensa concedió a las empresas que lo desarrollaron una prefinanciación de 14.000 millones de euros. No se conoce el precio final de ese programa, pero los cálculos de UPyD lo sitúan en unos 30.000 millones de euros, el equivalente a rescatar Bankia una vez y media.
Una hipoteca de 22.500 millones
Del total quedan por pagar unos 22.500 millones, que suponen un 2,25% del PIB. La hipoteca supondrá un pago anual de más de 1.000 millones (en torno al 20% del presupuesto del ministerio) hasta 2030. La diputada de UPyD Irene Lozano denuncia que la negociación de Morenés “fue beneficiosa para la industria”. Lozano sospecha que el nombramiento de Morenés -que procedía de una empresa armamentística tras haber estado en Defensa como secretario de Estado en el momento en que se aprobaron los PEA- tuvo bastante que ver con mantener “el sesgo de la industria”.
“En la antigua planificación, restaban por abonarse 20.000 millones en el periodo 2014-2025, que pasan a ser, en la nueva planificación, 22.000 millones en un periodo más extenso”, explica el informe de UPyD 'Los Programas Especiales de Armamento: fraude, despilfarro y utilidad' presentado el año pasado.
El segundo informe sobre el control parlamentario en materia de Defensa, elaborado por el investigador Bernardo Navazo para la formación, sostiene que el material armamentístico que está provocando el incremento presupuestario se está entregando con retraso, lo que ha provocado más inversiones que ha asumido el departamento de Morenés. “Por los retrasos en la entrega de los submarinos S80, el Estado ha tenido que pagar la remodelación de los que tiene para alargar su vida -ha explicado Navazo a los periodistas-. Eso ha costado 43 millones por ahora”. Además, las empresas encargadas, como Navantia, “no han sido penalizadas”.
¿A qué equivale el sobrecoste de Defensa?
El sobrecoste de 8.717 millones de euros de Defensa equivale al doble de lo que el Gobierno ha invertido este año en políticas activas de empleo y a seis veces lo que ha destinado a servicios sociales. Con ese dinero, se podría implantar durante algo más de dos años la renta mínima de inserción, propuesta por la oposición (valorada en 3.850 millones al año).
Solo con lo que se ha gastado de más este año en Defensa (1.967 millones de euros), se podría haber invertido tres veces más en políticas destinadas al acceso a la vivienda, que es la partida más limitada de los PGE (587 millones). La inversión por encima de presupuesto en Defensa bastaría para pagar unas 290 veces lo que cuesta al año Biblioteca Nacional, cuyo presupuesto es de 30 millones de euros.
La ampliación a un mes del permiso de paternidad -que el Gobierno ha pospuesto una vez más- supondría anualmente cerca de una décima parte (200 millones) de lo que se ha gastado de más en Defensa a lo largo de 2015. Con el global extra que se ha llevado el departamento de Morenés durante esta legislatura, el Estado podría haber sufragado 43 años de ampliación permiso de paternidad a los españoles.