La defensa de Juan Carlos I argumentó este lunes ante el Tribunal Superior de Londres que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso presentada por Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra el rey emérito de España.
La corte número 13 de la Queen's Bench Division del Tribunal Superior empezó a examinar este lunes el caso presentado por Corinna, antigua amante de Juan Carlos I, contra el exjefe de Estado español por haber sido víctima de presunto acoso desde 2012. El magistrado Matthew Nicklin está a cargo de las dos audiencias judiciales —este lunes y martes— programadas en la corte inglesa, en la que deberá decidirse si Juan Carlos I goza de inmunidad, lo que determinará si la demanda podrá o no ser examinada por la Justicia inglesa.
Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a “acoso” desde 2012 hasta el presente, personalmente o bien a través de “agentes” a su servicio. Esas acciones “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, asegura la demandante.
De acuerdo con el argumento de la defensa del monarca, al que ha tenido acceso EFE, el emérito considera que tiene inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia a la inmunidad de extranjeros. El argumento, firmado por el abogado Daniel Bethlehem y la profesora Philippa Webb, ambos expertos en relaciones internacionales, dice que el emérito tiene derecho a la inmunidad frente a las cortes inglesas y que, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción en este caso. Según recoge El País, el abogado Bethlehem ha sostenido que las acusaciones previas a junio de 2014, cuando abdicó Juan Carlos I, no pueden juzgarse; y después de esa renuncia también quedó preservada su inmunidad por mantener su condición de miembro de la Casa Real.
El magistrado Matthew Nicklin ha insistido durante la audiencia judicial en que se sentiría “más cómodo” si el Estado español confirmase que Juan Carlos I sigue siendo miembro de la Familia Real tras la salida de Juan Carlos I de la actividad pública el 28 de mayo de 2019, según informa El País. Para ello, ha sugerido que fuera la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, la que consiguiese esos datos.
Este martes está previsto que los abogados de Corinna presenten sus argumentos sobre la demanda.
Además de presunto acoso, en la demanda se aborda un pago de 65 millones de euros (76 millones de dólares) que el emérito hizo presuntamente a Corinna, parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I. Larsen declaró ante la Justicia suiza que ese dinero se lo transfirió “por gratitud y por amor”, y “no para deshacerse del dinero”.
El pasado enero, Corinna declaró como testigo, a través de videoconferencia desde una corte inglesa, en un juicio celebrado en Madrid contra el excomisario español José Villarejo. En su intervención aseguró que recibió reiteradas amenazas del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. “Por supuesto me aterrorizó, aterrorizarían a cualquiera. El hecho de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante”, dijo entonces.