El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que adopte medidas complementarias que garanticen el “acceso efectivo” a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares con enfermedades graves, que requieren un tratamiento adecuado.
Así lo indica en el informe de la institución correspondiente a 2012, que refleja que en contra de la tendencia de los últimos años las quejas de los ciudadanos han vuelto a concentrarse en aspectos cuantitativos, especialmente sobre las limitaciones en el acceso y nivel de las prestaciones sanitarias, con el trasfondo de la crisis.
Entre las cuestiones que más atención han recibido, destaca el estudio de la constitucionalidad del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago en función de la renta, e incluye por primera vez a los pensionistas, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles”.
El informe destaca también la queja presentada por una federación de empresas de tecnología sanitaria, que cifraba en 5.200 millones de euros las deudas pendientes de pago por parte de las administraciones sanitarias.
El cambio legal introducido por el citado real decreto “adquiere una dimensión en los supuestos de mayor vulnerabilidad”, como es el caso de los inmigrantes irregulares con procesos graves.
Por ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, ha pedido que se dicten “las instrucciones precisas para la adecuada atención” de estas personas.
El informe recoge también un elevado número de quejas sobre los mecanismos establecidos en las comunidades autónomas para la devolución a los pensionistas de las aportaciones que realizan al adquirir medicamentos cuando excedan el tope mensual establecido (8 o 18 euros, según el nivel de renta).
La institución ha pedido que los pensionistas con tratamientos de larga duración queden exentos del copago una vez satisfecho ese tope máximo mensual.
El informe pone de relieve las dificultades para determinar los supuestos en los que las personas con discapacidad están exentas de aportación en la adquisición de fármacos.
La institución ha pedido una reforma legal para que la personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y con independencia del momento en el que adquirieron tal condición, estén exentos del copago farmacéutico.
También ha solicitado excluir del mismo a los pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), ya que la cuantía de sus pensiones es análoga a las no contributivas, que están exentas.
En cuanto al transporte sanitario no urgente, sobre el que también existe un copago en función de la renta, el Defensor ha pedido que sea gratuito para pacientes sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración, y con recursos económicos limitados.
La tramitación de quejas referentes a demoras en atención sanitaria pone de manifiesto, según el informe, la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar meses o, incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado.
En atención primaria, la mayor parte de las quejas se refieren a la supresión o el cierre en horario nocturno de las urgencias extrahospitalarias en municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.
Las reclamaciones en el ámbito de la atención especializada se centran en los problemas de la población que reside en zonas limítrofes, un asunto que, según la institución, no afecta solo a un determinado ámbito territorial sino a la cohesión y equidad del SNS.
El Defensor resalta también el cumplimiento de los servicios mínimos y la plena cobertura de los servicios de carácter crítico durante la huelga convocada de la sanidad madrileña entre el 26 de noviembre y el 27 de diciembre del pasado año.
El informe denuncia que la atención que se presta a las personas con enfermedad mental continúa presentando “graves déficits” y que “persisten las desigualdades territoriales en la asignación de los insuficientes recursos disponibles”, y advierte de que la crisis representa un riesgo añadido para el acceso y la calidad de las prestaciones.
La institución recomienda revisar el nuevo sistema de fijación de precios para medicamentos financiados y modificar la legislación vigente en materia de prescripción de fármacos para indicaciones diferentes de las autorizadas, para evitar que se investigue con pacientes en indicaciones que no han sido suficientemente evaluadas y que carecen, pro tanto, de las garantías éticas y legales de los adecuados ensayos clínicos.