Una denuncia contra Sánchez forzará una investigación sobre la autorización del 8M y otras 76 manifestaciones

La crisis sanitaria por la propagación del coronavirus tiene ya derivadas en los tribunales. Una jueza de Madrid acordó este miércoles abrir una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus. La jueza Carmen Rodríguez-Medel considera de forma indiciaria que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y lesiones imprudentes.

El origen de la causa está en una denuncia presentada el pasado 19 de marzo por el abogado Víctor Valladares contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno en las 17 comunidades autónomas. El letrado cuestiona que se celebraran hasta 77 “reuniones multitudinarias” en la Comunidad de Madrid después del 2 de marzo, fecha en la que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública comunitaria, calificó de entre moderado y elevado el riesgo de una expansión generalizada del virus en los países de la UE. Además de la manifestación feminista, el 8 de marzo también se celebró en Madrid un mitin de Vox que reunió a 9.000 asistentes en un espacio cerrado.

La jueza explica en su auto que únicamente es competente para investigar a Franco por ser el responsable en la Comunidad de Madrid del órgano al que se comunican las manifestaciones o reuniones que se celebran en la vía publica y el que tiene la potestad de prohibirlas si existen razones fundadas para ello. La magistrada insta al letrado a presentar la querella contra Sánchez ante el órgano competente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser aforado. Y hace lo mismo con los delegados del Gobierno de otras comunidades autónomas, que tendrían que ser en todo caso investigados por juzgados de sus territorios. Valladares asegura a eldiario.es que ya está ultimando la denuncia contra Sánchez para presentarla este mismo jueves ante el Alto Tribunal.

Rodríguez-Medel, que fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy y también instructora del caso del caso máster de Cristina Cifuentes, pide una extensa batería de diligencias. Entre ellas, solicita a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que investigue qué “curso” se dio al citado informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). En concreto, qué órgano lo recibió oficialmente, qué difusión se hizo de él entre las autoridades y si se remitió a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

También reclama a la Guardia Civil que investigue si las autoridades competentes hicieron alguna recomendación a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación a las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción para que se realizaran “sin restricción alguna”. También reclama información de las comunicaciones y expedientes administrativos tramitados por este órgano en relación a las citadas convocatorias, así como si hubo algún tipo de recomendación en relación a los “riesgos sanitarios” que conllevaba acudir a esas movilizaciones.

La jueza recuerda en su auto que aunque el de manifestación es un derecho fundamental, la jurisprudencia del Constitucional dice que puede ser limitado si la autoridad cuenta con “datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso” y si la prohibición tiene como finalidad “la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos” protegidos en la Carta Magna.

El abogado que ha presentado la denuncia, que también denunció en 2014 el sacrificio del perro Excálibur de la enfermera afectada por ébola Teresa Romero, dice estar “encantado” con el auto de la jueza porque ha ampliado los delitos que él atribuyó a los demandados –incluyó únicamente el de prevaricación– y también las diligencias, pues solo había reclamado que se tomara declaración a los demandados, petición que por el momento no ha sido admitida. El letrado reconoce que ha actuado de manera “oportunista” canalizando en esta denuncia la “indignación” de miles de españoles con la gestión del Gobierno y asegura que alrededor de 6.000 personas ya se han puesto en contacto con él a través de las redes sociales. “Todo ha salido como yo esperaba”, señala.

Este miércoles, el titular de Sanidad, Salvador Illa, evitó valorar si había sido un error haber permitido eventos multitudinarios como las manifestaciones del 8M. En este sentido, explicó que los contagios detectados en la “tarde-noche” del 8 de marzo se habrían producido entre ocho y diez antes por el periodo que transcurre entre que se produce un contagio y este se notifica a las autoridades sanitarias. Según sus cálculos, por tanto, fue en la última semana de febrero cuando se produjo un “contagio importante” en algunas partes de España, especialmente, en la Comunidad de Madrid.