La jueza ignora la denuncia de montaje policial al archivar la causa de acoso contra López Madrid

El empresario Javier López Madrid ha salvado, al menos por el momento, la primera de las imputaciones judiciales que sobre él pesan. La jueza Belén Sánchez acordó el pasado 26 de febrero el archivo de la denuncia por acoso sexual que presentó la doctora Elisa Pinto contra él hace un año y medio, aunque la decisión no trascendió hasta el pasado viernes, tres días después que eldiario.es publicara los mensajes del empresario con los reyes.

La jueza ha asumido el criterio de la Fiscalía que, a su vez, hace suyas las conclusiones de unos informes policiales que la defensa de la doctora viene a calificar de montaje policial. Contra esa “sospechosa investigación a la carta”, la letrada Ana Blanco Vázquez de Prada presentó un escrito, en forma de recurso contra la petición de la Fiscalía de cerrar el caso. El documento está fechado el 25 de febrero, pero fue entregado en el juzgado al día siguiente. La jueza no atendió ninguna de las diligencias que solicitaba y esa misma mañana decretó el archivo de las actuaciones.

La defensa de la doctora pedía a la jueza Sánchez que, antes de adoptar una decisión, incorporara a la causa el testimonio de un ciudadano indio, clave en el informe policial que la señala. Se trata de un empleado del locutorio donde se vendieron tarjetas prepago utilizadas para verter las amenazas.

La tienda estaba cerrada el pasado verano, pero el grupo policial que se encargó de la investigación en su último tramo logró encontrar a cuatro de sus antiguos empleados. Tres no recordaban nada, pero uno de ellos reconoció a la doctora Pinto como la mujer de piel muy oscura que frecuentaba el locutorio. Le habían enseñado una fotocopia en blanco y negro. Cuando fue llamado a declarar por la jueza que investiga a la doctora -consecuencia de otra denuncia presentada por López Madrid- el testigo se desdijo.

Se da la circunstancia de que el ciudadano indio que reconoció a la doctora ante la Policía fue llamado a declarar en su momento como testigo en una investigación contra una red de blanqueo liderada por compatriotas suyos. En ese mismo caso fue investigado el comisario José Manuel Villarejo por una posible revelación de secetos.

Villarejo es el hombre al que Pinto señaló en comisaría como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014. Asuntos Internos concluyó que no había indicios contra Villarejo en el caso de los indios. El policía niega a su vez que sea el autor de la puñalada a la doctora. La jueza Sánchez no aceptó que el testimonio del único supuesto testigo de la compra de tarjetas se incorporara a su causa.

La investigación policial que señala a la doctora evitó que la jueza practicara finalmente la rueda de reconocimiento con el comisario Villarejo, anulada en dos ocasiones anteriores gracias al aval del Ministerio del Interior, según publicó El País. La abogada Blanco Vázquez de Prada la volvió a solicitar el día 26, el mismo día que la jueza rechazó aceptar la diligencia y archivó la causa.

Una de las conclusiones del informe policial es que el hijo de la doctora, de 10 años en el momento del acoso y los apuñalamientos, se inventó las amenazas y el apuñalamiento a su madre. La jueza no toma en consideración el testimonio del niño en sede judicial, pero tampoco accede a las intenciones del comisario José Manuel Villarejo para que remitiera un informe policial a la Fiscalía de menores y se retirara a la doctora la patria potestad del menor.

Villarejo también pedía que se deduzca testimonio contra la denunciante por acusación y denuncia falsa, injurias y calumnias, entre otros delitos. La magistrada rechaza tal pretensión, pero adopta la decisión “sin perjuicio de que las partes puedan ejercer las acciones que estimen oportunas en relación con los hechos”.

Ese informe policial que apunta a la doctora coteja unas amenazas recibidas por la doctora con exámenes del colegio del menor para concluir que fue él quien escribió las supuestas amenazas a su madre, inducidas presuntamente por ella misma. La defensa de la doctora cree que la prueba se ha manipulado y pidió en su momento que se realizara una en sede judicial. Los policías no explican por qué decidieron cotejar la letra de la amenaza con la del hijo de la doctora.

El 21 de mayo de 2014, el niño declaró ante la jueza sin ser informado por la familia a que iba, para no contaminar el testimonio. “Que tiene 10 años, que val colegio Willoughby, que tiene una hermana y un hermano (…) que vive con su madre y su padre. Que no sabe porque está aquí hoy”, comienza la declaración.

“Mi madre es preocupona y no me dejaría ir al parque”

Ante la jueza describió las visitas del hombre a la puerta del colegio, incluida una en la que le pidió que le dijera a su madre que les estaban vigilando. “Que se asustó y no dijo nada hasta llegar a casa porque su madre es muy preocupona y no le iba a dejar ir al parque…”, recoge el acta de la declaración.

También ofreció su testimonio sobre el apuñalamiento a su madre en el exterior del coche que él ocupaba. En el atestado policial incorporado a la causa, los agentes que se personaron en el lugar escriben que no pudieron interrogar en ese momento debido al “estado” en el que se encontraba. Los informes posteriores en los que se basa la Fiscalía para pedir el archivo dictado por la jueza concluyen que el niño fingió y ponen en duda, incluso, que la mujer fuera apuñalada y no que se autolesionara. Sobre nada de esto se pronuncia la jueza en su auto.

En la resolución razonada, la jueza Belén Sánchez recela de que los padres no advirtieran al colegio de lo que estaba ocurriendo. La defensa de la doctora, sin embargo, ha incorporado las llamadas que se intercambiaron la madre y la dueña del centro escolar donde estudiaban entonces el menor.

La abogada de la doctora entregó a la jueza el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se acreditan “estrechas relaciones” entre un grupo de comisarios de Policía y López Madrid. La abogada utiliza dicho informe para apoyarse en su denuncia de montaje policial, sobre todo por las llamadas de esos comisarios con López Madrid antes y después de vaciar el teléfono que después entregó al juzgado. Ese informe fue entregado por la Guardia Civil al Juzgado número 26, pero la jueza que ha dictado el archivo en favor de López Madrid no hace referencia alguna al mismo.

La magistrada también dice que la mujer ha cambiado de versión sobre el aspecto del hombre que la apuñaló en abril de 2010, como se recoge en el folio 260 del primer tomo del sumario. Asegura la jueza que la doctora dice que el hombre de la puñalada en abril de 2014 se parece al de la primera agresión que sufrió. Sin embargo, el folio 260 está dedicado a un oficio entre la Guardia Civil y la Policía.

En el folio 256 sí aparece la primera descripción que hace la mujer de su agresor ante la Policía: “varón, español, de unos 50-60 años de edad, complexión fuerte, pelo corto canoso, sin poder especificar ningún otro dato referetne a sus características fisonómicas ni de vestimenta”. Después de 13 denuncias infructuosas en Chamartín, el jefe de esa comisaría se hizo cargo del caso y dirigió un reconocimiento fotográfico con la doctora y su defensa el 19 de mayo de 2015. Ella señaló entonces en dos ocasiones al comisario Villarejo, que se jubila de la Policía en las próximas semanas.

La jueza dice que con las pruebas practicadas hasta la fecha es suficiente y que de ellas “se desprende que no ha quedado debidamente acreditada la participación de Javier López Madrid, en los hechos denunciados por Elisa Pinto, no existiendo indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el referido investigado”. Contra el auto cabe recurso ante la Audiencia Provincial.