Los indicios contra el empresario Javier López Madrid en la investigación de la presunta financiación irregular del PP madrileño forman el tercer frente judicial que se le abre al yerno de Juan Miguel Villar Mir en los últimos años. Sus gastos con tarjeta ‘black’ como consejero de Caja Madrid le llevarán al banquillo de los acusados en los próximes meses. El otro, una denuncia por acoso sexual a una prestigiosa dermatóloga de la capital, está pendiente de que sea resuelto por la jueza Belén Sánchez, quien ya tiene sobre su mesa la petición de archivo de la Fiscalía.
Contra esa solicitud del Ministerio Público, se ha rebelado la presunta víctima del acoso sexual, que ha presentado dos escritos con los que su defensa intenta demostrar que es víctima de “una sospechosa investigación a la carta” para exculpar al consejero del Grupo Villar Mir, casado con la hija de uno de los hombres más poderosos del país y amigo personal de los reyes de España.
La Guardia Civil cree que López Madrid entregó alrededor de 1,8 millones de euros en dinero negro al PP de Madrid. Los indicios han surgido de las anotaciones de una agenda de Francisco Granados incautada durante la Operación Púnica, interpretada ante el juez del caso por David Marjaliza, exsocio del político madrileño que está colaborando con la investigación.
López Madrid está imputado en el Juzgado número 39 de Madrid por el acoso a la doctora desde principios de 2015, orden de alejamiento incluida. Una denuncia posterior del empresario le valió la misma situación judicial a la mujer en el Juzgado 26. En febrero del pasado año, la doctora remitió un escrito al secretario de Estado de Seguridad trasladando la situación de desamparo en la que considera que se encuentra, después de haber acudido en 13 ocasiones a la comisaría de su distrito y de obtener como respuesta una absoluta pasividad policial. La mujer denunciaba una situación de acoso de López Madrid que había incluido dos apuñalamientos practicados por terceras personas.
Interior remitió el escrito a los dos juzgados y uno de ellos, el que imputa a la doctora, se interesó por lo ocurrido en la comisaría de Chamartín. El máximo responsable de la misma, Jaime Barrado, asumió la investigación personalmente y obtuvo el reconocimiento fotográfico del presunto autor de una de las agresiones: la doctora Pinto señalaba al comisario Villarejo, hoy en destinado en la Dirección Adjunta de la Policía, como el autor de un pinchazo en el abdomen.
Según consta en la denuncia de la doctora, el agresor le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. El comisario Villarejo niega rotundamente ser el autor de la agresión y asegura que tiene testigos que pueden ratificar que estaba con ellos en ese momento.
El comisario Jaime Barrado fue desterrado a una comisaría de la periferia madrileña después de practicar el reconocimiento fotográfico. Poco después fue directamente suspendido y enviado a su casa por otro asunto sin relación aparente, la denuncia de unos abogados que, sin embargo, están vinculados al comisario Villarejo. Un tribunal anuló esa decisión administrativa de la Dirección General de la Policía y Barrado se reincorporó a su puesto.
Entretanto, el reconocimiento fotográfico de Villarejo llegó a los juzgados y la titular del 39 citó al comisario a una rueda para que la doctora y su hijo -doce años ahora, diez en el momento de los hechos- pudieran identificar ante ella al presunto autor en el juzgado.
Pero la rueda de reconocimiento nunca se llevó a cabo. A la primera citación respondió Interior asegurando que el comisario estaba de viaje en misiones de relevancia en el extranjero. Según publicó El Mundo, el facultativo que firmó esos escritos al juzgado fue condecorado poco después con una medalla pensionada que ha sido recurrida por la Confederación Española de Policía (CEP) ante la Audiencia Nacional.
Además, el comisario Villarejo está vinculado a las investigaciones extrajudiciales que ha realizado un grupo secreto de la Policía esta legislatura sobre la presunta corrupción de políticos catalanes vinculados al proceso soberanista.
En el mes de julio, la defensa del comisario presentó un escrito ante el juzgado que precedió a la segunda suspensión de la rueda de reconocimiento por decisión de la jueza. Medio año después de la denuncia de la doctora ante Interior, la Policía desplegaba una amplia investigación que finalizó en noviembre con unas conclusiones demoledoras para la mujer. Los investigadores aseguran que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años.
El grupo que se hizo cargo de la investigación envió a la jueza un informe de la Policía Científica que concluye que una nota amenazante que la doctora aportó como prueba del acoso fue escrita por el niño, obligado por la madre. El menor, que ahora tiene 12 años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde que presenció la agresión a la doctora, según la defensa de ella.
De los informes policiales que implican al niño en la trama se deduce que el menor fingió en una ocasión ponerse “muy nervioso”. En este estado describe la niñera ante la Policía que se puso el menor tras ver al hombre que le acababa de amenazar. Solo que, según el análisis de los testimonios y la zona en la que supuestamente se produjeron los hechos, la Policía concluye que el niño se lo inventó.
Para llegar a la conclusión de que el niño es el autor de la nota amenazante, dos veteranos funcionarios realizaron una amplia comparativa de una fotocopia de la nota amenazante con unos exámenes del menor que los investigadores del caso solicitaron al colegio. La doctora quiere que se le hagan pruebas caligráficas en el juzgado ya que los expertos de la Científica tuvieron que trabajar a partir de una fotocopia.
Los policías de la Científica hacen constar en sus conclusiones el margen de error que produce trabajar con un “documento dubitado”. Sus compañeros de la Policía Judicial no aclaran por qué pensaron en el hijo de la doctora y se centraron en buscar notas manuscritas de ese niño y no de cualquier otro.
Estos policías a cargo de las investigaciones han llegado a unas conclusiones “partiendo de la previa inculpación de la doctora”, advierte a la jueza Sánchez su abogada. “Se buscan indicios que pueden incriminarla, es decir, que partiendo del resultado que quieren los investigadores, se ordena una investigación destinada a obtener pruebas que demuestren el resultado, que no es otro que la exculpación del señor López Madrid, a través de la inculpación de la doctora, logrando convertir a la víctima en verdugo”.
El empresario debió entregar dos teléfonos en el juzgado 26, que los remitió para su análisis a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. En la causa consta un informe de la UCO que revela que López Madrid hizo un amplio borrado de su teléfono después de que la jueza se lo solicitara y antes de entregarlo, a través de una empresa puntera en el sector. Pero la UCO recuperó parte de esas llamadas y mensajes.
Los agentes del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO aseguran que “existen relaciones estrechas” de López Madrid con dos comisarios de policía, el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial y un responsable de la Comisaría General de Información, la estructura dedicada a la lucha antiterrorista.
Añaden que han encontrado “llamadas realizadas (por López Madrid) al comisario Conde (el jefe de la Brigada de Policía Judicial) el 22 de noviembre de 2014, antes y después de interponer denuncia ante su unidad, en compañía de ‘Gabriel’, y las realizadas a ambos comisarios el día 12 de noviembre de 2014, antes de decir que quería ir a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para que le cuenten lo del montaje que han hecho allí”.
López Madrid negó en un principio, ante la jueza, conocer a policías, aunque luego fue matizando su declaración en sede policial. El empresario asegura que recurrió a los policías desesperado por la injusticia que estaba viviendo, y que el comisario Villarejo le asesoró y le puso en contacto con el comisario de Información citado. Este, según su versión, le aconsejó que denunciara los hechos y, por eso, le puso en contacto con Conde. A esto se limita su relación con los policías, según López Madrid. Finalmente, los policías que atendieron al destacado empresario fueron los del Grupo V de Homicidios de Madrid, dependientes de Conde, a pesar de tratarse de un supuesto caso de acoso.
Una parte sustancial de la investigación trata de las llamadas con tarjeta prepago utilizadas para el presunto acoso. La Policía concluye que la doctora fingió ese acoso con tarjetas que ella misma adquirió. Lo hace, por ejemplo, al asegurar que durante unas supuestas llamadas amenazantes a la doctora, ella estaba en República Dominicana con su familia de vacaciones y, sin embargo, no saltó el ‘roaming’. Esto hace concluir a la Policía que las llamadas las realizó ella misma desde el país caribeño.
La defensa de la doctora recupera un informe de la primera unidad de la Guardia Civil que investigó el caso, el grupo de mujer y menores de Madrid, Emume, en el que se recoge que el rastreo de esas llamadas apunta a que fueron realizadas desde las inmediaciones de la casa de la doctora en Madrid.
El testigo indio que se desdice
La investigación puesta en marcha un año y medio después del segundo apuñalamiento, encargada a los servicios centrales de la Policía, se afanó en encontrar a los ciudadanos indios que habrían vendido en una tienda, ya cerrada, algunas de esas tarjetas prepago. Tres de ellos dijeron a la Policía no poder reconocer a Elisa Pinto, pero uno de ellos sí lo hizo.
Mohamed N.A. compareció en el pasado como testigo en una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales de una organización liderada por oriundos de su país y cuya investigación dirige un juzgado de Fuenlabrada. En esa operación, Asuntos Internos de la Policía indagó en una posible actuación del comisario Villarejo en el sentido de haber advertido a uno de los imputados de que estaba siendo investigado, informan fuentes de la investigación. Las pesquisas internas se archivaron, sin embargo, sin que Asuntos Internos encontrara indicios contra el comisario.
Cuando la jueza citó a Mohamed N.A. a ratificar su declaración ante la Policía, quedó al descubierto el error de su primer testimonio. El ciudadano indio describió a la mujer que, según había dicho, acudía a su locutorio como una mujer de piel oscura y gruesa, una descripción opuesta a por la que responde la doctora Pinto. Ante la jueza, dijo que no recordaba que esa mujer le hubiera comprado tarjetas y, en cualquier caso, no identificó a Pinto.
Otro argumento para que la abogada de Pinto escriba a la jueza: “Todo ello pone de manifiesto que el reconocimiento fotográfico había sido inducido, y ratifica la parcialidad de los informes de la policía, más destinados a inculpar a la doctora que a descubrir al verdadero autor del delito”.
“Han detenido a Granados”
La defensa de Pinto ha pedido al juzgado una serie de diligencias, apremiada por las fechas. Las compañias actuales deben borrar en 12 meses los metadatos que guardan de las llamadas y mensajes a partir de la generación del dato. “Lo mismo ocurre con los volcados y datos conservados por la Guardia Civil y la policía judicial, cuya pérdida podría entorpecer la investigación del delito, por lo que en virtud del artículo 588 de la Lecrim solicitamos la retención de datos por parte de la compañía telefónica y por la UCO Grupo de Delitos Telemáticos”. Dentro de unos días se cumplirá un año desde que fueron rescatados los datos.
Los datos recuperados por la Guardia Civil incluyen un mensaje del 27 de octubre en el que alguien, no identificado, informa a López Madrid de que Granados –exnúmero dos del PP de Madrid– acaba de ser detenido. Por la tarde, ese u otro número tampoco identificado le traslada que también ha sido detenido Alejandro de Pedro, el imputado que cobraba de la Comunidad a cambio de, presuntamente, mejorar la reputación on line de políticos del Partido Popular.
En el mismo sentido, y antes de que la jueza se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía de archivo, Pinto quiere que la jueza del 39 escuche al testigo indio que se ha retractado, como hizo la magistrada del Juzgado 26. También solicita que la UCO entregue todos los datos que conserve de los extraídos de los dos teléfonos de López Madrid, que cite a declarar a una amiga suya que califica como testigo del acoso y que se practique, de una vez, la rueda de reconocimiento a Villarejo, así como la del técnico de la empresa que realizó el ‘back up’ del teléfono del supuesto acosador.