La deportación de refugiados a Rusia por el Ártico crea controversia en Noruega

Las deportaciones a Rusia de refugiados llegados a Noruega por el Ártico han generado controversia en este país y críticas de organismos internacionales.

La vía para estas deportaciones la abrió el Gobierno en minoría de derecha que aprobó hace dos meses, con el apoyo entre otros del opositor Partido Laborista, un endurecimiento de las leyes de asilo para frenar la oleada de refugiados llegados por el norte del país desde el verano, unas 5.500 personas (sobre todo sirios y afganos), cuando la media anual era de una veintena.

La nueva normativa, que permite devolver a Rusia a quienes tengan permiso de residencia o visado en ese país sin considerar su solicitud de asilo, empezó a aplicarse a finales de otoño pasado en Noruega, pese a las críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Así fueron deportadas unas doscientas personas a Múrmansk (Rusia), que regresaron en bicicleta al lugar desde donde habían llegado semanas antes, por la prohibición rusa de pasar la zona fronteriza a pie y porque las autoridades noruegas detienen y acusan de tráfico de personas a quienes transportan refugiados en automóvil.

La llegada del invierno, con temperaturas de hasta 20 y 30 grados bajo cero en la zona, y el plazo de medio año para las deportaciones acordado con Rusia han obligado a usar otro medio de transporte y a agilizar las expulsiones, lo que ha aumentado la polémica.

La Policía expulsó a trece personas el miércoles, pero los dos días siguientes tuvo que suspender las deportaciones, alegando primero retrasos en los trámites burocráticos y luego problemas de capacidad en las instalaciones rusas para refugiados.

Varias personas lograron escaparse del centro de acogida de Kirkenes (Noruega) el jueves, ayudados por la asociación “Refugiados, bienvenidos al Ártico”, tres de cuyos miembros han sido multados por las autoridades.

En la lista para ser expulsados figuran familias con niños, entre ellos una niña autista de cinco años y un bebé de 18 meses, denunció esta organización, que tras difundir algunos casos ha conseguido que las autoridades accedan a revisar sus solicitudes de asilo.

“Algo está muy mal, la gente está desesperada. Huyen de Kirkenes para evitar ser enviados de vuelta a Rusia”, declaró Olav Øygard, obispo de la diócesis de Nord-Hålogaland.

Para evitar más incidentes la Policía detuvo a las 82 personas que permanecen en el centro de Kirkenes para su expulsión inmediata, lo que obliga a deportarlas antes de 72 horas o dejarlas en libertad.

“Tenemos un plazo vinculado al acuerdo de deportación que hace que debamos mantener un ritmo alto de envíos. Lo principal es que las autoridades de extranjería estiman que es seguro volver a Rusia”, dijo el secretario de Estado de Justicia, Jøran Kallmyr.

La medida afecta solo a quienes tienen permisos o visados de larga duración, unas 700 personas, el 12 % del total de refugiados llegados desde el Ártico, asegura el Gobierno de coalición entre conservadores y ultranacionalistas, que aprobó hace dos meses restaurar los controles fronterizos de forma provisional.

El Partido de la Izquierda Socialista, una formación minoritaria en el Parlamento noruego, invitó ayer a los grupos de centro y a los laboristas a obligar al Gobierno a parar las deportaciones, una idea que sin embargo han rechazado alegando que es responsabilidad del Ejecutivo velar por que se cumpla el derecho internacional.

Pero tanto el Partido Liberal como el Partido Cristiano Demócrata, aliados externos del Gobierno, han enviado una carta a la primera ministra, la conservadora Erna Solberg, mostrando su preocupación y pidiendo cambios en la normativa.

“Confío en el juicio de las autoridades de extranjería en cada caso individual”, respondió Solberg, y resaltó que el Gobierno continuará con las deportaciones.

Noruega recibió el año pasado a 31.145 solicitantes de asilo, una cifra récord para el país y que supone casi el triple que la de 2014, según datos oficiales.