La última fase de la negociación entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes para llegar a un acuerdo de investidura a cambio de una ley de amnistía ha soliviantado a los habituales aliados de la derecha y la extrema derecha en la judicatura y las fuerzas del orden. Ambos colectivos profesionales son precisamente aquellos que deben aplicar las leyes con respeto al principio de neutralidad política. En las últimas horas se han referido a la negociación del Gobierno en términos muy duros: pronostican la “abolición del estado de Derecho” e incluso “el principio del fin de la democracia”.
Habituados a impostar el papel de sociedad civil, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa al ala más conservadora de la carrera judicial, y el sindicato de la Policía Nacional Jupol han cerrado filas con los partidos conservadores, incluso copiándoles consignas. Como PP y Vox, esas agrupaciones de jueces y policías difunden pronósticos apocalípticos sobre el futuro de España si el acuerdo de investidura se consuma, alejándose una vez más de su función de defensa de los intereses profesionales de sus afiliados. Y todo cuando ni siquiera se conoce el contenido de la ley cuyos flecos intentan cerrar PSOE y Junts en una negociación que lleva en marcha semanas.
Amparados en el eco que tienen sus pronunciamientos en un sector de los medios de comunicación, los 1.355 jueces afiliados de APM y los 25.000 policías –la mayoría de base– que reúne Jupol, copan el discurso público que trasciende a los partidos políticos, pese a constituir un porcentaje residual de la sociedad española. La pluralidad ideológica en otros sectores como la sanidad o la educación y la renuncia de sus miembros a actuar como agentes políticos dejan libre un espacio que inundan togas y uniformados alineados con los postulados de PP y Vox.
En ambos casos, las asociaciones corporativas retuercen su naturaleza para legitimar inmiscuirse en una cuestión política. “Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”, argumenta la APM. “Es un insulto que genera debilidad en la imagen de las instituciones policiales y, por lo tanto, una merma en el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, alega Jupol.
La APM es mayoritaria en la carrera judicial, si bien el colectivo más amplio entre los jueces y magistrados es el de aquellos que no están afiliados a ninguna asociación. Estos últimos son 2.408 de los 5.408 que están en activo, el 45%. Jupol, por su parte, fue el sindicato más votado en los comicios de junio pasado, en los que también perdió la rotunda mayoría de representación en el Consejo de la Policía que había obtenido en 2019.
El movimiento del caducado CGPJ
El comunicado de la APM fue enviado a los medios cerca de la medianoche del miércoles, a rebufo del movimiento de un grupo de vocales conservadores del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también contra una hipotética amnistía. A mediodía había trascendido que ocho de los diez consejeros elegidos en su día a propuesta del PP pretendían solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar una durísima declaración contra la normativa.
Finalmente, ese pleno se celebrará el próximo lunes. Sobre la mesa estará un texto que acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de buscar una amnistía para conseguir un “beneficio personal y político” y que afirma que la medida de gracia supone la “abolición del Estado de derecho”. Consultados por elDiario.es, algunos de los vocales que firman la propuesta reconocen que se refieren a una norma de la que no conocen su contenido. No obstante, consideran que su movimiento está justificado desde el momento en el que Sánchez argumentó que la amnistía es la única forma de “no dar una segunda oportunidad a Feijóo y Abascal”. También aludió, no obstante, a la “convivencia entre españoles” y la necesidad de cerrar la fractura del procès.
“Tras escuchar esa justificación constatamos que no importa lo que diga el preámbulo de la ley o cómo se regule finalmente la amnistía. Fue eso lo que lo cambió todo”, asegura uno de estos consejeros. A partir de entonces, se comenzó a fraguar el texto que se debatirá el próximo lunes. Los miembros del grupo conservador, que en los últimos meses habían evidenciado muestras de división, se han cohesionado de nuevo en torno a esta cuestión. “Las ideas estaban claras ante un tema tan relevante”, dice este mismo vocal.
Para que la declaración sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo depende de que pueda sumar algún apoyo más. No se espera que ninguno de los seis miembros del minoritario sector progresista vote a favor. La opinión mayoritaria en este grupo es que no compete al CGPJ hacer pronunciamientos sobre una iniciativa legislativa que ni siquiera se ha presentado. Algunos de sus miembros defienden incluso la necesidad de boicotear la reunión no asistiendo a la misma, si bien otros consideran que su obligación es acudir y confrontar los argumentos de los proponentes, aseguran las fuentes consultadas.
Las miradas se dirigen, por tanto, a los otros dos miembros del sector conservador que no han firmado la petición. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea y del presidente interino, Vicente Guilarte. No obstante, la mayoría de vocales creen que este último mantendrá una posición institucional y no dará su apoyo a esta iniciativa. Guilarte es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy y uno de sus principales clientes como abogado ha sido el Colegio de Registradores, donde fue alto cargo uno de los hermanos del expresidente del Gobierno.
Apenas doce horas después de que trascendiera esta iniciativa de los vocales conservadores, la APM también elevó el tono contra la amnistía con un duro comunicado. En ese texto, la asociación muestra su “más firme rechazo” ante esa hipotética ley y augura “el principio del fin de la democracia” si finalmente se aprueba. Se trata, a su juicio, de una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y vuela por los aires el Estado de Derecho.
Los jueces conservadores van incluso más allá y añaden que la amnistía para los condenados y encausados por el procés entraña el “grave riesgo” de que ese mismo trato pueda ser exigido por “quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”, en una clara alusión a la violencia de la banda terrorista ETA.
Por su parte, Jupol aprovechó su canal de Telegram para endurecer aún más el discurso contra el Gobierno progresista, ahora en funciones. ‘No al Pacto de Halloweeen, No a la Amnistía“, reza su título. En la tarde del martes, el Partido Popular fabricó un vídeo para X –antes Twitter– bajo la consigna: ”Con Pedro Sánchez siempre va a haber truco para que él haga su trato. Él invita. La factura la pagamos los españoles“.
De acuerdo con el razonamiento de Jupol, el desplazamiento de cientos de antidisturbios a Catalunya para contener los altercados contra la sentencia del procés en 2019 y, dos años antes, la votación del 1-O es motivo suficiente para no aprobar una ley de amnistía. “Si sale adelante quedará constatado que no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios”, sostienen.
El comunicado arranca con un novedoso argumento para justificar el pronunciamiento político de los policías. Se trata, dice Jupol, de “una ley con la que Pedro Sánchez pretende continuar en Moncloa y que supone un ataque directo a la Democracia, al Estado de Derecho, a la Separación (sic) de poderes, a la igualdad entre españoles y a la propia Constitución, de los cuales la Policía Nacional siempre ha sido garante”.
El nacionalismo extremo de Vox encandila a un amplio sector de las Fuerzas de Seguridad, pero la oportunidad de agitar la calle y utilizar la alta valoración de sus miembros por la sociedad española, y su previsible reflejo en la mayoría de los medios de comunicación, es algo a lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no renunciar. La última gran manifestación de policías y guardias civiles se acordó en la misma sede nacional del PP el pasado mes de diciembre.
Jusapol surgió en 2018 como una plataforma que reivindicaba la equiparación salarial con Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Se trata de una reivindicación histórica de los sindicatos policiales que aprovechaba el proceso independentista en Catalunya para atraer a los tres partidos políticos de la derecha –PP, Ciudadanos y Vox– a sus postulados y manifestaciones. Con la posibilidad de aplicar una amnistía a los líderes del procés, las posturas de los agentes ultras se han enconado, sumándose a la habitual retahíla de PP y Vox sobre la inmigración, la supuesta inseguridad ciudadana o la “ruptura” de España.
La política de tolerancia con sus pronunciamientos por parte del Ministerio del Interior ha dado un giro en los últimos días. Los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil estudian varios mensajes en X de la organización ‘hermana’ de Jupol en la Guardia Civil, Jucil, con motivo de la intervención de Pedro Sánchez en el último Comité Federal del PSOE. “La mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”, escribieron los guardias civiles de Jucil.
Un portavoz de Interior trasladó: “Han sobrepasado reiteradamente los límites de la defensa gremial para creerse una suerte de actores políticos, confundiendo los fines legítimos de su actividad y corrompiendo los valores de la Guardia Civil”. Ya ese día Jupol había lanzado mensajes similares en sus redes sociales. El comunicado de Jupol lanzado este jueves ha sido remitido a la División de Recursos Humanos de la Policía Nacional, junto a otros mensajes en redes del sindicato ultra, para determinar si incurre en algún tipo de falta disciplinaria.