Partido Popular, Vox y Ciudadanos han lanzado una campaña en defensa de Juan Carlos I coincidiendo con el primer aniversario de la huida del rey emérito a los Emiratos Árabes Unidos, a donde se marchó en agosto de 2020 tras conocerse las causas abiertas en la justicia por el origen supuestamente ilícito de su fortuna. Las tres derechas tratan de allanar así un posible regreso del anterior monarca a España –un deseo manifestado por el propio Juan Carlos I, según sus allegados, pero que no ha contado hasta ahora con el respaldo público del Gobierno progresista–, tras haber realizado dos regularizaciones fiscales millonarias. Pero también buscan atacar una vez más al Gobierno progresista, al que desde hace dos años acusan de querer abolir la monarquía, incumplir la Constitución y, directamente, acabar con el Estado.
La excusa para reactivar esas sospechas sobre el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha sido los mensajes lanzados el martes por la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, denunciando la “grave anomalía democrática” que a su juicio supone que el rey emérito lleve un año huido del país del que fue jefe del Estado durante 40 años y calificando de “indigna” su actitud, justo cuando las investigaciones de la Fiscalía y de Hacienda cercan su opaca fortuna.
Las sospechas de fraude fiscal y blanqueo mantienen vivas tres vías de investigación por parte del Ministerio Público y unas pesquisas en la Agencia Tributaria. Las dos regularizaciones voluntarias –que suman en total cinco millones de euros–, realizadas tras conocer que estaba siendo investigado, suponen el reconocimiento por parte del emérito de que evadió impuestos al fisco español y el intento de evitar investigaciones penales que puedan comprometer seriamente su futuro judicial. Pero la última, de 4,4 millones de euros, realizada a principios de año, motivó la última investigación de Hacienda sobre la procedencia de esos fondos.
Además, la primera que abrió la Fiscalía Anticorrupción hace más de un año, y que luego pasó al Supremo, indaga sobre los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí en 2008 y que en 2012 transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. Esa transferencia está siendo investigada por las fiscalías española y suiza por considerar que podría ser una comisión a cambio de que el monarca mediara para que las empresas españolas que construyeron el AVE a La Meca aceptaran una rebaja sustancial en el precio de las obras.
La más reciente de las pesquisas abiertas también por la Fiscalía en noviembre de 2020 es la que se centra en la existencia de un 'trust' [un grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios] que movió 10 millones de euros a una cuenta en la isla de Jersey en la que Juan Carlos I figura como beneficiario. Esas diligencias tienen su origen en un “informe de inteligencia” del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro y la que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
Esta no era la primera vez que en el Sepblac, departamento que depende del Ministerio de Economía, saltaban las alarmas en relación al emérito. Otro aviso de esta unidad está en el origen de otra investigación, revelada por elDiario.es, sobre los gastos que Juan Carlos I y otros familiares –entre ellos, la reina Sofía y algunos de sus nietos– hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda. Se trata de gastos posteriores a su abdicación y a que perdiera la protección constitucional que le hacía inimputable por todos los posibles delitos cometidos durante los casi cuarenta años que estuvo en el trono.
Con todo, PP, Vox y Ciudadanos se han lanzado en tromba contra el Gobierno que, dicen, no defiende la monarquía, porque uno de los socios, Unidas Podemos, plantea abiertamente su deseo de iniciar el debate sobre un horizonte republicano. Esta postura la relacionan ahora con el hecho de que el mismo martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su última rueda de prensa antes del descanso estival y tras verse con el actual rey en Mallorca, evitara valorar la situación de Juan Carlos I –sobre el que dijo que no habló con su hijo, Felipe VI–, no desacreditara las palabras de Belarra y se limitara a destacar la “actualización y transparencia de la Casa Real” gracias a la labor del actual rey, Felipe VI.
Para las derechas, las palabras de Ione Belarra, más que una exigencia de rendición de cuentas a un exjefe del Estado bajo sospecha judicial, son un “ataque a la jefatura del Estado para desgastar la monarquía”. Por ello, el hecho de que el martes ni Sánchez ni la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, desautorizaran a la ministra de Derechos Sociales evidencia un “silencio cómplice” del ala socialista del Gobierno respecto a esos supuestos “ataques” a la Corona. En realidad las tres derechas tratan de allanar así una posible vuelta de Juan Carlos I a España que los tres partidos respaldan alegando que, pese a las investigaciones en vigor, el rey emérito no tiene “cuentas pendientes” con la justicia.
Casado: “Quien calla otorga”
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, acusó este miércoles a todo el Ejecutivo de estar “participando de la erosión de las instituciones” que las derechas atribuyen al Gobierno progresista prácticamente desde su constitución, en enero de 2020. Ella misma, otros dirigentes del PP como su líder, Pablo Casado, y también políticos de Vox y Ciudadanos han hablado en los últimos meses de una supuesta deriva “dictatorial” de Moncloa, que según esa teoría buscaría acabar con el rey, la Constitución y la propia unidad de España por la alianza de los partidos de izquierdas y el apoyo parlamentario de las fuerzas nacionalistas e independentistas.
Gamarra insistía, en una entrevista en Onda Cero, en que para el PP “lo importante es la protección de las instituciones del Estado y no entrar en un camino” que pueda llevar a “debilitar” las mismas y a “cuestionarlas” ante la “inestabilidad del Gobierno de Sánchez y de los socios que” el presidente “ha elegido”. Desde su cuenta oficial de Twitter, el PP acusó directamente al jefe del Ejecutivo de “ser cómplice de quienes atacan a la monarquía” y Casado, en otro tuit, se refirió al silencio de Sánchez sobre las palabras de Belarra en los siguientes términos: “Quien calla otorga. Si el Gobierno es único, la responsabilidad es compartida”.
Esta tesis es compartida por Ciudadanos. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, que es abogado del Estado –ahora en excedencia por su dedicación a la política–, aseguró este miércoles que, aunque sigue pensando que la conducta del rey emérito “no es edificante”, ahora considera que “lo cortés no quita lo valiente” y que hay que reconocerle el papel que jugó en la Transición.
En abril, Bal dijo en una entrevista con elDiario.es que le daba una “vergüenza enorme” saber que el anterior jefe del Estado había admitido que había defraudado a Hacienda al acogerse a varias regularizaciones fiscales, la última de las cuales, en febrero, ascendió a más de cuatro millones de euros. “Reitero aquello que dije. Yo, que he dedicado mi vida a luchar contra el fraude fiscal, considero que son conductas muy poco edificantes y poco apropiadas para quien ha ocupado la más alta magistratura de la nación”, aseguró también este miércoles.
A continuación, en cambio, opinó que Juan Carlos I “es un ciudadanos libre, no se encuentra investigado ni sujeto a procedimiento judicial alguno” por lo que puede hacer lo que crea más conveniente si desea regresar a España, informa Carmen Moraga.
Bal mostró su “confianza en la Justicia” y en la investigación que está realizando la fiscalía del Tribunal Supremo, por lo que está convencido de que a al rey emérito “se le aplicará la ley como a cualquier ciudadano”. Al igual que los dirigentes del PP, el portavoz adjunto de Ciudadanos cargó contra Pedro Sánchez por no desautorizar las declaraciones de la ministra Belarra: “Es una vergüenza y clama al cielo que el presidente del Gobierno no defienda al actual jefe del Estado. Sánchez tiene que salir a defender de una forma inequívoca a la monarquía constitucional y al rey Felipe VI, que se ha comportado con una ejemplaridad fuera de toda duda”.
Un Gobierno ilegítimo
Desde Vox, sus máximos dirigentes se han manifestado en los últimos meses a favor de la vuelta de Juan Carlos I a España, han abogado por defender su legado y han acusado al Gobierno de buscar un “linchamiento” contra el anterior monarca. Santiago Abascal ha llegado a asegurar que “el rey emérito está mejor en España y los separatistas y bolivarianos, fuera”. “Nosotros somos un partido que defiende la monarquía constitucional, que entendemos la institución más valorada por parte de los españoles. Veo con tristeza la marcha de Juan Carlos, pero veo con más tristeza que no se marchen de España los terroristas y los separatistas”, apuntó él a los pocos meses de la huida del rey emérito.
El supuesto cuestionamiento de la monarquía por parte del Gobierno que repiten las derechas choca con el hecho de que el mismo martes Pedro Sánchez defendiera “todas las instituciones constitucionales” y alabara la labor de Felipe VI y su “transparencia”. Además, sirve a PP, Vox y Ciudadanos para volver a lanzar el mismo mensaje con el que martillean desde hace dos años: que el Gobierno es ilegítimo porque Pedro Sánchez ha pactado con Unidas Podemos y cuenta con el apoyo puntual en el Congreso de partidos independentistas catalanes y EH Bildu.