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Las derechas utilizan la medida cautelar sobre las grabaciones para atacar a Ábalos por su reunión con Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño del Congreso de los Diputados.

Iñigo Aduriz / Elena Herrera

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Apenas unas horas después de que anoche el juez de guardia de un juzgado de Madrid decidiera a instancias del PP pedir a AENA que conserve las grabaciones del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas del pasado 20 de enero, cuando se produjo allí el polémico encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, las derechas han vuelto a aprovechar este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso para atacar con dureza al propio Ábalos y al conjunto del Ejecutivo.

Aunque el presidente del PP, Pablo Casado, había registrado una pregunta sobre asuntos económicos, ha aprovechado su intervención para pedir a Pedro Sánchez que “se deje de mentiras” sobre la polémica reunión. “Usted bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana”, ha señalado el líder del PP.

Los populares sostienen que el auto del juez contempla que esas pruebas puedan contener información que vinculen a Ábalos con la comisión de un delito y así se lo ha recalcado el presidente del PP al jefe del Ejecutivo en el Congreso. “Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, dejénse ya de mentiras y cuente lo que saben de los vínculos de su Gobierno con el régimen de Maduro”.

El líder del PP también ha señalado que la “paradoja es que mientras los gerifaltes chavistas traen dinero y maletas, la inversión internacional se desploma un 80%” desde que Pedro Sánchez “protagonizó una moción de censura” contra Mariano Rajoy, en mayo de 2018. Este martes, el Congreso rechazó una moción del PP que planteaba “cesar” al ministro, aunque los grupos cuestionaron durante el debate la “desastrosa gestión” de la polémica por parte del Ejecutivo.

Esta mañana, Vox también ha utilizado el Pleno de este miércoles para hablar de Venezuela. Su portavoz adjunto, Ignacio Garriga, ha asegurado que ve al Gobierno como “marioneta” de Nicolás Maduro, por enviar al expresidente José Luis Rodríguez a “elogiar” a una “sicaria” como Delcy Rodríguez o al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a recibirla en el aeropuerto de Barajas. “Pero todos los españoles saben que hasta la mejor marioneta se puede ahorcar con sus propios hilos”, ha recalcado.

Qué dice el auto de la jueza

Todo este debate se producía después de que este martes, la jueza de Madrid Susana Trujillano, cuyo juzgado estaba en funciones de guardia, instara al gestor aeroportuario Aena a conservar las imágenes del circuito de videovigilancia del aeropuerto de Barajas que captaron el encuentro que Ábalos y Rodríguez mantuvieron en esas instalaciones en la noche del pasado 20 de enero.

La magistrada atendió así la medida cautelar urgente solicitada por el Partido Popular, que considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación al tener Rodríguez prohibida la entrada al territorio comunitario por el Consejo de la UE. En su auto, la jueza sostiene que de los datos expuestos en el escrito presentado por la formación de Pablo Casado “se desprenden indicios racionales de hecho delictivo” y acuerda, con el criterio a favor de la Fiscalía, aceptar su solicitud.

La jueza no atribuye, ni siquiera de forma indiciaria, delito ninguno a Ábalos y únicamente insta a Aena a conservar las imágenes, no pide poder visionarlas. De hecho, al estar en funciones de guardia, da traslado al juzgado de instrucción Decano de Madrid para que reparta las actuaciones al juez que le corresponda por turno, algo que puede llevar hasta diez días, informan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En todo caso, al ser Ábalos ministro y diputado en el Congreso, una hipotética causa contra él se seguiría en el Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado, y ante el que Vox ha presentado una querella por estos mismos hechos.

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