La desescalada del confinamiento que vive España desde hace más de seis semanas será el momento políticamente más delicado para el Gobierno desde su formación, hace poco más de 100 días. Del éxito o fracaso del plan asimétrico y de cuatro fases dependerá en buena parte el futuro de un Ejecutivo. El proceso, que el Gobierno afronta más solo que nunca, arranca la próxima semana y necesitará de sucesivas prórrogas del estado de alarma.
Vox mantiene su estrategia de confrontación directa y ya ha votado contra el Ejecutivo durante las últimas sesiones del Congreso, pero ahora es el apoyo del PP el que está en duda, tras una semana en la que Pablo Casado ha endurecido todavía más su discurso frente a Sánchez. Los votos de Ciudadanos, pese a su cambio de táctica, no garantizan por sí solos que las medidas salgan adelante en el Congreso. Y los aliados catalanes (ERC) y vascos (PNV) ya han advertido de que su apoyo está en duda, toda vez que Sánchez ha mantenido el control centralizado en el proceso de desconfinamiento.
“¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho, les importa poco, son conscientes de que la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros es Torquemada, Abascal y sus colegas? Esa es la alternativa, los que consideran que comer es socialcomunista”. La frase es del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control celebrada este miércoles. Y define muy bien el estado de ánimo entre los aliados del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
El dirigente independentista lanzaba la advertencia casi a la vez que su grupo anunciaba su ausencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se reunió el jueves en el Senado. Tampoco asistió ningún senador de Junts per Catalunya (JxC). Ni el Govern de la Generalitat, invitado como todos los demás a la cita de una comisión que se reúne muy pocas veces. Una de las últimas, para aprobar la aplicación del artículo 155 precisamente en Catalunya en el año 2017.
Sí asistió el PNV, que votó junto al PP en la Mesa del Senado hace ahora un mes precisamente para promover la convocatoria de la comisión. Una silla, la del PNV en la mesa del Senado, que el PSOE cedió a los nacionalistas vascos en la constitución de la Cámara Alta y en el marco de la negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez. Ya entonces, los jeltzales señalaron que la convocatoria de la comisión buscaba una gestión de la crisis “más coordinada y acordada” entre las administraciones autonómicas y la central.
Por aquellas fechas, el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Iñigo Urkullu habían mostrado profundas diferencias por la paralización casi total de la economía que ordenó el Consejo de Ministros para intentar detener la propagación del SARS-CoV-2. No solo el presidente vasco mostró su rechazo, tanto a las formas como al fondo.
Los votos del PNV, y los de ERC, son básicos para el Gobierno en la aprobación de sus medidas para combatir la crisis económica y social provocada por la pandemia. Pero la aritmética parlamentaria ha incluido desde el primer momento al PP y a Vox. Ambos grupos apoyaron en un principio los decretos de estado de alarma. El grupo de extrema derecha se retiró después al no, donde ha coincidido con la CUP y JxC. Los de Pablo Casado, por su parte, se plantean pasar a la abstención, después de apoyar todas las prórrogas hasta el momento.
El apoyo parlamentario a la extensión del estado de alarma ha ido decreciendo. De los 321 votos favorables de la primera, a los 269 de la última. Y podría seguir bajando. ERC ha avisado de que podría pasar de la abstención al no. Y el PNV, del sí a la abstención. El Gobierno podría ver cómo las prórrogas se aprueban, ya que es complicado que haya más rechazos que apoyos salvo que el PP dé el salto al no. Pero podría encontrarse con que sale adelante solo con los votos del PSOE, UP y algún grupo de los pequeños, como los regionales y Más País-Equo.
Sin alternativa viable
El Gobierno sabe de su debilidad. Pero también es consciente de que no hay una alternativa viable, menos en plena crisis sanitaria, económica y social. En las últimas semanas, entre críticas de los diferentes grupos, el Ejecutivo ha ido sacando adelante todos sus decretos. Tanto los de alarma como los que contenían medidas para paliar los efectos de la pandemia. Unos, los sacaba con apoyo del PP. Otros, con los aliados de la investidura. Pero, de momento, no ha perdido una sola votación.
El pasado miércoles, después de las palabras de Rufián que advertían a los de Sánchez de su enfado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantuvo un duro debate con la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás. La representante de la extrema derecha acusó directamente al Gobierno, y a Iglesias en particular, de ser los responsables de las miles de muertes que se han producido en residencias de ancianos a lo largo del país. Y llegó a señalar el “fanatismo” ideológico como el motivo.
La respuesta de Iglesias le sirvió también para devolverle a los aliados la misma pregunta que ellos habían hecho al Gobierno sobre la única alternativa que existe ahora mismo al Ejecutivo de PSOE y UP: otro de PP y Vox.
En el fondo de las quejas de ERC y del PNV está la pretensión, compartida por otras comunidades de diferente signo, de que sean los gobiernos autonómicos los que gestionen la desescalada.
No se trata de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pacte las medidas, algo que el propio presidente ofreció en la rueda de prensa en la que anunció el plan de desescalada y que luego han reiterado de forma permanente diferentes ministros, como Salvador Illa o José Luis Ábalos. En Catalunya y Euskadi quieren que el Gobierno dé por zanjado el estado de alarma y sean las comunidades autónomas las que tomen las decisiones. Así lo pidió expresamente Rufián el pasado miércoles.
Hasta ahora, el Gobierno se ha escudado en los criterios técnicos (médicos, científicos) para decretar el confinamiento, primero, y la hibernación económica, después. Estas indicaciones chocan con las necesidades de los sectores productivos y económicos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, lo explicó la semana pasada en el Congreso, a cuenta de la rectificación del Ejecutivo sobre la fórmula para permitir que los niños salgan a la calle, en una de esas frases que le convierten en uno de los oradores que menos traducción necesita: “Frente a la intransigencia de los expertos médicos, que no se quieren pillar ni el dedo meñique, no dieron con la solución más viable. Esos expertos seguro que dijeron 'ni un solo movimiento'. Y lo seguirán diciendo así 'in eternum'. Por eso les decía que gobernar va algo más allá”.
En juego también está la celebración de las aplazadas elecciones en el País Vasco, que el PNV quiere celebrar en julio, aunque no cuenta con el respaldo del resto de partidos.
El Ejecutivo recuerda que en el Congreso se pondrá en marcha la próxima semana la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica tras la COVID-19, cuya composición y planes de actuación fueron, dicen, consensuados con los aliados de la investidura.
En todo caso, el Gobierno defiende que la gestión debe estar centralizada para evitar un rebrote de los contagios que eche al traste con el esfuerzo colectivo del último mes y medio. Los dirigentes autonómicos, directamente o a través de sus consejeros, podrán aportar las propuestas que quieran para que sean analizadas por el recientemente compuesto comité de desescalada.
Dicho comité se ha convertido en el núcleo duro del Gobierno. En él están los cuatro vicepresidentes y los ministros decretados autoridades delegadas. Pero, además, han entrado dos personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez y de su socio de coalición, Pablo Iglesias. El director del Gabinete y el secretario general de Presidencia, Iván Redondo y Félix Bolaños, por el lado del jefe del Ejecutivo. Por el lado de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el jefe de Gabiente de Iglesias, el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez.
Sánchez anunció esta nueva composición durante el larguísimo Consejo de Ministros que aprobó el plan de desconfinamiento. Una reunión que tuvo que revisar entero el documento, que los ministros no habían visto previamente, según informaba La Vanguardia este jueves y ha confirmado eldiario.es. En la memoria de todos, la mala gestión de la decisión de permitir permitir la salida controlada de los menores de 14 años.
De hecho, el anterior comité de desescalada, presidido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, no había llegado a reunirse como tal. O, al menos, no con la presencia de las personas designadas por Unidas Podemos. Los presidentes autonómicos se han quejado de que no se les informe previamente de las decisiones del Gobierno. Algo que dentro del Consejo de Ministros también ocurre. El enfado en el socio minoritario de la coalición fue notable y Sánchez optó por reorganizar el comité, presidirlo él mismo y dar espacio a su socio.
La presencia de los máximo dirigentes del Gobierno y de sus principales colaboradores da cuenta de la importancia que da el Ejecutivo a la desescalada. De cómo se desarrolle esta dependerá superar definitivamente la crisis sanitaria, suavizar la crisis económica y contener la crisis social.