Sólo hay que ver una foto del líder de Desokupa para situarlo en los territorios de la marginalidad política. Cráneo rapado, camisetas de manga corta para marcar músculo, gesto agresivo, rodeado de tipos con la misma facha. Una imagen alejada de esos políticos en el Congreso que no prescinden del traje y corbata de lunes a viernes.
Sin embargo, Daniel Esteve también ha querido tener un papel protagonista en la campaña electoral subido a la ola de antisanchismo que han promovido el PP y Vox. De ahí la lona gigante que ha instalado en un edificio céntrico en Madrid con un mensaje en el que lo importante no es el ataque a Pedro Sánchez, sino la chulería de quien cree que se ha subido al caballo ganador y que tendrá la recompensa que se merece: “Desokupa ¡a la Moncloa!”.
Es lo que tiene el antisanchismo como forma de vida. Los compañeros de viaje no se presentan a las elecciones ni participan en los mítines, pero tienen su papel que ha sido promovido de distintas formas durante la legislatura. Lo que se puede llamar la campaña subterránea.
El modelo de negocio de Desokupa se basa en la intimidación con el argumento de que sus métodos son efectivos donde no pueden llegar las fuerzas de seguridad. Los segundos están limitados por lo que dicta la ley, con lo que es fácil imaginar a qué se dedican los primeros.
En la web del grupo, apareció una fotografía de Esteve haciendo el gesto del puñetazo. Se acepta como soporte gráfico del currículum vitae. A la hora de analizar su estrategia empresarial, no se requiere haber hecho un MBA.
“Es verdad que la televisión ha ayudado mucho”, dijo a este medio en 2021, “pero la fuerza que tenemos es por los vídeos en redes sociales”.
Sería muy ingrato por su parte negar el apoyo que ha recibido de los programas de Ana Rosa Quintana en Telecinco o el de Susanna Griso en Antena 3, que lo han entrevistado en numerosas ocasiones. Algunas de sus incursiones han sido publicitadas por esos programas con anuncios de que tendrían conexiones en directo en unos minutos.
La serpiente ha terminado mordiendo la mano que le traía roedores para alimentarlo. En los últimos meses, se ha lanzado contra Griso, que ha descubierto algo que era muy evidente desde el principio: “Buscan publicidad sin tener una orden legal de desahucio y eso no se puede hacer”. Está claro que la presentadora de 'Espejo Público' no había estado muy atenta o sólo estaba preocupada por los índices de audiencia.
Es lo que hicieron en Barcelona en mayo, pocos días antes de las elecciones municipales, al intentar forzar el desalojo de un edificio ocupado desde hace siete años sin que existiera una orden judicial. Se trataba de una iniciativa fuera de la ley, con el posible riesgo de provocar incidentes violentos, que al final convirtieron en una manifestación dirigida contra la entonces alcaldesa, Ada Colau. En términos de asistencia, no fue un gran éxito, con varios centenares de personas, pero la publicidad recibida en los medios, aunque sólo fuera por el peligro de un conflicto de orden público, no tuvo precio.
La ocupación de viviendas ha sido una de las principales fuentes de bulos y conspiraciones en la derecha y la extrema derecha en la última legislatura para gran alegría de las empresas de seguridad privada. El PP no ha necesitado que Vox le presionara en esa actividad. Se podría decir que el partido cuenta con una trayectoria contrastada.
No sólo se ha acusado al Gobierno de pasividad ante el problema, sino de complicidad activa. En ese campo de fantasías alucinógenas, nadie ha podido superar a Isabel Díaz Ayuso: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”, dijo en 2020.
Su Gobierno, como los de otras regiones controladas por el PP, pusieron en marcha líneas telefónicas para recibir denuncias de ciudadanos desatendidos por los tribunales. El resultado habla por sí solo: seis llamadas al día en Madrid, doce al mes en Murcia, 2,5 al mes en Galicia. No parece que haya una ola de ocupaciones.
En España existen cuatro millones de viviendas vacías (un 14% del total) con una distribución muy desigual entre regiones. Evidentemente, no han sido asaltadas por una manada de zombis con la mirada perdida.
Los allanamientos de morada –es decir, ocupaciones de viviendas habitadas– son un porcentaje ínfimo en los procesos judiciales que se pueden definir como originados por ocupaciones. Ahí no hay indefensión de la víctima. “Los ocupas no son tontos. Saben que si entran en una casa donde vive una familia, les van a echar pronto”, ha dicho un juez que conoce esos pocos casos. La alarma creada estos años está totalmente injustificada.
Otro caso diferente es el de pisos y locales comerciales vacíos desde hace años, propiedad en general de bancos y empresas. Cada año, el número de sentencias sobre estas ocupaciones es superior a 3.000. Los procesos judiciales siguen su curso por la vía civil con la velocidad o lentitud propia de cada juzgado.
Alberto Núñez Feijóo explicó esta semana que tiene ideas nuevas sobre el tema. No concretó nada. Habló de cambiar “leyes procesales” para agilizar todos esos trámites. A pesar de toda la alarma social promovida por el PP desde 2019 con el argumento de que el derecho a la propiedad privada se está viendo conculcado por los ocupas, todo lo que Feijóo puede aportar ahora es ponérselo más fácil a empresas y bancos en esos procesos.
El líder del PP dio la sorpresa en la entrevista con Ana Rosa Quintana al negar que las personas vulnerables sean los responsables de la ocupación. Era algo inaudito porque esa es la respuesta que han dado los partidos de izquierda y algunos medios cuando han hecho frente a la polémica generada por la derecha sin que eso sirviera para acallarla.
“Una persona que tiene un alquiler y no puede pagarlo no es un ocupa”, dijo Feijóo. Comentó lo mismo sobre las familias que no pueden pagar la hipoteca. “Esas personas son vulnerables”, añadió.
La ley de vivienda contemplaba esos casos de vulnerabilidad. ¿Cuál fue la respuesta del PP en su proceso de aprobación? Acusar a esa misma ley de favorecer a los ocupas. “Sánchez es una oportunidad fantástica para los ocupas. Es un chollo para los okupas, pero tengo que decirles que este chollo se terminará cuando Feijóo llegue al Gobierno”, afirmó Borja Sémper.
Es indudable que si el partido que ha provocado los incendios guarda las cerillas y el bidón de gasolina en un armario, a partir de ese momento, el nivel de la polémica descenderá. Éxito garantizado.
A veces es complicado conocer la posición de Feijóo. No es que la cambie cada día, sino que deja las opciones abiertas para finalmente escoger la que cree que más le beneficia. A veces está a favor o en contra de todo y luego decide cuál es su verdadera posición.
Lo mismo esto último es una elucubración sin sentido. El Partido Popular ha alentado la alarma social en esta legislatura con la ayuda de personajes tan siniestros como el dueño de Desokupa. Ahora le toca contemplar con distancia a los profesionales de la intimidación porque confía en que tiene garantizada la rentabilidad necesaria en número de votos. Los sicarios ya les han sido útiles durante el tiempo necesario.
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