Éstas son las cifras que el Gobierno ha facilitado al diputado de IU por Asturias Gaspar Llamazares, quien pedía al Gobierno que le informara del número de detenidos y heridos en esas movilizaciones contra los recortes sufridos por este sector, así como el coste del despliegue policial, un dato que, sin embargo, el Ejecutivo no especifica.
En su respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, sólo apunta que los únicos gastos extraordinarios que hubo del personal fueron las dietas de los efectivos desplazados y que el traslado de estos agentes se llevó a cabo en los vehículos de las unidades que participaban en el dispositivo. Tampoco da cuenta del coste de los medios antidisturbios y otros tipo de material utilizado porque, dice, “no puede cuantificarse”.
67 ATESTADOS Y 211 DENUNCIAS
Lo que sí detalla el Gobierno es el número de detenciones que se efectuaron desde el inicio del conflicto, 97, y del número de agentes que resultaron lesionados durante los disturbios: 32 guardias civiles y 84 policías, en su mayoría, recalca, por impacto de objetos contundentes lanzados por manifestantes y por piquetes que obstruían vías de comunicación con barricadas incendiadas. Además, los agentes instruyeron 67 atestados y 211 denuncias administrativas.
En su contestación, el Ejecutivo también subraya que todas las intervenciones policiales que tuvieron lugar con motivo de las distintas movilizaciones del sector minero se adecuaron “al principio de proporcionalidad en el empleo de efectivos y medios”.
“La actuación de las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha dirigido a proteger los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, previniendo altercados y garantizado el funcionamiento de transportes y servicios, así como la libre circulación por las vías públicas, respetando el legítimo derecho a la huelga en el sector de la minería”, añade.