La Guardia Civil ha cerrado esta mañana la última fase de la operación ‘Mar Nuestro’, dirigida contra la ‘trama inmobiliaria’ de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En total han sido nueve detenidos y otros 11 imputados por los 216 millones de dólares concedidos como crédito a varios empresarios de la zona de Levante para inversiones hoteleras en el Caribe. Los beneficios se repartían presuntamente entre los exdirectivos de la CAM que habían concedido los créditos y los empresarios a través de paraísos fiscales.
La investigación parte de la denuncia presentada en 2012 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) , que se hizo cargo de la CAM tras ser intervenida por el Banco de España. Según ha puesto de manifiesto las pesquisas, el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y su mano derecha, Daniel Gil, concedieron los créditos eludiendo los procedimientos internos de control, con la colaboración del director de Riesgos C. V..
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que dirige la investigación, dictó contra los tres orden de detención ante la sospecha de que pretendían huir a Curaçao, las antiguas Antillas Holandesas, país con el que no existe convenio de extradición. “Cuenta con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia”, según recoge el auto de detención dictado por el juez.
Entre estos y los empresarios habrían tejido una trama societaria para derivar a paraísos fiscales las ganancias de los hoteles de lujo radicados en México, República Dominicana y Costa Rica, según la investigación de los guardias civiles adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. Esos hoteles pertenecen al grupo Sandos/Mancorfort, al frente del cual están los empresarios imputados Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. A través de su empresa eran propietarios del 70 % de Valfensal, la filial inmobiliaria de la CAM. El otro 30 % estaba en manos de la Caja. La sede de Sandos/Marconfort en Palma fue registrada ayer y detenida una empleada, María de las Nieves Tarrés Lormán, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Sus jefes no fueron detenidos por encontrarse en el extranjero.
Para la creación de la citada trama societaria, los empresarios y exdirectivos pagaron por el asesoramiento del despacho Garruigues. Los agentes registraron ayer dos bufetes de la capital alicantina y se incautaron de documentación en soporte informático y papel. El juez calcula en unos 31 millones de euros el dinero defraudado por la trama. Los detenidos están acusados de apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y administración fraudulenta,
Declaraciones ante el juez
La Guardia Civil ha puesto esta mañana a disposición del juez a C. V., que se negó a declarar. Gómez Bermúdez le dejó marchar con cargos. A lo largo de la jornada declararán Löpez Abad, Daniel Gil y otros dos arrestados. Estos podrían ser el abogado Francisco Climent y Víctor Sánchez Asensio, ambos detenidos ayer en Alicante. El resto quedarán en libertad pendientes de comparecer ante el juez junto a los otros once imputados.
López Abad y Daniel Gil ya fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios Ferri y Baldó. Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de “racionalidad económica”. “En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones”, aseguraba.
Gómez Bermúdez mantiene abiertas cuatro piezas en el caso de CAM. López Abad ya estaba imputado en otras dos piezas separadas, la que investiga la venta a miles de clientes de preferentes y participadas, y la que indaga en las prejubilaciones que se asignaron los directivos de la Caja falseando presuntamente los balances de la entidad. En la tercera pieza se investiga a Juan Ramón Avilés, exdirector de Riesgos de la entidad, quien aprobó para empresas que controlaba a través de testaferros, créditos de ICO e ICREF concedidos por la CAM.