Ni en todas las películas de Marvel se ha visto una confabulación tan poderosa como la que denunció el miércoles Isabel Díaz Ayuso. Lo repitió más de una vez. A su victimismo habitual siempre que recibe críticas, unió otro damnificado, su pareja, al que la Agencia Tributaria le acusa de defraudar 350.951 euros después de un intento chapucero de reducir sus beneficios al mínimo para no tener que pagar impuestos por todos. Resulta que ella sostiene que es todo al revés. Hacienda debe dinero a Alberto González Amador, dice, en concreto 600.000 euros, y es la punta de lanza de “todo el poder del Estado” contra un pobre hombre –pobre en sentido figurado– que ha cometido el pecado de liarse con ella o puede que enamorarse (lo segundo queda más bonito).
El día fue abundante en más revelaciones sobre los negocios de Amador y su estilo de vida. Su trabajo como administrador de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Un Maserati de 80.000 euros comprado con las ganancias gigantescas de los últimos y cuestionados años y del que no se ha molestado en pagar las tasas y seis multas de tráfico. Si no pagas el Impuesto de Sociedades, tampoco te vas a molestar con las multas. Este es de los que no pagan nada.
El contraataque de Ayuso tuvo rasgos idénticos a otras reacciones suyas, como cuando se cuestionaron las comisiones cobradas por su hermano por vender mascarillas al Gobierno que ella preside. Pero esta vez hubo más. En la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno en Leganés, se la vio nerviosa y con la voz temblando en algunos momentos. Lo curioso es que afirmó que es Pedro Sánchez el que está muy afectado: “Algo le sucede para estar así nervioso”. Quizá es que aquí todo el mundo está de los nervios.
Lo que ella tenía claro es que hay que investigar a los que investigan a su novio. La Agencia Tributaria ha realizado una “inspección salvaje” –con la precisión de “hasta donde yo sé”– y “sacada de quicio”. Prácticamente, sugirió que los medios investiguen cómo se han difundido las noticias sobre esos problemas fiscales y el presunto delito. “Estoy sorprendida cuando el afectado no sabe nada y los datos son filtrados en las redacciones”.
Lo primero es manifiestamente falso. González Amador sabe desde hace tiempo que el fisco le investiga y pudo presentar sus alegaciones. Ese proceso administrativo queda interrumpido mientras dure la investigación penal después de que el caso haya sido entregado a la Fiscalía de Madrid, como es legalmente preceptivo, y de ahí haya pasado a un juzgado.
“Mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté ante notario, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”, dijo, como si el Gobierno quisiera elegirle los novios. Nadie le había preguntado por la cama. Residir en una gran vivienda que podría haberse comprado con los ingresos de un pelotazo sospechoso de incluir un fraude fiscal afecta a su imagen, como le pasaría a cualquier político en su posición. Vete a EEUU o Reino Unido y pregunta a los periodistas si esa información no aparecería en todos los medios.
Sin embargo, para Ayuso, todo es un abuso con el fin de destruirla. Insistió en lo de “todo el poder del Estado” y sólo le faltó hablar de una coalición de fuerzas sobrenaturales que se ceban con una mujer que sólo quiere ser feliz con su novio y su Maserati.
En esa coalición, habría que incluir al propio González Amador al saberse a última hora del miércoles que su abogado ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo el 2 de febrero por el que aceptaba declararse culpable de los delitos con el fin de evitar el juicio y alcanzar un pacto sobre la pena en lo que es una práctica habitual en los pleitos con la Audiencia Tributaria. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, decía el texto.
En una curiosa coincidencia, El Mundo publicó lo contrario, que la Fiscalía había ofrecido ese acuerdo para que aceptara declararse culpable. Casi al mismo tiempo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, publicó en Twitter la misma información a las 22.41, añadiendo que la oferta fue retirada antes de recibir una respuesta por “órdenes de arriba”. No hay que ser Sherlock Holmes para saber quién era la fuente de El Mundo. El Gobierno envió un email a varios medios haciéndoles ver que era el inicio de una oferta de la Fiscalía cuando en realidad se trata del último mensaje de una conversación iniciada por el abogado de González Amador
En la sesión de control del Congreso, el Partido Popular utilizó los mismos argumentos que una semana atrás. No ha habido grandes novedades del 'caso Koldo' estos días y sí un goteo de titulares que añaden descrédito al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos y por tanto al Gobierno de Sánchez de la anterior legislatura. El PP insiste en pedir la dimisión de la presidenta del Congreso y de ministros que no están siendo investigados o que sólo compraron material sanitario a una trama de gente que será juzgada, la misma situación en la que ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No tiene pruebas concretas de delitos, pero eso es un inconveniente en los tribunales, nunca en el Parlamento.
Donde no llega la realidad, llega la ficción. Por eso, Feijóo dijo a Sánchez: “Se le está investigando a usted”. No dijo dónde.
Sánchez respondió con el tema de Ayuso desde el primer minuto. Estaba cantado. Exigió que el PP fuerce la dimisión de la presidenta, como si eso fuera posible. No le pareció suficiente y pasó a dedicar el escaso tiempo de intervención a un resumen de la relación de Feijóo con Marcial Dorado, que es una historia que empieza a oler a viejo. Lo que no hizo fue responder a las preguntas de la oposición sobre la pasada relación de su mujer con Globalia.
Hasta ahora, el PP se había limitado a insinuaciones y amenazas veladas. “Seguro que en casa no están muy contentos”, le dijo Feijóo. Gamarra habló del rescate de empresas “íntimamente relacionadas con su Gobierno”. Ese es el nivel que los políticos suelen considerar ser ingenioso. Después del pleno, dio un paso más, pero habría que llamarlo pasito.
Presentó una reclamación en la Oficina de Conflictos de Intereses con el argumento de que Sánchez debería haberse abstenido de participar en las decisiones sobre las ayudas del Gobierno a Air Europa. Se canalizaron a través de la SEPI y consistieron en dos préstamos de 240 y 235 millones de euros. Además, hubo otro crédito avalado por el ICO de 140 millones. En total, 615 millones. La denuncia del PP cita los patrocinios aportados por Globalia, dueña de Air Europa, a la ONG que dirigió Begoña Gómez, esposa del presidente, hasta junio de 2022.
Las ayudas públicas permitieron sobrevivir en la pandemia a esa aerolínea con centenares de millones de pasivo y pérdidas similares en 2020. No fue el único caso en Europa ni de lejos el más caro. El Gobierno francés aportó una recapitalización de 4.000 millones de euros a Air France y el holding Air France-KLM, así como un aval por el 90% de un préstamo a la compañía. El Gobierno alemán entregó 6.000 millones de euros en ayudas estatales a Lufthansa. La Comisión Europea autorizó las decisiones, pero fueron anuladas por los tribunales europeos con una sentencia que fue recurrida.
En el pleno del miércoles, se apreció otra fisura más, esta dentro del Gobierno. Yolanda Díaz no ahorró su malestar con el show de puñetazos y trompadas. Dentro de ese ambiente surrealista, Miguel Tellado tenía prevista una pregunta para ella que decía: “¿Qué opina usted del indulto por delitos de corrupción?”. Pero nada más empezar, le dijo: “La pregunta no va con usted”. Vamos, que lo de preguntar a Díaz era una excusa para largar un discurso.
“No voy a contribuir a este espectáculo”, respondió Díaz. “La corrupción erosiona la democracia”. No se metió a tope en el 'y tú más', pero recordó al final que Aznar fue el que más indultos concedió por delitos de corrupción (139). Gran algarabía en los escaños del PP, mientras Francina Armengol estaba paralizada en la presidencia, como lo estuvo también con los abucheos que esos diputados dedicaron a Mónica García.
Los ministros socialistas no aplaudieron a Díaz porque les parece que no les está apoyando en esta lucha descarnada con el PP –recordó que el Gobierno de Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz–, y porque no ha forzado a los comuns a que se unan al pacto presupuestario de ERC y PSC. El fracaso de ese acuerdo ha hecho que Pere Aragonès convoque elecciones anticipadas para el 12 de mayo, una cita que le llega demasiado pronto al Gobierno, antes y no después de las elecciones europeas.
La decisión a última hora del día tuvo una víctima inmediata. El Gobierno tuvo que reconocer que no será posible aprobar los presupuestos de este 2024 y que toca esperar a los de 2025 para presentar nuevas cuentas. La supervivencia del Gobierno no depende tanto de la habitual crónica de sucesos del Parlamento, sino de sus socios catalanes y su incapacidad de aprobar nuevos presupuestos. La construcción de un supercomplejo de casinos y hoteles, al que se oponen los comuns, ha provocado el fin de la legislatura en Catalunya y un fuerte revés para Sánchez y su política económica.
Quién iba a decirlo. Ni la bronca del caso Koldo ni las comisiones del novio de Ayuso. Lo que ha provocado el último y más decisivo shock ha sido un Eurovegas a la catalana. Qué paciencia hay que tener con la convulsa política española.
Nota: artículo actualizado con la maniobra del Gobierno de Díaz Ayuso para hacer creer a los medios que la Fiscalía ofreció un acuerdo a la defensa del González Amador cuando en realidad fue al contrario.
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