Cuando este martes 29 los presidentes del Gobierno y de la Generalitat se hayan visto en La Moncloa, en plena resaca tras la concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por el procés, habrá quedado ya activada la operación diálogo con Catalunya. El encuentro, más protocolario que político, se enmarca en la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, si bien se espera que de él salga una fecha aproximada de la reunión de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán. El independentismo no pondrá reparos a que se celebre después del verano y todo indica que así será en tanto en cuanto en el Gobierno son partidarios de utilizar todo julio para construir el marco de la negociación y, una vez ya dibujado, sentarse a la mesa de trabajo en septiembre. Otra cosa será el ritmo de los trabajos y el horizonte temporal para alcanzar un acuerdo que permita el encaje jurídico-político –pero también emocional– de Catalunya en España.
Cuando Aragonés y Sánchez se vean esta semana lo harán sabiendo ambos que el plazo que Junts le ha exigido a ERC para obtener algún resultado de la mesa de diálogo es de dos años. Y también que al Gobierno le parece que ese es un horizonte temporal razonable para avanzar en la solución. ¿Un final feliz? Para el Ejecutivo de Sánchez, sería, sin duda, la recuperación de las partes seccionadas por el Constitucional del Estatut que los catalanes avalaron en referéndum en 2006 y que el independentismo aparque el mantra de la autodeterminación o al menos “reconozca que con esta generación no será”, como hizo el PNV tras el fracaso del Plan Ibarretxe, anhelan fuentes socialistas.
“El nacionalismo vasco, que no ha renunciado a la independencia de Euskadi, tuvo su propio procés y hoy es consciente de que no es el momento”, apostilla el mismo interlocutor, para quien es importante que los republicanos llenen de contenido y de institucionalidad ese “mientras tanto” que proclama Gabriel Rufián y que precisará de decenas de reuniones fuera de foco hasta llegar al otoño de 2023. En noviembre de ese año se cumplirían cuatro desde las últimas generales y Sánchez confía en que para entonces la economía vuelva a crecer con vigor, la pandemia se haya olvidado y el conflicto catalán esté encauzado. De momento, la propuesta que el Gobierno llevará en septiembre a la mesa de diálogo, aseguran fuentes que trabajan en la agenda para el reencuentro, contiene todas las reivindicaciones hechas por la Generalitat en la última década, fundamentalmente económicas y de infraestructuras, pero también sobre políticas sociales y competenciales.
La Constitución, única línea roja
Cuando el president de la Generalitat regrese a Barcelona de su entrevista con Sánchez lo hará con una invitación a que el independentismo mueva ficha y, en septiembre, supere posiciones maximalistas y lleve propuestas a la mesa de diálogo que estén dentro del marco constitucional. Esa será la única línea infranqueable para el Gobierno de España hasta avanzar hacia una solución de consenso.
Cuando el miércoles 30 Sánchez abandone el Congreso de los Diputados tras su comparecencia para explicar los motivos que le llevaron a conceder los indultos a los líderes del procés, el Gobierno cree que la polémica sobre la medida de gracia estará amortizada y que tras su “campaña de persuasión” y el despliegue concertado de los ministros por los medios de comunicación ya será difícil encontrar a alguien de la comunidad progresista que esté en contra de la decisión.
Cuando el presidente llegue el próximo 3 de julio al Comité Federal del PSOE se habrán aplacado las críticas internas sobre la condonación de las penas de cárcel a los independentistas. De hecho, las que quedan en el ámbito interno ya son tibias. Hasta Felipe González, el más crítico entre los críticos, ha pedido esta semana que se dialogue, se hable y se busquen espacios de entendimiento, que es lo que deben hacer los “operadores políticos''. En todo caso el máximo órgano entre congresos de los socialistas ya no es un espacio de debate ni un lugar donde se cuestione la estrategia o las decisiones del secretario general. Eso era antes del particular y traumático 1 de octubre de los socialistas.
Cuando a mitad de julio el actual inquilino de La Moncloa reúna a la Conferencia de Presidentes, ya se habrán apagado los ecos de los indultos, el Gobierno intentará pasar la página de la COVID-19 con más de la mitad de la población ya vacunada y hablará mucho del reparto de los fondos europeos, la recuperación económica y la España post pandemia.
Cuando Pablo Casado se vaya de vacaciones este verano lo hará sabiendo que en su inflamada cruzada contra el Ejecutivo se ha quedado solo, más allá de su coincidencia argumental con Vox y los náufragos de Ciudadanos. Al respaldo de los sindicatos, el presidente de la CEOE, los empresarios y los obispos catalanes se ha sumado también la Conferencia Episcopal. Su secretario general, Luis Argüello, ha pedido en relación al conflicto catalán que se abandonen “actitudes inamovibles” que hagan más difícil abordar un asunto “cada vez más enquistado”. No le hizo falta poner nombres ni siglas, pero sí subrayar que la jerarquía de la Iglesia “está con el diálogo”.
Un gabinete al que se identifique con la recuperación
Y cuando todo esto haya pasado y avance el mes de julio, todo indica que Sánchez tendrá un nuevo Gobierno. Entre quienes le aconsejaban que aplace la remodelación de su gabinete para después del verano, concretamente en vísperas del Congreso Federal del PSOE en octubre, y quienes le susurraban que es mejor hacerla antes de las vacaciones de agosto, van ganando peso los segundos. En Ferraz dan por descontado que será en julio, que la remodelación será profunda y que los nuevos ministros tendrán un marcado perfil político. No en vano, tras la concesión de los indultos, el acelerado ritmo de vacunación y la lluvia de millones que están a punto de llegar de Europa, Sánchez “quiere dar un nuevo impulso a lo que resta de legislatura y que al nuevo equipo se le identifique claramente con la recuperación económica”, aseguran fuentes socialistas.
Todos los caminos transitados por Sánchez durante junio llevan por tanto a una temprana crisis de Gobierno. “Es la mejor forma de acabar con la interinidad en la que se encuentran algunos ministros y hasta sus segundos niveles, que se ven en la cuerda floja desde hace semanas y han entrado en shock”, relatan fuentes gubernamentales. Entre los que se ven más fuera que dentro están los que ya han asumido la retirada y aguardan ya solo el relevo y los que “están en campaña para salvarse”, asegura un miembro del Gobierno. Por tanto, el de la interinidad, añade la misma fuente, es un argumento a favor para que la remodelación del gabinete se afronte antes de que llegue agosto y una vez amortizado el debate sobre los indultos en cuanto pase el 30 de junio.
De quienes entran y quienes salen nada se sabe, más allá de los rumores extendidos en el seno del propio Gobierno, donde se especula con el relevo de los titulares de Interior, Exteriores, Cultura, Seguridad Social y hasta Justicia. ¿Posibles sustitutos? Haberlos, haylos. Pero, como dicen en el PSOE, “si quieres matar a un ministro antes de que lo sea, lo mejor es meterle en una quiniela”. Los antecedentes se cuentan por docenas y los nombres que baraja Sánchez solo están, de momento, en su cabeza. Solo a él, como dicen las 'creativas' notas de prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación, le corresponde esa prerrogativa. Y también la del momento. Veremos...