El 15 de junio de 2011 centenares de personas trataron de impedir que los diputados entraran al Parlamento de Cataluña. El objetivo era impedir la aprobación de los primeros recortes que el Gobierno de CiU ponía en marcha. Entre los ajustes presupuestarios en los servicios públicos que planteaba el Ejecutivo de Artur Mas, el sistema público de sanidad catalana ocupaba un lugar destacado.
La reforma planteaba, por ejemplo, restringir el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que no llevaran al menos seis meses empadronados en un municipio catalán y abría los centros públicos a la asistencia privada. Esta última medida provocó que el hospital de La Seu d’Urgell atendiera antes a los enfermos que entraban a través del sistema privado que a los usuarios del público.
Una de las personas que iba a participar en la votación del 15J precisó de asistencia médica por culpa de los incidentes que se produjeron a la puerta del Parlamento catalán. Según el parte médico que le fue extendido y al que ha tenido acceso eldiario.es, la diputada sufrió una crisis de ansiedad.
La crisis fue atenida primero en los pasillos del edificio, según el informe que obra entre la documentación de la causa que estos días juzga la Audiencia Nacional. Con posterioridad fue trasladada al propio servicio médico del Parlamento. Un servicio que pagan las arcas públicas y que presta la mutua Asepeyo.
La protesta, convocada bajo el lema 'Aturem el Parlament' ('Paremos el Parlamento'), derivó en fuertes disturbios provocados por la intervención de los Mossos d'Esquadra para despejar el acceso al edificio. Casi cuatro años después, 20 personas sque participaron en los hechos son juzgadas en la Audiencia Nacional y enfrentan penas de hasta ocho años de cárcel.