El diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude, ha afirmado este miércoles que si Ciudadanos antepone su dimisión a apoyar la investidura de Mariano Rajoy y si se lo pide su partido, él dejará su escaño. De momento, Ciudadanos ha pedido “información” sobre su caso y ha querido diferenciar entre “corrupción política” y “mala praxis”.
El diputado y exalcalde de La Vall d'Uixó ha afirmado estar “100% a disposición del PP” y ha dicho que si el partido considera que es “un problema para la investidura” dimitirá “sin dudarlo”, independientemente, ha aclarado, de lo contenido en los Estatutos del PP.
Clavell ha asegurado que pese a que él afirmó que dimitiría si se producía la apertura de juicio oral -postura compartida por el presidente provincial del partido, Javier Moliner y la presidenta regional, Isabel Bonig- él “antepone” los intereses de España a los personales y si de su dimisión depende el apoyo a un Gobierno del PP estaría dispuesto a dejar su escaño.
La jueza que instruye el caso ya dictó el auto de procesamiento pero como Clavell es diputado nacional su caso debería tratarlo el Tribunal Supremo.
El diputado ha indicado que Ciudadanos ha pedido información sobre su procesamiento, algo “lógico y razonable”, a su juicio, porque “ellos quieren saber y yo quiero que se sepa”, ha apostillado.
Con toda la información a su disposición, ha señalado, Ciudadanos “podrá diferenciar un caso de corrupción de un caso administrativo”, y ha asegurado que lo aportado a esa formación política “lo deja claro”.
En su opinión el caso se debe a una “denuncia política” de PSOE e IU. En 2010, como alcalde en funciones cuando sustituía a la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, autorizó el pago de facturas por valor de 707.000 euros a la empresa de limpieza viaria y transporte de residuos urbanos Secopsa, una adjudicataria habitual de varias administraciones valencianas bajo control del PP.
La jueza de Nules que instruye el caso apreció indicios de delito en el comportamiento de Clavell ya que actuó “pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio” le advirtió de que éste “no se estaba ejecutando correctamente”.
Tanto Clavell como Bonig han quitado hierro al asunto, aunque no han explicado qué lleva a un edil a un ordenar un pago enorme en ausencia de su superior, la alcaldesa. El diputado ha asegurado que lo hizo “para que se pagara la nómina a 40 trabajadores por un servicio que se había prestado”.