Los cuatro diputados independentistas del Congreso espiados por el sistema Pegasus según el grupo de investigadores de Citizen Lab y que siguen en activo han remitido este lunes una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, solicitándole amparo e instando al Parlamento a investigar lo ocurrido con la infección de sus dispositivos móviles a través del programa de espionaje que solo pueden adquirir los gobiernos.
En la misiva, Albert Botran (CUP), Jon Iñarritu (Euskal Herria Bildu), Miriam Nogueras (Junts) y Ferran Bel (PDeCAT) consideran que “un hecho doblemente grave” del caso “es que entre las más de 60 personas espiadas hay varios cargos públicos en ejercicio de su cargo”, entre ellos estos cuatro diputados en activo además del exparlamentario Sergi Miquel, también del PDeCAT.
“Como miembros de las Cortes Generales, consideramos que no solamente se nos habrían vulnerado nuestros derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad. La libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la libre expresión de la misma han quedado gravemente comprometidas y amenazadas. Con ellas, el pluralismo político y la democracia”, sentencian.
Asimismo, consideran que “habida cuenta de las relaciones políticas que se mantienen por parte de estos grupos con el resto de las fuerzas políticas, indirectamente este caso de espionaje ha supuesto un ataque a todo el Congreso de los Diputados y a su funcionamiento efectivo”.
Los afectados recuerdan que “la inviolabilidad de la Cámara (Art. 66.3 CE) es una garantía institucional que es condición necesaria para asegurar la independencia del Congreso de los Diputados”. Por ello, y ante el “ataque” a su “actividad política” y sus “derechos fundamentales”, solicitan “amparo a la Presidencia” y le instan “a investigar quién está detrás de esta intrusión” en sus dispositivos telefónicos y “a tomar las medidas oportunas para que un hecho similar no se pueda volver a producir”.
No habrá una investigación de oficio
La pasada semana tanto la Presidencia del Congreso que ejerce Meritxell Batet como los servicios jurídicos de la cámara no tenían previsto iniciar una investigación específica de estos aparatos, para conocer si los de los espiados, o los de otros diputados, están realmente están infectados con Pegasus.
Fuentes autorizadas de la dirección del Parlamento consultadas por elDiario.es explicaron que “por el momento” no estaba prevista ninguna actuación de oficio para esclarecer si esos móviles habían sido intervenidos y se están utilizando para espiar su contenido. “Como siempre, si algún diputado tiene alguna duda o quiere realizar alguna consulta puede recurrir a los servicios informáticos de la cámara, que están a su disposición”, añadieron esas mismas fuentes.
Cuando los diputados adquieren su condición, el Congreso les ofrece de forma gratuita un móvil, una tablet y una conexión ADSL en sus respectivos domicilios, todos ellos servicios que sufraga la Cámara Baja. La mayoría de ellos los aceptan y los utilizan para sus relaciones con otros parlamentarios, para intercambiar iniciativas o consensuar medidas. Por eso a lo largo de la semana, desde los grupos independentistas afectados que tienen representación parlamentaria se había solicitado a Batet que adoptara medidas para esclarecer lo ocurrido con esos terminales.
El Congreso no abrirá una investigación ad hoc, y adopta una postura similar a la del Parlamento Europeo, que se ha ofrecido a analizar los dispositivos de los eurodiputados –cuatro europarlamentarios independentistas figuran también entre los espiados– en presencia del propietario del móvil para saber si son víctimas de espionaje.