En España, la corrupción y las imputaciones judiciales han llegado a tumbar gobiernos a escala nacional. Sucedió con Felipe González en 1996 y con Mariano Rajoy en 2018. Pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas los cabezas de lista salpicados o directamente imputados en causas judiciales han obtenido resultados dispares. Candidatos y candidatas del PP como los de Arroyomolinos, Marbella o Badalona han triunfado con mayorías absolutas mientras que otros vinculados al PSOE como los de Ibiza o Móstoles han perdido el bastón de mando. En otros territorios como Cuadros (León) el ganador llegaba imputado a la urnas y acaba de ser condenado en la trama Púnica por corrupción. “La corrupción no es un asunto de moda”, analiza la politóloga Carmen Lumbierres.
En la Comunidad de Madrid dos candidatas encabezaban las listas para retener las alcaldías en los municipios de Móstoles (207.000 habitantes) y Arroyomolinos (30.000). En el primero, la socialista Noelia Posse perdió la alcaldía que ostentaba desde 2018 ante la victoria del PP, que con la ayuda de Vox alcanza la mayoría absoluta. La segunda ciudad más grande de Madrid después de la capital se ha decantado por cambiar de regidora después de que Posse se haya visto envuelta en dos tipos de escándalos en los últimos años.
Por un lado, por la contratación de sus propios familiares en el consistorio y, por otro, el caso ITV: recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la causa contra ella y otros miembros de su corporación por supuesto trato de favor a una empresa a pesar de que mantenía deudas con la corporación municipal. En un primer momento, el juzgado había entendido que no solo no había delito sino que había hecho lo mejor para las arcas municipales.
Los resultados de Posse y el PSOE en Móstoles contrastan con los cosechados por el PP en Arroyomolinos, donde ha mejorado mucho desde 2019 y podrá seguir gobernando con la ayuda de Vox. La candidata y alcaldesa, Ana Millán, 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional, revalida el mandato en plena investigación judicial por supuesta corrupción política y cobrar de un empresario contratista de su ayuntamiento. Ha pasado de los cinco concejales que consiguió en 2019 a los ocho ediles que le permitirán retener la alcaldía con el apoyo de la ultraderecha y también ha conseguido un escaño en la Asamblea regional, lo que implica que estará aforada y su caso pasará a manos del Tribunal Superior de Madrid.
Otro candidato del Partido Popular ha conseguido una aplastante mayoría absoluta a pesar de concurrir imputado a los comicios municipales. Se trata de Xavier García Albiol, que concurrió a las urnas en Badalona imputado por una instalación supuestamente irregular de antenas cuando era alcalde y con una petición de dos años y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía. El éxito electoral pocos meses después de conocerse la petición de prisión ha sido inapelable: 18 concejales, cuatro por encima de la mayoría absoluta, y el mejor resultado del PP en la localidad catalana.
Desde Ourense hasta Parla pasando por Marbella
Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense por Democracia Ourensana, llegaba en un momento complicado a las urnas el pasado domingo. El diario La Región publicó una serie de audios en los que el regidor presumía de cómo blanquear dinero y la Fiscalía decidió abrir una investigación mientras él denunciaba la colocación de micrófonos en su despacho.
El resultado ha sido 6.500 votos y tres concejales más para Pérez Jácome con respecto a 2019. A cuatro ediles de la mayoría absoluta pero con opciones de gobernar si vuelve a conseguir el apoyo del Partido Popular, que le sostiene al frente de la capital ourensana desde 2019.
Sin imputación de por medio, las sospechas y causas judiciales reveladas por elDiario.es tampoco han pasado factura a Ángeles Muñoz, senadora y alcaldesa de Marbella por el Partido Popular. Ha conseguido 600 votos más que en 2019 y el mismo número de concejales, un total de 14 ediles que marcan justo la mayoría absoluta.
Tal y como ha desvelado este periódico, el hijastro de Muñoz es uno de los procesados en una causa de narcotráfico y blanqueo seguida en la Audiencia Nacional en torno a una organización criminal radicada en Marbella. Una causa en la que no se han investigado los indicios de corrupción que rodean a la alcaldesa y en la que los audios intervenidos apuntan, entre otras cosas, a que Muñoz organizó reuniones entre su hijastro imputado y sus concejales. Por el momento, también, la regidora se resiste a informar al Senado sobre su patrimonio.
La presencia de una acusada de tráfico de drogas en sus listas tampoco ha pasado factura a Vox. La formación ultraderechista ha igualado los tres concejales que sacó en Parla en 2019, aunque con 900 votos menos, pocas semanas después de que la número tres de su lista electoral fuera detenida y acusada de liderar una organización de tráfico de drogas.
En Eivissa las imputaciones judiciales sí han precedido a un vuelco electoral. El PSOE, que en 2019 consiguió la alcaldía con nueve concejales, ha caído a siete ediles mientras que el PP se ha asegurado la alcaldía bastante por encima del umbral de la mayoría absoluta. Rafael Ruiz, alcalde socialista, concurrió como cabeza de lista un mes después de ser imputado en una trama de supuesta corrupción por amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears para beneficiar a entidades privadas.
“La corrupción no es un asunto de moda”
Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, explica a elDiario.es que no existe una “teoría clara” sobre el peso de la corrupción a la hora de acudir a las urnas, pero sí que el pico de preocupación ciudadana sobre este asunto llegó con el movimiento del 15M o, en el caso de la derecha, con la irrupción de Ciudadanos, y que eso queda lejos. “En ese momento pesó mucho, era uno de los ejes de la política española, frenar la corrupción. Y hubo tolerancia cero o casi, pero creo que esa etapa, por ahora, se cerró tras la década de 2010”, analiza.
Para la politóloga, la corrupción es un tema que “interesa poco a los ciudadanos. Sorprendentemente, no hay un castigo electoral a corto plazo”. Y cita entre otros motivos los tiempos de los procesos judiciales, “muy largos” en comparación con los plazos políticos y mediáticos. “La gente se olvida por el camino de lo que ha ocurrido, eso hace que se disuelva en el tiempo y en la conciencia de los votantes”.
El voto, explica Lumbierres en declaraciones a este periódico, va en otra dirección. “Un voto mucho más emocional, del momento y menos evaluativo. La corrupción no es un asunto de moda y la gente vota por otros aspectos emotivos y como todas las modas, cuando tocó el independentismo tocó eso, pero ahora realmente no se castiga”.
Condenado un día después de ganar
Una imputación judicial no impide, más allá de los códigos éticos que los partidos deciden aplicar o no aplicar, que un político se pueda presentar a unas elecciones o seguir en su cargo. Eso solo se puede impedir mediante una condena, que en algunos casos debe ser declarada firme para que surta efecto. En la localidad leonesa de Cuadros (2.000 habitantes) los caminos de la Justicia y la política se han cruzado y Marcos Martínez Barazón, alcalde independiente tras ser expulsado del PP, ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación por corrupción un día después de conseguir mayoría absoluta en las urnas.
Antes de ir a las urnas como independiente, Martínez Barazón fue presidente de la Diputación de León durante medio año en 2014 por el PP, además de ser alcalde de Cuadros desde hace más de tres décadas. Fue expulsado de la formación después de pasar dos meses y medio en prisión provisional, constituyó su propio partido para seguir ganando elecciones y este 2023 se ha enfrentado a un doble examen: el de las urnas y el de los jueces. En las urnas sacó un sobresaliente el pasado 28 de mayo con una mayoría absoluta de siete concejales y 80 votos más que en 2019. Un día después, sin embargo, suspendía la prueba judicial con una condena de ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la trama Púnica.
La sentencia sobre esta pieza leonesa del caso, firmada el 29 de mayo y conocida el día 30, le atribuye un delito de prevaricación. Según la Audiencia Nacional, en los pocos meses de 2014 en los que estuvo al frente de la Diputación Martínez Barazón adjudicó 12.000 euros de publicidad institucional de forma irregular a las empresas de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama. El sistema irregular, que arrancó con Isabel Carrasco como presidenta, permitía que las facturas se pagaran de forma casi inmediata, sin ningún procedimiento de contratación de por medio y evitando que otros medios pudieran optar a esa publicidad institucional.
Las consecuencias de esta condena están por ver. La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No estaba inhabilitado cuando se presentó, pero ahora los jueces tendrán que decidir si su condena le impide coger el bastón de mando de esta localidad leonesa por novena legislatura consecutiva o si podrá ejercer hasta que el alto tribunal diga la última palabra tras su recurso, tramitación que suele tardar más de un año y medio.
Condenados por violencia machista
Más allá de la corrupción, una condena por violencia machista tampoco ha impedido que Matías González Cañón haya aumentado sus apoyos como candidato del PP en la localidad gallega de A Illa de Arousa (4.800 habitantes), aunque la izquierda sume mayoría absoluta y no tenga opciones de gobernar. Tal y como reveló elDiario.es, González fue condenado en 2011 a cumplir servicios para la comunidad por agredir a su pareja, que terminó con un diente roto.
En esa localidad, el PP con el candidato condenado ha pasado de cuatro a cinco concejales y ha sumado 400 votos más que el partido en 2019. Algo similar a lo sucedido en Malpartida de Cáceres (4.100 habitantes). Alfredo Aguilera, ex del Partido Popular y ahora independiente, ha conseguido siete concejales y la mayoría absoluta, mejorando los resultados de 2019 cuando se presentó por el PP. Entre los dos comicios, Aguilera fue condenado por agredir a su esposa y la Justicia declaró que no podía seguir al frente del consistorio. El pasado domingo obtuvo 54 votos y un edil más que en las últimas elecciones municipales.
Para Lumbierres, la violencia machista tampoco es un asunto que lleve a los votantes a las urnas. “Es un tipo de terrorismo contra las mujeres, más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003, pero no consigue una verdadera movilización en el electorado español”, explica. Apunta, además, a un “negacionismo” de esta criminalidad entre los hombres jóvenes, junto a la presencia de Vox como “tercer partido en número de votos en este país” mientras “niega la violencia machista”. La violencia de género, afirma, tiene presencia mediática pero “forma parte del paisaje sociológico y nos hemos acostumbrado a que esto ocurra y no se penaliza, son ejemplos claros de que es perdonable, una cosa como privada o personal y no pública”.