EH Bildu ha anunciado este jueves un acuerdo con el Gobierno sobre la derogación de la ley mordaza, uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Pedro Sánchez con sus socios al principio de la investidura. Según los detalles que ha brindado la formación independentista, la nueva ley eliminará el uso de las pelotas de goma e insta a la modificación de la Ley de Extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. También modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. El acuerdo aborda así los cuatro puntos que bloquearon la negociación durante la legislatura pasada.
El Congreso se encamina así a terminar con la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta y que lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó. Según fuentes parlamentarias, el texto acordado entre EH Bildu, PSOE y Sumar cuenta también con el apoyo de ERC y el PNV, a la espera de Junts y Podemos, que ya ha avisado de que el texto les parece insuficiente y un “retoque estético”.
“Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad”, ha celebrado los independentistas vascos en el Congreso, Mertxe Aizpurua. El acuerdo ha salido a la luz después de más de seis meses de conversaciones y negociaciones, según han indicado fuentes parlamentarias.
El texto acordado aborda los cuatro puntos que bloquearon las negociación durante la legislatura pasada, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.
Según alegaron entonces, el uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.
Ahora, tal y como ha anunciado EH Bildu, el PSOE ha aceptado moverse y modificar esos cuatro puntos que hicieron fracasar la reforma durante la legislatura pasada.
Sobre las pelotas de goma, el nuevo texto, según los detalles que han trascendido del acuerdo, habla de una sustitución de ese material por “medios menos lesivos”. La nueva ley insta a las autoridades a desarrollar protocolos específicos “de acuerdo a estándares internacionales” sobre la gestión de manifestaciones y reuniones. Esos protocolos deben incluir la utilización del uso de la fuerza y material antidisturbios para utilizar “siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando que causen lesiones irreparables”. Los colectivos sociales han criticado históricamente las pelotas de goma por las lesiones causadas en muchos manifestantes, que han llegado a perder el ojo por el impacto de estos proyectiles.
“El gobierno anunciará un calendario para ir sustituyendo otro material pero no podrá ser uno que cause daños irreparables”, ha detallado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu durante la rueda de prensa en la que han anunciado el acuerdo. Tanto ERC como EH Bildu exigían durante la legislatura pasada la prohibición expresa de este material, y así lo incluyeron en las enmiendas transaccionales que presentaron al informe de la ponencia a principios de 2023. En la redacción acordada, figura la expresión “sustituir progresivamente” las pelotas de goma por materiales menos lesivos.
Este cambio, no obstante cuenta con el beneplácito de ERC, que ha aplaudido que el PSOE “haya aceptado” sus propuestas. “Algunas de las medidas más controvertidas que desaparecerán con la reforma acordada son la eliminación de las pelotas de goma y la derogación de las devoluciones en caliente, demandas altamente reclamadas, no solo por Esquerra Republicana, sino también por diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos”, han trasladado fuentes del grupo republicano.
Sobre las devoluciones en caliente, el acuerdo incluye una disposición adicional para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería “estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.
“La disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión”, dice esa disposición.
No obstante, esta modificación de la ley, más allá del compromiso del Gobierno, necesita el apoyo del resto de socios parlamentarios cuando llegue la norma de extranjería al Congreso.
Tampoco aquí se ha quedado inmóvil EH Bildu, que junto con ERC planteó durante la legislatura pasada incluir una disposición adicional para modificar directamente la Ley de Extranjería -sin un plazo de seis meses como el marcado ahora- y que mencionaba explícitamente la prohibición del rechazo de extranjeros en frontera, individual o colectiva, sin un procedimiento que permita identificar si las personas son potenciales solicitantes de asilo.
El acuerdo alcanzado también aborda los otros dos puntos que encallaron la anterior negociación. Las multas por faltas de respeto a la autoridad y por desobediencia. Iñarritu ha recordado que las faltas de respeto a la los agentes son las que más sanciones han generado desde la implementación de la 'ley mordaza' y por eso ha celebrado el acuerdo concreto en este punto.
Lo que hace el nuevo texto es objetivar lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito. “Hasta ahora funcionaba un criterio arbitrario, las faltas a la autoridad han sido portar una camiseta, un pin, una mirada o un tono de voz. ”Con la nueva ley serán sancionados los insultos o injurias que no sean delito, que sea algo objetivo, que sean expresiones relevantes“, ha explicado Iñarritu.
En cuanto a la desobediencia, pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. Se multará la desobediencia “cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal”, para la resistencia a la autoridad se valorará que exista “oposición corporal” cuando se trate de la “negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal”.
En estos dos últimos puntos, el PSOE ha aceptado una redacción prácticamente idéntica a la que propusieron EH Bildu y ERC en la negociación del informe de la ponencia durante la legislatura pasada, que terminaron tumbando entre acusaciones al PSOE por su inmovilismo.
A la espera de los grupos
La reforma necesita para salir adelante el apoyo del bloque de la investidura. “No seré yo quien hable en nombre de nadie pero puedo decir que la primera impresión, el primer feedback es positivo”, ha dicho Aizpurua preguntada por el apoyo del resto de grupos parlamentarios. De momento el texto cuenta con el visto bueno de PSOE, Sumar y los propios independentistas vascos, así como del PNV que ha avanzado que firmará también el texto que quedará registrado próximamente en el Congreso.
No obstante, el portavoz de la formación jeltzale, Aitor Esteban, ha advertido de que se reserva el derecho a presentar enmiendas, sobre todo en lo relacionado a los puntos que tienen que ver con desobediencia y faltas de respeto. “Hay que darle la vuelta porque lo que se propone es pasar de sanciones graves a leves pero el principio de autoridad debe mantenerse. Unido a esto está el tema de injurias y calumnias. Lo que propusimos en su momento era que había que modificar esto y acotarlo. Llegamos a un acuerdo sobre la jurisprudencia del Supremo pero ahora se vuelve a la generalidad”, ha detallado Esteban en una rueda de prensa para valorar el acuerdo.
En cualquier caso, las dudas vuelven a posarse sobre Junts. Aunque los independentistas catalanes apoyaron los acuerdos alcanzados durante la legislatura pasada, la actitud que ha mantenido la formación con el Gobierno en los últimos meses podría poner en peligro también esta tramitación. Fuentes parlamentarias ven a los de Carles Puigdemont receptivos en este asunto pero no se atreven a hacer demasiados pronósticos.
Poco después de conocerse el acuerdo, fuentes de Junts han trasladado que siempre han defendido la derogación de la ley mordaza, pero que estudiarán el el texto y presentarán sus propias enmiendas durante la tramitación parlamentaria.
También queda por saber qué harán el BNG, Coalición Canaria y sobre todo Podemos, cuyos cuatro diputados son imprescindibles para sacar una reforma así adelante. En su primera valoración, el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, ha tachado el texto de “claramente insuficiente”, toda vez que a su juicio no se prohíben expresamente las pelotas de goma ni se eliminan las devoluciones en caliente. “Esto no se puede llamar derogación de la ley mordaza”, ha dicho, para calificar el texto acordado de mero “retoque estético”.
El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido este jueves en rueda de prensa el texto acordado y ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad”. “Para nuestro grupo hay algunos puntos que son insatisfactorios pero sabemos en qué país vivimos, qué correlación hay y que en una democracia hay muchos puntos de vista y como el nuestro no representa una mayoría absoluta tenemos que acercarnos al resto de grupos”, ha dicho. “Esta es la segunda oportunidad, yo creo que no va a haber muchas más oportunidades”, ha advertido.