108 páginas, 365 medidas, ninguna cifra concreta y apenas un puñado de porcentajes. Es el programa electoral con el que el PP lanza a Alberto Núñez Feijóo a ganar el voto de los españoles. El líder de la derecha ha presentado este martes en el auditorio de la Casa de América de Madrid el documento que ha coordinado su secretaria general, Cuca Gamarra. Más allá de algunas medidas avanzadas en los últimos meses, el programa es una colección de intenciones indefinidas o postergadas. Feijóo promete incluir “en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario”. Algo que él mismo no cumple.
“Planes”, “proyecciones”, “mesas”, “impulsos”, “aprovechar sinergias” y “proyectos piloto” dominan el marco programático que ha trazado el PP para el 23 de julio, en el que abundan las peticiones de la patronal Feijóo no establece, por ejemplo, una senda de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). Eso sí: la revisión de este indicador que marca el mínimo que un empresario paga a un trabajador por un contrato a jornada completa estará supeditada no solo a sindicatos y CEOE, también a unos “expertos” sin identificar que estarán “involucrados” en la “toma de decisiones”.
No hay detalles tampoco sobre la política de inmigración del futurible Gobierno de Feijóo, salvo que quiere introducir “el mérito” como uno de los criterios para permitir la entrada en España de personas migrantes y que la política de fronteras se enmarca dentro del capítulo 7, “devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”.
El objetivo del programa de “inmigración legal cualificada” busca “premiar ”la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora de quienes buscan emigrar a España“ con una suerte de 'carné por puntos' para migrantes a través de un ”programa“ que ”promoverá una inmigración basada en la igualdad de oportunidades y el mérito“. A su vez, Feijóo plantea agilizar el retorno de inmigrantes en situación irregular ”a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito, con la finalidad de evitar el efecto “llamada”. Sobre los MENA, el PP se limita a plantear “una estrategia nacional” para favorecer su inclusión, que incluiría una reforma del procedimiento de la determinación de la edad.
En Educación, a la que apenas dedica tres páginas, lo más concreto que ofrece el PP es que se atendrá al artículo 27 de la Constitución, el que consagra la “libertad de educación”. Traducido: deshacer las pocas medidas de la Lomloe que ponían por delante a la escuela pública para volver a favorecer a la concertada.
Por lo demás, el programa popular propone una retahíla de generalidades en torno a sus mantras habituales (el “esfuerzo y el mérito”), promete implantar una Selectividad única pese a que técnicamente es casi imposible con medio currículo en manos de las comunidades autónomas y por lo tanto con contenidos diferentes e incluye una propuesta que ya aparece en la ley relativa al uso de las lenguas cooficiales: “Asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente”, reza el programa, cuando la Lomloe ya estipula: “Todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.
Derecho al “error” tributario, sin mención al fraude fiscal
El PP ni siquiera concreta en materia fiscal, uno de los pilares de la oferta política de la derecha. El documento está plagado de referencias a bajadas de impuestos generalizadas, en todos los sectores y ámbitos. Eso sí: no hay una sola cifra.
Por no concretar, el equipo que ha redactado el programa ni siquiera especifica la tan cacareada rebaja del IRPF a las “rentas medias y bajas” que este martes ha reiterado Feijóo. Hasta ahora, el PP había fijado la frontera en los 40.000 euros. Pero llegado el momento de comprometerse ante el electorado, han preferido omitir el dato.
También aparece la incorporación del “derecho al error” en el ordenamiento tributario español para “minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento”, aunque es una medida polémica porque algunos expertos señalan que abre una vía para que el fraude puede ser vestido como un error. Lo que no hay son medidas para luchar contra el fraude fiscal.
Lo que sí queda claro es que el PP derogará “el impuesto a las grandes fortunas” y que “mejorará el régimen fiscal para nuevos residentes”. A los extranjeros con dinero no se les aplicará el nuevo sistema por puntos, parece.
El PP recoge muchas de las peticiones de los empresarios, aunque deja también abierto el detalle. “Revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes, y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro financiero”, por ejemplo. O “crear un ecosistema propicio para la innovación social”. O “impulsar y adaptar la contratación en formación”.
Otras medidas están directamente pactadas con la gran industria: “Impulsaremos, en colaboración con la Alianza por la Competitividad de la Industria, una estrategia nacional de reindustrialización”.
A los “jóvenes sin formación” les plantea “impulsar y adaptar la contratación en formación a nuestro particular tejido productivo y empresarial”.
Y pese a que Feijóo ha defendido expresamente al presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación del programa, reconoce problemas graves en la cadena alimentaria que penalizan a los productores. El PP plantea, sin concretar, mejorar la cadena “y una justa distribución del valor a lo largo de la misma, reforzando la posición de los productores en la negociación y el acceso a los mercados y mejorando la transparencia en la formación de precios de las producciones agrarias y los insumos”.
Contra el tope al gas
Feijóo plantea en materia energética acabar con la solución ibérica que ha permitido poner un tope al precio del gas. “Evitaremos las medidas excepcionales (y eliminaremos las existentes) de intervención del mercado mayorista eléctrico”, dice el documento, que dice que la política energética del actual Gobierno ha “aislado” a España de las propuestas de la UE, “provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético”.
Junto a su promesa ya anunciada de alargar las nucleares, los populares, que dicen que quieren convertir a España en “superpotencia energética”, prometen desbloquear el atasco de permisos de renovables mediante una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, “financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”.
También plantean eliminar el actual bono social de la luz para, en línea con lo que acaba de proponer la CEOE en un estudio con varias falsedades sobre estos descuentos, sustituirlos por “un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor”, que podrá tenerse aunque no se está acogido a la tarifa de la luz. Y proponen destinar lo que recauda el Estado subastando los derechos de CO2 a abaratar la factura de la industria que más luz consume.
En materia sanitaria, el programa electoral del PP recoge un puñado de medidas que ya están en marcha. Por ejemplo, Feijóo se compromete a crear el título de especialista de urgencias y emergencias, un trámite que ya ha iniciado el actual gobierno; a reformar la jubilación activa mejorada para alargar la edad de retiro de los médicos y médicas de familia, en línea con el programa puesto en marcha por los ministerios de Sanidad y Seguridad Social; a reducir los niveles de temporalidad, algo a lo que ya obliga para 2024 la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, impulsada por el socialista Miquel Iceta; a desarrollar el enfoque ‘One Health’, en el que trabajan desde hace años varios centros del Instituto de Salud Carlos III de Madrid; o a retomar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, cuyo anteproyecto de ley ya está aprobado.
Las propuestas en materia de Medio Ambiente comparten capítulo con “el sistema agroalimentario”. Y todas las medidas están proyectadas para supeditar lo primero a lo segundo.
Blindar el CGPJ
El programa electoral del PP confirma un secreto a voces. De ganar las elecciones, el Gobierno de Feijóo permitirá al Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace años, realizar nombramientos en la cúpula judicial. “Derogaremos la reforma que hoy impide su normal funcionamiento”, señala el documento presentado hoy por el presidente del PP.
Desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esa reforma fue impulsada por los socios del Gobierno de coalición y respaldada por la mayoría parlamentaria con el objetivo de forzar la renovación.
Ahora, el PP busca garantizarse el control sobre el Poder Judicial con una reforma que permita a un CGPJ donde tiene mayoría, el nombramiento de jueces. Especialmente sensibles son los nombramientos del Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Además, están pendientes de adjudicación otros 61 puestos en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, que sí tienen una vigencia de cinco años.
Fuera la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda, que lleva en vigor desde finales de mayo, forma parte del paquete de medidas que Bruselas exigió a España a cambio de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora el PP asegura en su programa electoral que la derogará porque “ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”.
El reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados “no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”, como es el caso de la Ley de Vivienda. Además, el PP propone un pacto de Estado sobre temas de vivienda, donde participen las comunidades autónomas y ayuntamientos, construir pisos a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero no entra en más detalles.
Feijóo ya había avanzado su “plan de choque” en Atención Primaria, que pasaba por incorporar incentivos para hacer más atractivas esas plazas, sin especificar cuáles serán esas mejoras, crear equipos multidisciplinares, impulsar la figura del personal administrativo sanitario o impulsar la incorporación de 1.000 plazas formativas más para esta especialidad, pese a que en los últimos dos años han sobrado en torno a un centenar de las que se ofertaban y a que son los propios profesionales en activo los que deberán asumir la carga extra de tutorizar a esos residentes.
El PP quiere aprobar una nueva ley general de sanidad “que incorpore mejores prácticas, elimine regulaciones obsoletas, actualice la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y aborde la integración entre los sistemas sanitarios y sociosanitarios”. Pero ni rastro de cuáles son esas mejores prácticas o las regulaciones obsoletas o de los “mecanismos garantistas” para la toma de medidas de control de las enfermedades transmisibles“. Tampoco concreta el programa electoral los cambios previstos en la ley de eutanasia, que engloba en el punto dedicado a los cuidados paliativos. Afirma, eso sí, que se revisará la norma, avalada por el Tribunal Constitucional, ”tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética“.
¿Y la europea? El programa sin contenido de Feijóo
Sin concreción. El programa electoral del PP para este 23J en materia europea es una sucesión de enunciados sin apenas contenido. Y con algunas contradicciones. Por ejemplo, habla del “perfeccionamiento de las políticas comunitarias, que afectan a materias clave como las transiciones ecológica y digital”, después de boicotear en Pacto Verde europeo con las políticas desarrolladas por el PP en Doñana y en el Mar Menor, e incluso con frenando legislaciones clave en el Parlamento Europeo, como la ley de restauración de la naturaleza.
El PP, además, habla de “impulsar la consecución del Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, la protección y buena gestión de todas las fronteras exteriores y reforzar la solidaridad entre los Estados miembros”. Eso sí, no se manifiesta sobre los asuntos que están generando más debate en Bruselas, como son las cuotas para repartir los migrantes que llegan y, al mismo tiempo, garantizar los derechos humanos en frontera, cosa que ni menciona en el programa.
Así mismo, los populares se comprometen a contribuir a la revisión del pacto de estabilidad y crecimiento, cosa que tampoco pueden evitar hacer porque está en marcha. Y añaden: “Con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible e integrador en toda la UE”. Lo cual es no decir nada, porque lo que se está debatiendo es cómo reducir la deuda y el déficit acumulados durante la pandemia, y qué reglas fiscales establecer a partir de 2024. En este caso, como en todo, los detalles son fundamentales, porque definirán el tipo de ajustes que podrían producirse.
El PP, también, dice: “Abordaremos la reforma institucional pendiente de la UE”. Pero no dice qué instituciones hay que reformar y en qué sentido. Para, a continuación, decir que es “un requisito necesario para que las próximas ampliaciones puedan tener lugar con garantías, manteniendo la capacidad de desarrollar el acervo comunitario y el correcto funcionamiento de las instituciones”. ¿Qué tiene que ver la reforma institucional con futuras ampliaciones, cuando la ampliación tiene unas reglas que dirige la Comisión Europea a través de un comisario? ¿Qué quiere el PP? En esto, como en otras tantas cosas, no lo explicita.
Las políticas culturales que propone el PP pasan por el refuerzo de lo existente o la consecución de proyectos truncados o inacabados. Feijóo quiere “reforzar” el Instituto Cervantes abriendo nuevas sedes (actualmente está presente en 90 ciudades de 45 países del mundo). No obstante el mayor problema de esta institución que depende del Ministerio de Exteriores es la falta de presupuesto. Sus trabajadores en el exterior vienen convocando huelgas desde 2022 debido a la congelación salarial. No se les ha aplicado subidas (salvo una ligera en 2019) debido a las medidas de contención de gasto de la Administración Pública desde 2009. Su actual director, Luis García Montero, ha abierto durante su mandato dos nuevas sedes, en Dakar y Los Ángeles, y siete extensiones, que son dependencias en ciudades próximas a una sede que ya existe (El Paso, Edimburgo, Tesalónica, Melbourne, Andorra, Ámsterdam y Ramala).
Feijóo también quiere promulgar nuevas leyes de Mecenazgo y de Patrimonio Cultural para “modernizar”, “refundir” o “impulsar” lo que ya hay. Dentro de la esperada reforma del INAEM, que ya intentó Iceta, el PP quiere “fortalecer” Platea, el programa que ayuda a que unas cien compañías puedan girar sus obras por España, dotado de cinco millones de euros, y muy bien valorado en el sector, cuya queja tiene que ver con la tardanza en la tramitación, algo que depende, una vez más, de la falta de empleados públicos. Lo que sí pretende conceder el PP es el largamente ansiado Centro Nacional de Danza, una sede para las compañías estatales, que no tienen, cuya creación liga a “promover nuevas formas de mecenazgo”, sin aclarar nada más.
Con información de Andrés Gil, Gabriela Sánchez, Cristina G. Bolinches, Antonio M. Vélez, David Noriega, Elena Cabrera y Rodrigo Ponce de León.