La Fiscalía, la institución que ejerce como acusación en la justicia española en defensa del interés general, está de elecciones. 2.500 funcionarios públicos designarán el 21 de marzo a los nueve compañeros que le van a representar en el Consejo Fiscal, el órgano consultivo que asesora al Fiscal General del Estado y que durante los últimos años intenta ejercer de contrapeso al Fiscal general y de altavoz del descontento que impera en un sector de la carrera.
La renovación llega después del período más convulso que se recuerda en el ministerio público. Por la anomalía que supone para sus miembros haber conocido a cuatro fiscales generales en otros tantos años: Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, que falleció repentinamente a mediados de noviembre, su sustituto provisional, Luis Navajas, y Julián Sánchez Melgar, nombrado el pasado diciembre. Pero también por por la sucesión de escándalos que han tenido lugar en la Fiscalía y las polémicas designaciones para los puestos clave. El penúltimo elegido para Anticorrupción, Manuel Moix, dimitió cuando se supo que tenía participaciones en una sociedad en Panamá, que heredó de su familia.
Antes de eso ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, cuando se conocieron las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido y encarcelado durante meses por la operación Lezo, en las que advertía que Moix era su preferido para la fiscalía Anticorrupción. Pese a ser advertido al menos dos veces de la existencia de esas escuchas, Maza acabó nombrándolo y fue también reprobado por la Cámara Baja, igual que el ministro de Justicia Rafael Catalá, que también aparece en los sumarios manteniendo comunicaciones inconvenientes con el propio González.
Cómo estarán las cosas para que el actual fiscal general, Julián Sánchez Melgar, nombrado hace unas semanas haya utilizado su convocatoria en la comisión de Justicia del Congreso esta misma semana para reclamar más independencia para su institución. Citó, como acostumbran a hacer las asociaciones, al Consejo de Europa, que harecomendado en multitud de ocasiones que los fiscales se separen del poder político. “El Ministerio Fiscal se debe desanclar del Ministerio de Justicia en pro de una mayor autonomía”, fue la frase que utilizó Sánchez Melgar para resumir su postura. Ese distanciamiento del poder ejecutivo “alejará cualquier sombra de duda que se cierna sobre la independencia de los fiscales”, añadió.
De momento, las sombras siguen ahí. El sumario Lezo reveló además que la mayoría de nombramientos que ansiaban algunos de los implicados en graves casos de corrupción, según ellos mismos evidenciaron en las escuchas telefónicas. No solo Moix, a quien Ignacio González, calificaba como “buen tío” fue a Anticorrupción. También Jesús Alonso, el expresidente de la Asociación de Fiscales, ocupó el puesto de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, como planearon González y el exministro Eduardo Zaplana, siguiendo, según aseguraron, los consejos del expresidente del Gobierno José María Aznar.
En juego ahora no solo está la independencia de la institución, también aquel viejo plan del Gobierno para acometer una reforma en la Justicia para que deje en manos de los fiscales la instrucción de la justicia, al estilo del sistema norteamericano. La carrera está además revuelta contra la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y su artículo 324, cuya reforma, ha acortado los plazos de instrucción a seis meses sin dotar de más medios a la Justicia. Más de 1.200 fiscales, la mitad, han firmado para que se derogue el cambio introducido en la pasada legislatura. Con la actual regulación, las investigaciones solo pueden seguir adelante después de los seis meses si se declaran causas complejas. Los Fiscales están clasificando así miles de causas en lote para que los casos no se pierdan, pero por el camino alguno corre el riesgo de archivarse.
Sobre el papel, el Consejo Fiscal, que ahora se renueva, es un órgano interno que asesora a la Fiscalía General del Estado para mantener la unidad de criterio del ministerio público y en el que está representada toda la carrera. Sus debates rara vez trascendían a la opinión pública y se centraban mayoritariamente en cuestiones técnicas. Eso, sobre el papel. En la práctica, ha sido capaz de oponerse a algunas decisiones más polémicas incluso del Ministerio de Justicia. El pasado otoño expresó, por ejemplo, su frontal rechazo al proyecto de justicia digital del Gobierno intenta implantar con muchos contratiempos en algunos partidos judiciales de manera experimental.
El Consejo Fiscal es también el foro en el que se tratan las discrepancias profesionales y en el que debate la aplicación del artículo 27, el desacuerdo de uno de sus representantes con la orden de un superior jerárquico. Nunca se había planteado en la Fiscalía Anticorrupción hasta que Moix dio la orden al Fiscal del caso Lezo de abandonar una parte de la investigación que afectaba al exministro Alberto Ruiz Gallardón.
También lo ha invocado un fiscal de Barcelona, al que la anterior jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ordenó dar carpetazo al caso Albiol, en el que pedía investigar por prevaricación al líder del PP catalán por las ayudas concedidas al Joventut de Badalona desde una fundación participada cuando él era alcalde de la ciudad. Será uno de los asuntos que deberá tratar el Consejo Fiscal.
Su mandato ha expirado y el 21 de este mes renovarán a sus nueve miembros. En los últimos comicios la Asociación de Fiscales, la más conservadora, que se ha convertido en cantera de nombramientos para la institución, colocó a seis vocales. Los otros tres fueron para la Unión Progresista de Fiscales, mucho más beligerante con la figura del Fiscal General: sus representantes llegaron a pedir la dimisión de Maza el pasado año. La tercera, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, no obtuvo representante. La campaña electoral ha comenzado y las asociaciones han mantenido distintos encontronazos en las redes sociales.
La junta electoral que vela por el proceso la integra el nuevo fiscal general, Julián Sánchez Melgar, que sustituyó a José Manuel Maza, el fiscal más antiguo del Tribunal Supremo, Fernando Sequeros, y las fiscales María Dolores Andrade Otero y María Rodríguez Laborda, además del fiscal inspector Fausto Cartagena.