Elena Collado ha declarado durante varias horas ante el juez del caso mascarillas y ha negado que supiera que los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina fueran a cobrar una comisión. La coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que ha testificado delante del juez, ha defendido también que se encargó de esos contratos para comprar material sanitario porque lo hizo en la mayoría de los procesos que se gestionaron a través de la funeraria municipal y no porque se lo pidiera nadie para ese contrato en concreto.
También ha explicado que obtuvo el teléfono de Luis Medina Abascal, uno de los comisionistas, de uno de los correos electrónicos que él mismo envió a la dirección de la coordinadora general de alcaldía, Matilde García, después de llegar a ella a través del primo del regidor. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción a mediados de 2021 Collado no supo especificar cómo había llegado hasta el teléfono de Medina.
Según la versión que ha dado hoy, su contacto con Medina empieza cuando le rebotan uno de los correos que el empresario envió a la coordinación. Ha negado haber hablado ella personalmente con el primo del alcalde, que indicó a Luis Medina cómo contactar con el consistorio. Collado, que no ha sido preguntada por las defensas de los dos comisionistas, ha justificado que hablara de las transferencias para pagar a los empresarios antes de que el consejo de la funeraria tomara la decisión: “Eran actos preparatorios”, ha dicho.
Una parte de las mascarillas que llegaron a Madrid a través de la empresa malaya Leno terminaron en el hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba la esposa de Alberto Luceño, en forma de donación. Hoy Collado no ha sabido responder a la pregunta de por qué no se hizo una donación directa al centro hospitalario en vez de admitir el Ayuntamiento desprenderse de una parte del material.
Elena Collado era entonces coordinadora general de presupuestos y ella fue quien mantuvo un contacto constante por WhatsApp con los comisionistas, sobre todo con Alberto Luceño, después de que llegaran al Ayuntamiento de Madrid por indicación del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida. Mantuvo esta comunicación entre marzo y noviembre de 2020 cerrando detalles sobre las entregas y pagos del material y hasta pocos días antes de la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción.
Ya en su declaración ante el fiscal del caso antes de su judicialización, Elena Collado afirmó que ni Luis Medina ni Alberto Luceño le explicaron que iban a cobrar unas comisiones de tal calibre que iban a doblar o triplicar el precio original del producto. También relató cómo reclamó la devolución de parte del dinero cuando comprobó que los guantes que habían traído desde China no eran de la calidad y características que el consistorio había requerido.
A lo largo de la causa varias acusaciones populares han solicitado al juez del caso mascarillas que Collado declarase como imputada y no como testigo, pero el magistrado ha rechazado esa medida. En uno de sus autos, por ejemplo, razonó que Collado había sido tan engañada como el propio Ayuntamiento por los comisionistas.
“Es un patrón que se repite”
Nuria Zapico, abogada de Más Madrid, ha apuntado a la salida que “ella sigue asumiendo toda la responsabilidad, creemos que hay un trasfondo porque asume toda la responsabilidad: Se le pregunta hasta la saciedad que quién le indicó que se hiciera cargo y no sabe responder”. “Ahora también se ha acordado de quién le dio el teléfono de Luis Medina”, ha añadido sobre la declaración de hoy y la documentación remitida en los últimos días por el Ayuntamiento de Madrid al juez. “Eso lo ha descubierto ahora, después de 26 meses”, ha zanjado.
En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada de los juzgados de Madrid, la concejala socialista Mar Espinar ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser “incapaz” de gestionar los recursos públicos del consistorio. Sobre la declaración testifical de Collado, entiende la concejala socialista que debe aclarar “por qué este contrato, de los mil que llegaron al Ayuntamiento. No me creo que sea una directora general la que tome la última decisión sobre un contrato que se llevó una mordida que no se ha llevado ningún otro”.
En un sentido similar se ha pronunciado Alejandra Jacinto, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. “Esta mañana hemos conocido la imputación por parte del Supremo precisamente por con contratos presuntamente irregulares. Este es un patrón que se repite a lo largo y ancho del estado”, ha dicho.