La mujer que acusa a Elpidio Silva de filtrar los correos de Blesa ganó 4.000 euros como testigo protegido
Ya no hay testigo protegido en el caso abierto contra Elpidio Silva por filtrar supuestamente los correos de Blesa. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo ha decidido retirar dicha condición a Susana Romera después de que ésta no haya comparecido en las dos ocasiones que la ha requerido, tampoco se presentase en las tres citas con el organismo público que le iba a gestionar una vivienda y la Policía no logre dar con su paradero. Según ha podido saber eldiario.es, la mujer ha recibido 798,76 euros mensuales de fondos públicos desde mayo para gastos de manutención mientras mantenía su condición de testigo protegido en la causa que podría dar con Silva en la cárcel.
La decisión de la jueza Polo podría tener una influencia determinante en el caso, ya que todo él se basa en el testimonio de Romera. Examante de Silva, según su propia declaración, se presentó en la Fiscalía en pleno escándalo por la publicación de los correos de Blesa. Su testimonio voluntario ante la Fiscalía de Madrid se produjo 60 minutos antes de que la redacción de eldiario.es recibiera un burofax de los abogados del expresidente de Caja Madrid amenazando con medidas legales si continuaba publicando el contenido de los correos.
Uno de esos mensajes publicados por eldiario.es, gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X, permitió a los actuales responsables de Bankia conocer la existencia de las tarjetas ‘black’ y encargar una auditoría interna. Sus resultados llegaron a la Fiscalía Anticorrupción y, de ahí, al juez Fernando Andreu, quien ha imputado a Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj. Los tres declararán el próximo jueves ante Andreu en condición de imputados. Además, Andreu, que instruye el 'caso Bankia', ha accedido recientemente a incorporar algunos de aquellos correos a la investigación sobre las preferentes.
Romera declaró en Fiscalía y luego en sede policial que Elpidio Silva era el responsable de que los correos llegaran a los medios de comunicación. También dijo que temía por su vida porque, entre otras cosas, el exjuez hace “magia negra”. La Policía concluyó que el testimonio de Romera no podía sustentar una investigación y así se lo comunicó a la jueza Polo. Pero la Fiscalía y la juez hicieron caso omiso a los investigadores y siguieron adelante con las pesquisas. Así, Polo ratificó a Romera la condición de testigo protegido que le había concedido una jueza de Madrid y le fue asignada una cantidad económica mensual que sólo se ha interrumpido con la retirada de la condición de testigo protegido el pasado 2 de octubre. Romera habría percibido ya unos 4.000 euros a cuenta de la Comunidad de Madrid.
En un auto del pasado viernes, la jueza Polo defiende aquella decisión por “la importancia de las revelaciones llevadas a cabo en la causa y el temor del testigo hacia el imputado”. Sin embargo, la condición de testigo protegido se suele reservar a aquellos que colaboran en graves delitos de terrorismo y crimen organizado, y no en una causa por revelación de secretos, cuya condena no supera los cuatro años.
Respecto al temor que decía sentir Romera hacia Silva, ya se pronunció la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en un informe entregado a la jueza: “Se puede afirmar objetivamente que la TP (testigo protegida) podría pecar de cierta credulidad en cuanto al peligro que sufre, en cuanto a las posibilidades técnicas de intervenir y evitar la intervención de sus comunicaciones y el contenido de sus teléfonos y ordenadores, así como en cuanto a calidad de información que tuvieron realmente del caso Blesa las personas que menciona que le habían estado ayudando y apoyado para que denunciase”. Además de la práctica de “exorcismos”, la mujer decía que colaboradores de Silva le habían pinchado el teléfono y que tenía miedo de que le enviara “un sicario”.
La instructora del caso Silva atiende ahora la petición de la Fiscalía de retirar la condición de testigo protegido a Romera. Precisamente, fue la Fiscalía de Madrid, con Manuel Moix al frente –al igual que en la condena por prevaricación–, quien impulsó el caso de la filtración de los correos a pesar del dudoso carácter del único testimonio incriminatorio. Y ha mantenido la condición de testigo protegido después de que todos los citados en el juzgado, acusados por Romera de participar en la filtración, negaran los hechos.
“La situación ha cambiado”
La Fiscalía alega ahora –y ratifica la jueza– que “la situación ha cambiado”. “El imputado conoce la denuncia formulada contra el mismo, y de la declaración del testigo se desprende con total claridad su identificación personal, por sus relaciones con el imputado”, afirma Polo. Esto es, que Silva ya sabe quién le acusa, según la jueza. Como si no lo hubiera adivinado cuando se le dio traslado, sin citar el nombre, de todas las declaraciones realizadas ante la Policía y la Fiscalía por ella, ofreciendo detalles de la relación personal que ambos mantuvieron, o al comprobar el contenido de los mensajes que intercambió con Romera y que se han sumado a la causa.
Para apoyar su decisión, la jueza incluye las informaciones que le ha facilitado la Policía recientemente: Romera “ha viajado libremente, ha hecho uso de las redes sociales, ha comunicado a terceros su condición de testigo protegido, y no es posible su localización, pese a las gestiones policiales llevadas a cabo”. Pero mientras tanto, ha cobrado los 798,76 euros mensuales. Ella misma confesó a la Fiscalía y la Policía que su declaración está motivada por el hecho de que Elpidio Silva le prometió 1.000 euros por las correcciones hechas a su libro que, según su versión, nunca le pagó.
Además, la jueza designó a la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid para que le buscara una vivienda de renta baja donde residir mientras fuera testigo protegido. Todas las comunicaciones judiciales le llegarían directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para así preservar su lugar de residencia. Pero Romera no se presentó en ninguna de las tres ocasiones que Vivienda de Madrid la convocó alegando que “la ayuda concedida era para sufragar su manutención, no para financiar los gastos derivados del cambio de vivienda, pese a haberle informado de lo contrario”, según la jueza Polo.
