El juez Antonio Domínguez Morales ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre el máster de Cristina Cifuentes. Lo hace a instancias de la Fiscalía, que le ha pedido una serie de diligencias encaminadas a identificar quién accedió a la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para consultar la notas de la expresidenta madrileña.
El titular del Juzgado número 29 de Madrid ha tomado esta decisión en el marco de la investigación por la querella por revelación de secretos que interpuso Cifuentes. En ella, además de reclamar que se investigue el origen de la noticia que acabó con la carrera política de Cifuentes, la expresidenta madrileña pide hasta cinco años de cárcel para el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y para la jefa de Política Social, Raquel Pérez Ejerique.
Esa querella utiliza como documento que acredita que Cifuentes cursó el máster el acta falsificada. El escrito fue presentado el pasado 4 de abril, cuando la ya expresidenta compareció en la Asamblea de Madrid para tratar de responder a las primeras informaciones sobre su máster falso.
El escrito insiste en que “la totalidad de los créditos fueron superados durante el mencionado año académico” –algo que ya se ha demostrado falso– y acusa a los periodistas de eldiario.es de “difamar” y “manipular”, “cegados” por conseguir “una lucrativa exclusiva”. Ese ánimo de lucro lo utilizan los abogados de Cifuentes como agravante para incrementar su petición de cárcel.
El juez, que citó el pasado 28 de junio a Escolar y Ejerique para que recogiesen la querella, encargó el pasado 11 de junio a la UCO que comenzase a investigar. En una providencia, reclama a la URJC que entregue a los agentes los logs de acceso a la base de datos de gestión académica de la Universidad entre noviembre de 2014 y marzo de 2018. En concreto, pide que se identifique a quien accedió a la asignatura 'La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales' y a los datos sobre el Trabajo de Fin de Máster (TFM).
La primera noticia que publicó eldiario.es aludía a que esas dos asignaturas habían sido modificadas en 2014, dos años después de que Cifuentes cursase el máster: una funcionaria de otro campus, Amalia Calonge, entró en el sistema en 2014 y cambió los dos “No Presentado” a “Notable” dejando rastro. Calonge dijo que lo hizo por indicación del profesor Pablo Chico de la Cámara. La URJC acabó reconociendo que no hay rastro del TFM ni de que lo presentase ante un tribunal.
En esa misma providencia, el magistrado pide a la Universidad que identifique en un plazo de 15 días al responsable de la gestión informática de sus bases de datos. Además, hace una petición mucho mas general: que la Universidad aporte cualquier dato o información que permita conocer quién accedió a la base de datos y “procedió a efectuar capturas de las pantallas posteriormente divulgadas” por eldiario.es.
El juez también reclama que se entregue a los agentes de la Guardia Civil un listado con todas las personas que tenían autorización para acceder a la base de datos, con detalle de los permisos que tenían. Por último, la providencia pide al Juzgado de Instrucción número 51, el que investiga el caso Máster, que entregue toda la documentación que pueda ayudar a la investigación del origen de la noticia.
La Fiscalía impulsó que se investigase
El juez ha ordenado estas diligencias de investigación a instancias de de la Fiscalía, que desde el primer momento apoyó que se investigase el origen de la exclusiva sobre el máster. El Ministerio Público, sin embargo, no ha pedido ninguna diligencia de investigación en la investigación concreta sobre el máster de Cifuentes.
La Fiscalía de Móstoles tuvo la investigación en sus manos desde la denuncia que presentaron los estudiantes, pero apenas investigó. Recopiló información y solo interrogó a una de las profesoras. El caso quedó luego en manos de la jueza que en dos meses ha imputado a todos los protagonistas y cercado a la expresidenta.
A pesar de ello, fuentes de la Fiscalía defienden su actuación. No han pedido ninguna diligencia a la jueza, ni siquiera se han pronunciado si la magistrada no se lo pedía explícitamente, pero afirman que no es señal de inacción. No pronunciarse sobre lo que ordena la jueza “en la práctica significa que está de acuerdo”.
Sí se han opuesto, sostienen las mismas fuentes, a la pretensión de Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartía el máster, de que la investigación no se extendiese al máster de Pablo Casado porque sostienen que podría tratarse de un “delito continuado”. Añaden, además, que el 'Caso Máster' tiene una fiscal con dedicación exclusiva.