Podemos arrancará la próxima legislatura en su momento más delicado. Los resultados de las autonómicas y municipales dejaron al partido sensiblemente tocado, con la salida de cinco gobiernos y tres parlamentos. Ese resultado influyó a su vez en las negociaciones para la conformación de Sumar, que tras el 23J dejan una fotografía clara: el partido ha pasado de 23 diputados a cinco en cuatro años y queda postergado a un segundo plano dentro del proyecto político de Yolanda Díaz. Una situación que tensa la supervivencia económica del partido, que ya ha iniciado el proceso para una reducción de plantilla.
Después de las vacaciones, la dirección de la formación que lidera Ione Belarra tendrá que someterse a un periodo de decisión para valorar la estrategia política hacia el futuro pero mientras ese momento llega el partido ya ha empezado a tomar decisiones más urgentes. La pérdida de recursos económicos por el retroceso electoral e institucional les ha forzado a iniciar los trámites para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a casi medio centenar de trabajadores, tal y como ha adelantado El Periódico de España y ha podido confirmar elDiario.es.
El partido ha calculado tras una valoración inicial una caída de los ingresos del 90% a nivel autonómico y del 70% en el ámbito estatal después de un 2022 que tampoco había sido bueno, con un saldo negativo de más de 338.000 euros en sus cuentas. El 28M Podemos no consiguió llegar al umbral de votos necesario para mantener su presencia en los parlamentos autonómicos de la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana y Canarias. En estos dos últimos, su desaparición fue aparejada de su salida de los gobiernos regionales. También perdieron su cuota de poder en los ejecutivos de Balears y Aragón.
Por ello, el peso de la medida tendrá especial incidencia en el ámbito territorial: el partido ha anunciado a los trabajadores en la comunicación previa del ERE, un paso legal necesario antes de que se inicie formalmente el proceso el 9 de agosto, que planea cerrar las sedes de nueve autonomías: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunitat Valenciana. El escrito dirigido a los trabajadores, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el despido colectivo involucrará a unos 45 trabajadores de esos territorios (aproximadamente la mitad de la plantilla de las federaciones), que a partir del miércoles entrarán a través de los comités empresariales en una instancia de negociación con la Secretaría de Organización del partido.
La medida afectará además a la organización estatal, que cuenta con unos 60 trabajadores, según la última memoria publicada en su web. El partido ha perdido buena parte de los diputados que consiguió en 2019. En total, Sumar ha obtenido 31 escaños, pero de esos solo cinco son de la formación de Belarra. En el acuerdo de coalición que firmaron todos los partidos se pactó que Podemos recibiría el 23% del total de los recursos que reciba la plataforma. Hace cuatro años, el reparto pactado fue del 74% para Podemos y el 26% se repartió entre el resto de integrantes de la coalición.
La merma de ingresos no solo procede de esta vía. Por estatutos, los cargos públicos de Podemos deben donar un porcentaje de su sueldo al partido, una fórmula que funciona también en algunos casos para asesores y trabajadores de menor rango. Estas donaciones representaron en 2022 cerca de 1,7 millones de euros, un monto mayor incluso que el de las cuotas de afiliados (1,2 millones). De ese total, más de 330.000 proceden solo de cargos estatales. Más allá de los diputados, Podemos cuenta ahora con dos ministerios (Igualdad y Derechos Sociales) de los que aspira a mantener uno con las negociaciones dentro de Sumar para la investidura, aunque ni siquiera es seguro que pueda retener una cartera.
En la carta a los trabajadores, el partido habla de la necesidad de una “profunda reorganización del partido en todos los ámbitos” para afrontar esa bajada de ingresos. “Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo y, en estatal, una reducción de la plantilla”, anuncia. “Dicha reorganización se afronta con el firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras”, destaca.
Reconfiguración política
Tras el cierre de las negociaciones para la coalición con Sumar, Podemos asumió que tendría un papel secundario en la campaña del 23J. Con ese pacto se habían garantizado ocho puestos de salida probables si se repetían los resultados de 2019, más que ningún otro partido a excepción de Movimiento Sumar, la fuerza instrumental creada por Yolanda Díaz. Sin embargo, el retroceso electoral dejó a los de Belarra por debajo de esas expectativas, con los mismos escaños que los comuns de Ada Colau o que Izquierda Unida.
El proyecto de Yolanda Díaz, que se configurará como partido en los próximos meses, ya funciona de facto como el motor del espacio político que hasta ahora representaba Podemos. Y en el partido que removió los cimientos de la izquierda a partir de 2014, que llegó a los 69 diputados un año después y que en 2019, tras retroceder a los 42 y 35 escaños de los comicios de abril y diciembre, logró formar parte del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, todavía no han hecho una reflexión colectiva sobre el papel que debe jugar a partir de ahora Podemos dentro del espectro de la izquierda.
Tras el resultado electoral, la ejecutiva del partido tuvo una reunión en la que diagnosticaron que Sumar como fuerza política y coalición electoral no había conseguido el objetivo marcado de “ensanchar” el espacio electoral de la izquierda. “La estrategia de invisibilizar a Podemos no ha funcionado”, dijo Belarra, en unas declaraciones frente a las que Yolanda Díaz y Alberto Garzón pusieron en valor los resultados de Sumar en comparación con los obtenidos por las diferentes candidaturas lideradas por Podemos en las elecciones del 28M.
El todavía portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha anunciado que volverá a su plaza del CSIC, aunque seguramente seguirá vinculado al partido y a la dirección, escribió la semana pasada un artículo en Canal Red en el que renegaba de la “unidad de la izquierda”, un fetiche, decía, que se ha ido convirtiendo en un “en un dispositivo político-comunicativo para matar a Podemos”. Echenique reivindicó tras las elecciones la necesidad de que Podemos ejerza “autonomía política” dentro del espacio de la izquierda. El partido reclama una voz propia dentro del grupo parlamentario y poder despegarse de la disciplina de voto en asuntos cruciales como ya pasó en esta legislatura, por ejemplo, con Izquierda Unida en la votación sobre la OTAN. Una autonomía, dicen, como la que negoció Compromís a la hora de firmar el acuerdo de coalición con Sumar. Los valencianos han llevado esa independencia en anteriores ocasiones a las últimas consecuencias, como en 2016, cuando se salieron del grupo confederal de Podemos para ir al Mixto.
El acuerdo que todos los partidos firmaron para integrarse en la coalición incluye una cláusula que complica que eso pueda volver a ocurrir, un escenario que además en Podemos descartan, pero en el partido hablan de esa autonomía para hacer valer su peso dentro del espacio político durante la legislatura, empezando por las negociaciones del Gobierno de coalición con el PSOE. En un análisis posterior a las elecciones en Ctxt, el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó el peso en diputados de Podemos y lo equiparó su importancia a la de EH Bildu, ERC o el PNV.
Otras voces de Podemos han pedido un periodo de “discusión interna”. Es el caso de uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, alejado de la primera línea pero con asiento en calidad de invitado en las ejecutivas. Monedero escribió un extenso artículo en Público sobre los resultados del 23J y la deriva de la izquierda con un análisis parecido al de Iglesias pero en el que pedía además que Podemos abriera “una suerte de conferencia ciudadana”. “Incluso, podría ser una asamblea ciudadana, a la que la dirección no debe tener miedo porque su tarea es celebrada y respetada por el grueso de la militancia”, sostenía. La última asamblea ciudadana tuvo lugar hace dos años: fue la que eligió a Ione Belarra para relevar al frente del partido a Pablo Iglesias.
Después de este breve periodo de vacaciones que se han dado los partidos antes de la constitución de las Cortes y las primeras negociaciones para la investidura, Podemos tendrá que afrontar esa discusión interna, bien en sus reuniones de dirección o en un Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de decisión entre asambleas–, que no se reúne desde las negociaciones para integrarse en Sumar. Por lo pronto, el partido tiene pendiente repensar el papel de perfiles como el de Irene Montero, que ahora es secretaria de Acción de Gobierno, un cargo ajustado a un papel dentro del Ejecutivo de coalición que ya no desempeñará.
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