Madrid, 15 ago (EFE).- El consejero madrileño de Justicia e Interior y secretario de Justicia del PP, Enrique López, destaca el derecho del rey emérito a la presunción de inocencia y recuerda que ha manifestado que estará siempre a disposición de la justicia, con lo que, señala, “puede estar donde le plazca”.
“No encuentro nada polémico en que se ausente fuera del territorio nacional ni dónde esté”, apunta López en una entrevista con EFE.
Se trata, dice, de una persona “que ha renunciado a cualquier estatuto de personaje público, que ya no recibe fondos del Estado, que no se encuentra imputado ni investigado y que tiene pleno derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano”.
En este contexto, considera “triste” ver cómo desde Podemos “se le denosta, se le insulta”, sobre todo, recalca, teniendo en cuenta que ese partido está siendo investigado en estos momentos por la justicia y que su líder y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra concernido en otro asunto judicial.
Se refiere el dirigente popular a la causa abierta por un juzgado de instrucción de Madrid por presunta malversación de fondos públicos y administración desleal en la formación morada, y también al caso Dina, donde la Audiencia Nacional investiga el robo del móvil de una exasesora del partido y donde Iglesias perdió la condición de perjudicado al detectarse contradicciones en las declaraciones.
“Cuando menos, está constatado que ha faltado a la verdad en una declaración ante un juez; si eso es delito o no, lo tendrá que determinar el Ministerio Fiscal”, señala López.
Podemos es una de las formaciones que defiende eliminar el delito de injurias a la Corona, que, en opinión del consejero madrileño, “tal cual está establecido en nuestro Código Penal y tal cual se encuentra interpretado tanto por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un delito que tiene pleno acomodo en un sistema como es el nuestro”.
La jefatura del Estado, que ejerce en estos momentos el rey Felipe VI, continúa López, simboliza la permanencia y la unidad del Estado español y es el árbitro moderador de los poderes.
“Que encuentre una protección penal ante exabruptos como algunos nos tienen acostumbrados a oír, no me parece en absoluto inoportuno”, concluye.
Denuncia también los ataques de dirigentes de Podemos a los jueces a raíz de la investigación al partido, que, en su opinión, “se ha convertido en todo aquello que criticaba al principio de su andadura como fuerza política”.
“Esto hace muy difícil llegar a acuerdos con un Gobierno, en el que un miembro fundamental, como es el vicepresidente, insulta a los miembros del Poder Judicial”, indica al comentar las negociaciones en marcha para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
López, que recuerda también la “afrenta” que supuso el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, confía no obstante en que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un consenso.
La legislación establece que los nuevos vocales estén avalados por tres quintos del Parlamento, lo que exige el acuerdo del PSOE y del PP.
“El PP cumple con sus obligaciones legales y constitucionales y es plenamente consciente de que hay que cumplir la ley y de que los órganos constitucionales tienen que renovarse conforme establece la ley; lo que tienen que darse son una circunstancias adecuadas”, señala.
“Llamo a la prudencia de todos para que todo pueda hacerse como marca la ley. Yo creo que los grupos parlamentarios sabrán cumplir con sus obligaciones”, manifiesta sin revelar detalles de las negociaciones.
A finales de julio fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron a Efe que estas estaban muy avanzadas, después de que en 2018, cuando concluyó el mandato del actual CGPJ, que sigue en funciones, se rompiera el acuerdo alcanzado por socialistas y populares y que situaba al magistrado Manuel Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces.
Tras saltar por los aires aquel pacto, el PP defendió la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales para que la mayoría fueran elegidos por los propios jueces, un modelo por el que siguen apostando aunque llegue a un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo con el actual sistema parlamentario.
“El PP no renuncia a que cuando tenga la mayoría suficiente en el parlamento adecué la Ley Orgánica del Poder Judicial al espíritu constitucional, en el que los doce miembros del Consejo que han de ser magistrados sean elegidos por magistrados”, afirma el consejero.
Ocurra lo que ocurra cuando se retome la actividad parlamentaria después de agosto, apunta, el objetivo debe ser fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial.
Toca también elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que concluyeron su mandato en noviembre de 2019, y López reitera, como en el caso del CGPJ, la obligación legal de renovar en plazo.
“Esto no es nuevo y no es bueno”, señala antes de recordar que en 2008 el PSOE “paralizó” la renovación del Constitucional hasta 2011 precisamente para que él no fuera nombrado magistrado.