Enrique Santiago (Madrid, 1964) fue parte fundamental en el acuerdo de paz en Colombia como asesor jurídico de la delegación de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) tuvo un protagonismo decisivo en la negociación de la amnistía para los líderes de la guerrilla. Y ese bagaje le otorga un conocimiento jurídico y político notable sobre la que ahora negocia el PSOE con Junts para los encausados del procés.
Santiago, que repite en esta legislatura como diputado aunque esta vez como parte de la coalición Sumar, dentro de la cuota de Izquierda Unida, cree que la sociedad española democrática está sobradamente preparada para aceptar una ley de este tipo porque “nació de una amnistía”. Y defiende que, de aprobarse, será el final de un proceso de normalización de la convivencia, no una herramienta para generar “situaciones de impunidad estructurales”.
El dirigente comunista se muestra muy crítico con la posición de la Unión Europea en el conflicto en Oriente Medio, especialmente con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Apuesta por que la comunidad internacional imponga sanciones a Israel por incumplir hasta 26 resoluciones de Naciones Unidas. Si Israel sigue actuando contra el derecho internacional, opina, los responsables serán también los países que no hacen todo lo posible por impedirlo.
Empecemos por la actualidad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo esta semana que es normal que haya voces diferentes en el Gobierno, pero que la posición única en esos temas la marca el PSOE. ¿Está de acuerdo con esa posición de la parte socialista?
Hay que acabar definitivamente con este conflicto. Eso pasa por obligar a Israel a que cumpla las 26 resoluciones de las Naciones Unidas que no ha cumplido a fecha de hoy. El único estado de la comunidad internacional constituido por una resolución de Naciones Unidas probablemente es el que tiene menos legitimidad para incumplir las resoluciones de la ONU. La solución tiene que ser la paralización del genocidio que se está cometiendo contra la población palestina, así como examinar la responsabilidades de todas las partes por las conductas que hayan tenido ante la Corte Penal Internacional. Y una solución definitiva: dos estados y, uno de ellos, un estado palestino viable. Esa tiene que ser la posición de España.
Somos muy críticos con la actitud que han mantenido las instituciones de la Unión Europea. A la señora [Ursula] Von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] hay que explicarle que las responsabilidades históricas de Alemania respecto al genocidio que cometió con el pueblo judío no quedan saneadas con la permisividad sobre la perpetración de otro genocidio. Y es lamentable la actitud de la derecha española intentando presentar esto como un problema de antisemitismo, precisamente por aquellos que fueron más cómplices de un gobierno de la dictadura franquista que fue parte del eje y de las fuerzas militares del ejército nazi.
¿Comparten la expresión usada por el presidente, Pedro Sánchez, de que Israel tiene derecho a defenderse?
Todo el mundo tiene derecho a defenderse de agresiones ilegítimas. Pero no existe un derecho a defenderse cuando ha cesado la agresión ilegítima. Hay un debate que abordar necesariamente: si Israel reconoce que estamos ante un conflicto armado o no. Si lo estamos, Israel tiene que respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Si Israel opina que esto es un problema de orden público interno, entonces tiene que respetar las normas de cualquier Estado de derecho. Y eso significa que tampoco puede ir ejecutando o exterminando incluso a personas que son responsables de actos terroristas. Hasta el más deleznable de los terroristas tiene derecho a un procedimiento judicial con derecho a la defensa con las debidas garantías.
Cuando España y los países de la Unión Europea dicen que Israel tiene derecho a defenderse, ¿no puede entenderse como una coartada para que pueda seguir atacando Gaza?
Lo que hay en marcha ahora mismo es una grandísima operación de limpieza étnica. El desplazamiento de más de un millón de personas. Es uno de los mayores desplazamientos de población civil por la fuerza que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente el mayor en tan pocos días. Y, además, dentro de una zona en guerra sin que nadie se preocupe –incluso la fuerza que organiza el desplazamiento, que es Israel– de que estas personas lleguen a un lugar seguro. Da la impresión de que hay un afán de Israel de ocupar más territorio como una parte importante de lo que hoy es el gueto en el que se ha convertido Gaza.
La comunidad internacional no puede ser permisiva con Israel
La comunidad internacional no puede ser permisiva. Si Israel sigue actuando contra el derecho internacional la responsabilidad también es del resto de países que no lo denuncian claramente y que no hacen todo lo que está a su alcance para evitar esto. Israel no puede vivir si la comunidad internacional le aplica sanciones. Lo que es increíble es que el estado que más resoluciones de Naciones Unidas incumple no soporte ningún tipo de sanción internacional.
¿España también es responsable?
España podría hacer mucho más de lo que está haciendo, pero es un problema de toda la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha denunciado los crímenes y las actuaciones contra la población civil y eso está bien, pero España debería tomar medidas mucho más contundentes. En primer lugar, mantener las relaciones diplomáticas con Israel debe depender de que Israel respete las relaciones internacionales. Y, en segundo lugar, hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea e Israel que no debería mantenerse. En la medida en que Israel no está respetando las cláusulas sobre respeto a los derechos humanos, los convenios de cooperación y colaboración entre la Unión Europea e Israel deberían quedar en suspenso de forma inmediata. Y España tiene la misma obligación que el resto de países de la Unión Europea de hacer que así sea.
Podemos ha pedido que España denuncie al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Comparten esa petición?
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional hay que cumplirla. Es lo que viene pidiendo la Autoridad Nacional Palestina desde el 2015. Palestina ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo que no tiene mucho sentido es que Israel no la acepte. Eso pone de manifiesto que Israel es consciente de que está incumpliendo las normas del Estatuto de Roma respecto a crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
No pueden seguir actuando grupos paramilitares de colonos armados, como estamos viendo en Cisjordania, que están aprovechando el genocidio en Gaza para continuar apropiándose de tierra y seguir matando a palestinos. Cuando se condenan actuaciones de terroristas o que pueden ser consideradas ante la opinión pública como terroristas de grupos armados, por ejemplo, palestinos, eso es correcto. Pero es muy sorprendente que se sea tan vigilante con grupos que lo que exteriorizan es la desesperación del pueblo palestino y se tenga tanta manga ancha con un Estado.
Lo que declaró ayer [por el miércoles] el presidente de Israel, el señor [Isaac] Herzog, es inaceptable. Eso es suficiente para comparecer ante la Corte Penal Internacional. Decir que la población civil de Palestina merecía el castigo que se estaba realizando y que ninguno debía tener derechos porque todos eran responsables de lo que había hecho una organización armada eso es un acto de ilegalidad absoluta. Eso es suficiente. El máximo responsable o la máxima representación institucional de un Estado. Eso pone de manifiesto que para Israel la impunidad es la forma de relacionarse con la comunidad internacional, porque se lo han permitido durante años.
Cambiando de tema. ¿Está al tanto de las negociaciones entre Sumar y el PSOE para la investidura? ¿Cómo van?
Para nosotros es fundamental que haya una agenda social y laboral importante en el acuerdo de gobierno y eso es algo que el PSOE tiene que tener claro. No sería procedente un acuerdo de gobierno que fuera menos ambicioso que el que ya se acordó en el año 2019. Las medidas que impulsó el Ministerio de Trabajo y otros ministerios de lo que entonces era Unidas Podemos y ahora es Sumar han mejorado la economía en nuestro país. Esa es la senda que tenemos que seguir. El PSOE no debe caer en la tentación de volver a las políticas de austericidio.
¿Están negociando una reforma fiscal?
Para que los Presupuestos sean expansivos y no haya problema de déficit la solución es bien sencilla: incrementar los impuestos a quienes ganan más dinero, mejor dicho, a quienes ganan tanto dinero que no tienen ni tiempo para gastárselo. Hay mucho margen. Nosotros tenemos una presión fiscal muy baja. Es sorprendente que cualquier ciudadano medio pague más de un 21% de cuota por sus ingresos como impuestos. Y las empresas en nuestro país, la que llega a tributar un 10% en este momento es una absoluta excepción. Eso es absolutamente inaceptable.
El Partido Socialista no debe caer en la tentación de volver a las políticas de austericidio restrictivas
¿Qué otras prioridades están planteando en la negociación?
Para nosotros es básica la reducción de la jornada laboral. Tenemos que ir a una jornada de 35 horas para que la gente pueda vivir y disfrutar la vida. Seguir subiendo el salario mínimo hasta un 60% del salario medio real. Eso es un mínimo de 1.270 euros y probablemente a lo largo de la legislatura sea de 1.300 euros de salario mínimo interprofesional. Hay que establecer un nuevo marco de contrataciones que acabe con el abuso de los contratos a tiempo parcial. Quien realmente para conciliar la vida familiar o por cualquier otra necesidad requiera de una contratación a tiempo parcial tiene que tener esa opción. Pero que se utilice de forma abusiva para poner sueldos de miseria a los trabajadores y trabajadoras es inaceptable.
Y finalmente hay que acometer una reforma radical y profunda del Estatuto de los Trabajadores. Necesitamos uno para el siglo XXI. Y esa reforma tiene que descansar fundamentalmente en otro modelo de despido, de forma que disuada efectuar despidos de aquellos colectivos que tienen dificultades para la inserción laboral en nuestro país.
¿Incrementando el coste del despido?
El coste del despido, por supuesto. Y luego acompañado de medidas de formación, capacitación y también de generación de empleo, por supuesto, y de empleo de más calidad. Pero esa puede ser una de las medidas. Por supuesto que sí.
Sumar ha hablado mucho de todas estas cuestiones que tienen que ver con la agenda social. Pero en la legislatura pasada, por ejemplo, se quedó en el tintero la reforma de la ley mordaza. ¿Estará de nuevo en ese acuerdo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana?
La Ley de Seguridad Ciudadana debe por fin ser modificada en profundidad en la línea de lo que avanzamos en la anterior legislatura. Tenemos que ser capaces de construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas democráticas de este país que coinciden en que es necesario que no se penalice la libertad de expresión administrativamente, el derecho de manifestación, el de reunión o muchos otros derechos básicos para un ciudadano en un país democrático que están siendo excesivamente penalizados.
También es importante acabar con los delitos que afectan a la libertad de expresión en una sociedad democrática madura. No tiene sentido que haya una censura del Estado a determinadas valoraciones sobre instituciones o sobre sentimientos religiosos. Esas cuestiones tienen que ser modificadas para que no haya cantantes o artistas que acaben siendo sancionados incluso penalmente.
La sociedad española democrática no solamente está preparada, sino que surgió de una amnistía
Hay una ocasión ahora muy clara de extender la aplicación de los derechos fundamentales. Hay legislaciones que tienen que ser modificadas. España no puede tener, por ejemplo, una legislación de secretos oficiales del año 1963 elaborada en pleno régimen franquista. Eso es inaceptable. Todos los países de nuestro entorno tienen legislaciones que fueron aprobadas a partir del principio de la década de los 80 del pasado siglo. Necesitamos un modelo en el que esté claro quién clasifica documentos y que la desclasificación sea automática por el transcurso del tiempo para que puedan acceder historiadores, periodistas y la opinión pública en general.
En el anterior acuerdo de gobierno ya establecimos una reforma de la jurisdicción universal que no se acometió en toda la legislatura y que creemos que hay que retomar. En estos momentos, además, en los que hay una gran inestabilidad mundial y se están cometiendo sistemáticamente por parte de muchas organizaciones o estados crímenes internacionales es importante que cuando no tengan capacidad los tribunales de los países porque se sientan incapaces, no se atrevan o no tengan medios, cualquier ser humano pueda ser protegido por la comunidad internacional.
Hablemos de la amnistía. ¿Está preparada la sociedad española para una ley de amnistía como la que se está perfilando? ¿Es constitucional?
La sociedad española democrática no solamente está preparada, sino que surgió de una amnistía [la de 1977]. La amnistía es el bautismo de la sociedad democrática. No es de extrañar que los que se oponen a la amnistía sean los mismos que se opusieron también a la amnistía de la que nació la democracia en nuestro país.
Pero no es lo mismo una amnistía después de 40 años de dictadura que una para los encausados por el procés.
Claro, no es lo mismo cuando han pasado 40 años. Pero los que se oponen a la ley de amnistía son los que cada vez que gobiernan dan una amnistía por delitos económicos. Para defraudadores fiscales, para los que cometen graves delitos económicos, sí se les puede perdonar sus infracciones, pero, en cambio, para los que cometen infracciones de índole político que no tienen por cierto alcance al erario público, a esos, no se sabe muy bien por qué, no se les puede solucionar el problema. O no se les puede eliminar, que es lo que hace la amnistía, la responsabilidad penal sobre una determinada conducta.
La amnistía es el final de un proceso. La voluntad no es dar amnistías para generar situaciones de impunidad estructurales. La amnistía no equivale a dar un permiso para que se delinca y se infrinja la ley sistemática y continuadamente. Es un proceso de normalización de la convivencia. Y este Gobierno de coalición ha trabajado mucho en estos cuatro años por normalizar la convivencia en Catalunya. Ya no hay algarada callejera, ya no se queman contenedores, ya no se interrumpe la circulación de los trenes, ya no hace falta llevar Policía de toda España y ya no hay el enfrentamiento cívico entre ciudadanos de una forma de pensar y otra que ha habido durante los gobiernos del PP.
La derecha es incapaz de garantizar la convivencia normalizada en nuestro país porque no es democrática y no es tolerante. Nosotros hemos demostrado que es posible la convivencia democrática. El final de ese proceso tiene que estar basado en medidas que eviten volver a calentar la situación. La amnistía es una herramienta excelente que, por cierto, se utiliza recurrentemente entre los países de nuestro entorno. El pasado julio Portugal acordó una amplia amnistía para delincuentes juveniles. ¿Con qué motivo? Iba el Papa a Portugal. Ningún otro motivo.
¿Está de acuerdo con los términos del dictamen de los expertos de Sumar? Usted participó en la redacción de la amnistía que puso fin al conflicto con las FARC en Colombia. ¿Ha participado ahora en la redacción de este dictamen?
No he participado porque es un dictamen de profesores y profesoras de Derecho y de académicos. Ese es el ámbito en el que lo queríamos hacer. Lo primero que han puesto de manifiesto de forma unánime los catedráticos es que por supuesto que la amnistía es constitucional. Tampoco hace falta un gran esfuerzo: hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre cuestiones relacionadas con la amnistía y, por supuesto, las incluyen dentro del ordenamiento constitucional. No crean a nadie que diga que la amnistía no es constitucional porque no tiene más autoridad que el Tribunal Constitucional.
Ese dictamen está muy bien hecho, da un marco posible para una ley. Pero esa es la opinión de unos académicos. Luego, entre las distintas fuerzas políticas habrá que ver cuál es el contenido y el alcance. La amnistía no va a alcanzar en ningún supuesto delitos de corrupción. A lo mejor si los alcanzara al PP le parecería mejor.
¿Tienen que estar las fuerzas de seguridad? El dictamen abarca únicamente a los 28 agentes que solo esperan juicio por lesiones.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que tener garantías de seguridad jurídica y no pueden encontrarse ante los tribunales por hechos relacionados con el procés. Tiene que haber unas decisiones equilibradas. Si para las infracciones de índole político hay una amnistía, para las posibles infracciones cometidas combatiendo esas infracciones políticas también tiene que haber una amnistía. Para unos y para otros el límite siempre es el mismo: nunca puede haber amnistía para crímenes internacionales, de lesa humanidad, genocidio o torturas, por ejemplo.
Ahora bien, yo sinceramente no creo que merezcan el mismo tratamiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que las infracciones políticas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso aunque hayan cometido excesos, lo han hecho respondiendo a órdenes superiores de las instituciones del Estado y para lo que ellos entendían que era administrar o salvaguardar el orden constitucional. Hay que garantizarles la exención de cualquier tipo de responsabilidad penal por sus actuaciones, pero no creo que la institución de la amnistía sea la más adecuada porque ellos no han cometido infracciones políticas. Hay que buscar otra figura que garantice esa seguridad jurídica.
¿Entonces los sacaría de una ley de amnistía?
No digo que no esté dentro de una ley de amnistía. Digo que tiene que ser una institución o una figura diferenciada.
¿Cree que gestionó bien Sumar la propuesta del grupo de expertos? Hubo mucha confusión sobre si esa era una propuesta de proposición de ley, si era una propuesta concreta de Sumar...
Sumar ha hecho un trabajo muy difícil, con un alto coste. El PSOE no se ha atrevido a abordar este debate igual que no se atrevió en su momento a aprobar la subida del salario mínimo, la reforma laboral o la intervención de los precios del mercado eléctrico. Nosotros asumimos esa tarea. Hay que reconocer el gran papel que ha hecho en esto Yolanda Díaz y el equipo que ha venido trabajando con ella en esta materia. Ha sido un trabajo muy valiente. Tenía un alto riesgo de incomprensión por parte de la sociedad, pero estoy muy contento porque se ha hecho una tarea pedagógica donde la inmensa mayoría de la sociedad entiende claramente que esto no solamente no es malo, sino que es una medida positiva. Nos va a cerrar definitivamente ese problema y poner a todas las fuerzas de gobierno a trabajar por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.
Hay que reconocer el gran papel que ha hecho en esto Yolanda Díaz en las negociaciones para la amnistía
Hablando de ese gobierno, ¿están reclamando que Izquierda Unida tenga un ministerio? ¿O cierto peso a través de secretarías de Estado?
Es evidente que en los gobiernos tienen que participar todas las fuerzas políticas o el mayor número posible. También es una decisión de cada una, pero las que decidan participar tienen que tener un espacio.
¿Izquierda Unida tiene decidido participar en el Gobierno?
Izquierda Unida decidirá participar cuando veamos cuál es el acuerdo de Gobierno.
¿Pero hay una voluntad?
Hay una voluntad de que haya un buen acuerdo de gobierno y también de poder participar en el Gobierno. Por supuesto que sí. Lo veremos en su momento.
¿Sería un error si Yolanda Díaz decidiese que Izquierda Unida no tiene ministros en el Gobierno?
No creo que esto sea una decisión de Yolanda Díaz. Obviamente será una decisión colectiva que discutiremos en su momento, atendiendo a la situación que haya en cada momento. Sea cual sea el acuerdo de gobierno lo que habrá que tener muy en cuenta es la voluntad de cada una de las fuerzas políticas, sobre todo las de ámbito estatal, que forman parte de Sumar. Izquierda Unida es una de ellas y por supuesto que trabajaremos para que su opinión, sea la que sea, se tenga muy en cuenta.
Habrá que tener en cuenta la voluntad de las fuerzas políticas de ámbito estatal que quieren estar en el Gobierno
¿Cómo está siendo el debate interno dentro de Sumar? Hubo mucha polémica hace unas semanas con el reparto de portavocías adjuntas en el Congreso. Ni Podemos ni Izquierda Unida tendrán esa figura.
Sumar es el más amplio acuerdo de fuerzas progresistas que ha habido en democracia. Un acuerdo que inicialmente con Unidas Podemos fue de cinco fuerzas políticas y ahora hemos pasado a 13, con distintas identidades y con fuerzas de ámbito regional. Es verdad que es muy difícil concretar y plasmar todo eso. Izquierda Unida obviamente ha defendido tener una portavocía y creemos que sería bueno que la tuviéramos. Somos la fuerza política de Sumar con más antigüedad y con un papel incluso histórico en la democracia española. También somos una fuerza con amplio arraigo, influencia y organización en todo el territorio, cosa que no tienen todas las fuerzas de la izquierda que forman parte de Sumar. Si no ha podido ser ahora seguiremos trabajando para que sea así. Lo más importante es sacar leyes adelante que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y no quedarnos paralizados porque una primera voluntad que teníamos de tener una portavocía no ha podido ser satisfecha.
¿Pero debería haber más democracia interna en los procesos de toma de decisiones de Sumar?
Sumar es un espacio en construcción y eso requiere prueba y error y requiere sumar esfuerzos. Nosotros estamos trabajando, y también muchas otras fuerzas políticas en Sumar, para que cada vez sea un espacio más consolidado, con más mecanismos de participación y con mejores procesos de toma de decisiones. De momento tenemos una dirección del grupo parlamentario que está funcionando de forma muy amplia. Incluso ahí ha habido un avance respecto a la anterior legislatura. Hay fuerzas políticas como Alianza Verde y Equo que no tienen representación parlamentaria y forman parte de la dirección política del grupo parlamentario.
El compromiso en Sumar es sacar adelante el acuerdo de gobierno e inmediatamente después la tarea es poner en marcha el proceso asambleario de constitución de Sumar. Un proceso que tiene que tener un componente ciudadano y otro de participación de partidos políticos. Izquierda Unida va a trabajar intensamente para que ambos componentes sean exitosos.
Alberto Garzón hizo una propuesta muy concreta para la creación de un Frente Amplio. Decía que Sumar tenía que ser un partido más dentro de ese Frente Amplio. ¿Está de acuerdo con esa propuesta? ¿Cómo se deben integrar el resto de partidos en esa plataforma?
Bueno, no es una propuesta de Alberto Garzón, es una propuesta aprobada por los órganos de Izquierda Unida después de un intenso debate y, además, aprobada por una amplísima mayoría. Esa propuesta dice que en el espacio de Sumar tiene que haber un espacio con participación de todos los partidos políticos que la han conformado y con unos mecanismos de relación claros. Es una propuesta como otras muchas que van a ser tenidas en cuenta en el proceso asambleario de Sumar. Lo que toca ahora es debatirlas. Nosotros partimos de esa propuesta y estamos absolutamente dispuestos a discutir, valorar, construir, consensuar otras propuestas que haya sobre la mesa.
Pero no solo como coalición electoral sino como una plataforma política más amplia.
Lo que quiera hacer Sumar. Sumar hoy es una coalición electoral. Izquierda Unida defiende que sea un espacio político que vaya más allá. Eso no es una decisión nuestra, es una decisión del resto de fuerzas políticas. Nosotros estamos a gusto con la coalición electoral. Estaríamos más a gusto con un espacio político común donde todo el mundo se interrelacionara y cada persona tuviera un voto. Esa es la esencia de la democracia.
Pero es verdad que en Sumar hay mucho que trabajar en común. ¿Por qué? Porque hay fuerzas políticas que tienen una vocación de construcción de un proyecto estatal y hay otras que su voluntad es conformar alianzas electorales. La inteligencia de nuestro proyecto político radica en saber congeniar esos dos aspectos y crear un espacio común para todos.
¿Izquierda Unida va a estar entonces en la Asamblea Constituyente de Sumar?
Cuando se convoque la Asamblea Constituyente de Sumar, se defenderá o se tomará una decisión. Mi posición es que por supuesto. No solamente hay que estar en la Asamblea Constituyente de Sumar; hay que impulsar el proceso constituyente de Sumar.
Izquierda Unida no solo debe estar en la Asamblea Constituyente de Sumar, tiene que impulsarla
¿Manteniendo la identidad de Izquierda Unida como partido?
En principio ese proceso solamente es posible manteniendo las identidades políticas de cada uno de los partidos que lo conforman. Y luego iremos viendo.
Ahora en Izquierda Unida se tiene que abrir en los próximos meses un proceso de renovación de liderazgos, a raíz de la decisión de Alberto Garzón de dar un paso al lado. ¿Se plantea disputar el liderazgo de IU?
No, no. Tengo bastante con la secretaría general del PCE y con la portavocía parlamentaria. Mi perspectiva de contribución al proceso político de este país no es precisamente ocupar cargos. Yo llevo militando 40 años y no he ocupado un cargo público hasta hace cuatro, o sea, ya muy mayor. Tengo una actividad profesional constante, siempre he militado compatibilizando con mi actividad profesional y estoy a disposición siempre. Esa es mi visión de la participación en política desde una perspectiva de izquierdas y de defensa de los intereses de las clases trabajadoras: contribuir y estar a disposición para lo que vaya surgiendo. Ni siquiera me postulé para secretario general del PCE. A mí me pidieron que me postulara.
Seguramente la primera prueba de resistencia para la coalición de Sumar serán las elecciones europeas. Hay voces en Izquierda Unida críticas con el acercamiento de Yolanda Díaz a Los Verdes. ¿Hay un debate sobre si concurrir con Sumar en el caso de que conformen una lista electoral en la que la mayoría de los eurodiputados vayan al grupo de Los Verdes?
Izquierda Unida históricamente ha concurrido a las elecciones europeas en amplias coaliciones en nuestro país, donde había fuerzas políticas que siempre iban a al Partido Verde Europeo, incluso por acuerdo de conformación de la coalición. Eso es histórico. A eso estamos más que acostumbrados. Tampoco es lo mismo el Partido Verde Europeo de la época de la lucha contra los euromisiles que el Partido Verde Europeo hoy, pro OTAN y dispuesto a abrir centrales nucleares.
Por eso lo pregunto.
Pero los debates de Los Verdes que los resuelvan Los Verdes. Nosotros no estamos en ese espacio. Somos ecosocialistas. Defendemos obviamente políticas sobre todo sociales y laborales y políticas que garanticen un medio ambiente sustentable. Y ahí vamos a estar siempre en la izquierda europea. Para nosotros eso es básico. Lo bueno del proyecto de Sumar es que hemos sido capaces de unir un espacio que en Europa no está unido. Como secretario general del PCE una de las cosas de las que estamos más orgullosos y orgullosas es de haber impulsado el Foro Europeo, el único espacio de relación en Europa donde forman parte desde las fuerzas del laborismo hasta las fuerzas verdes, pasando por la izquierda alternativa y transformadora; sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Nuestro problema para concurrir a las europeas no es que participen fuerzas políticas del Estado que luego se quieran alinear con el Partido Verde. Allá ellos y sus decisiones. Nuestro problema es con qué programa concurrimos a las elecciones europeas.