Gorka Ovejero es uno de los activistas de la plataforma Mugitu! (¡Muévete!) que este lunes se enfrenta al juicio por su participación en el lanzamiento de tartas a Yolanda Barcina en 2011 en Toulouse. Aquella acción tenía por objeto denunciar el desaforado impulso del tren de alta velocidad por todo el Estado. El colectivo al que pertenece Ovejero destaca en sus principios fundacionales su vocación no violenta. La utilización de tartas como modo de protesta la han importado de otros países como Francia o Estados Unidos y busca el impacto mediático que garantiza la utilización de un gran pastel blanco sobre el rostro de un poderoso. La acusación particular pide para Ovejero la pena de nueve años de cárcel. La justicia francesa, sin embargo, no ha abierto proceso contra los activistas franceses que también participaron en los hechos.
Ovejero ha conversado con eldiario.es para revindicar su derecho a la protesta no violenta. Según Ovejero, la clase política está tan protegida por la legislación que cualquiera puede encontrarse con penas de varios años de cárcel si protesta por encima de lo tolerable para el poder.
¿Cómo se explica que alguien pase nueve años en la cárcel por lanzar una tarta?
Se explica por la clase política que tenemos en España. En la dictadura eran intocables y ahora el poder se parapeta en códigos penales donde la autoridad se resguarda tanto que cualquiera puede acabar con estas penas. En España, no en Europa ni en Canadá ni en Estados Unidos.
¿Qué ocurre en otros países?
Al año de la acción de Barcina hicimos una investigación sobre cómo estaban las cosas en el resto del mundo y no hemos encontrado a nadie que haya ido a la cárcel por dar tartazos. Sabemos que un chico que entartó al alcalde de San Francisco fue condenado a tres meses de cárcel; no sabemos si entró o no. En Francia nunca ha habido cárcel por hechos como este, en Bélgica Nöel Godin y su grupo han dado más de cien tartazos a gente muy importante y se les ha calificado como una expresión del arte surrealista.
En España, la figura de la autoridad se resguarda tanto o más que en la dictadura. Si le das un tartazo al carnicero de tu barrio, ahí se queda él. Pero si se lo das a un cargo público, ya te cae todo el peso de la ley.
¿Qué les dicen en su entorno?
La gente no lo entiende y en nuestro entorno, al margen de la ideología de cada uno, nos dicen claramente que esto de ir a la cárcel es una barbaridad. Nosotros siempre les respondemos que una cosa es tu sensación y otra es un juez en una sala con el Código Penal en la mano y esa petición de penas en la otra. Nosotros tenemos serias dudas de que nos libremos.
¿Cuando planificaron la acción contra Yolanda Barcina, pensaron en algún momento que pudiera conllevar estos riesgos penales?
No. Teníamos constancia de que Francia enjuiciaba este tipo de hechos como un delito de faltas donde el proceso acaba en una simple multa económica. El último caso conocido fue contra el exministro Jean-Pierre Chevènement (exministro de Interior y Defensa). Al chico que lo entartó le multaron con 800 euros y un euro más por dañar su imagen pública. Aquí el atentado contra la autoridad se entiende como intento de agresión, desprecio, menoscabo, y nos están pidiendo nueve años de cárcel.
¿Cuántas personas participaron en la acción contra Yolanda Barcina?
Unas 10 personas.
¿Todos españoles?
No. Había tres o cuatro franceses.
¿Qué ha pasado con ellos?
Los llamaron a declarar en la gendarmería de Toulouse y a los dos meses se archivó el caso porque no se veían indicios de delito.
¿Cómo explica que Barcina pida nueve años de cárcel para usted?
Es un claro ejemplo de venganza política. Barcina, desde un primer momento, dice que es un comienzo dulce de su presidencia y después, cuando llega a Navarra, dice que se sintió humillada, agredida, y que el merengue francés es duro.
De hecho, así lo declaró y afirmó ante al juez instructor, que los tartazos le causaron daño físico porque el merengue francés es duro.
Era merengue donostiarra y Barcina no sufrió daños físicos. Mugitu!, en su decálogo fundacional, dice que aboga por la desobediencia civil en actos pacíficos. Un tartazo no tiene como objetivo dañar a la persona, sino bajar a los políticos de ese pedestal de inmunidad que les rodea. En ningún momento pretendimos agredirla, evidentemente.
¿Quién ordenó su detención?
La Policía Foral, tras abrir diligencias de oficio. La detención fue correcta aunque nos insistieron para que nos hiciésemos pruebas de ADN, bajo recomendación del abogado de oficio. No entendemos qué sentido tenía hacernos pruebas de ADN.
¿Qué espera de este juicio?
Por tomar el lado positivo, los tartazos han ayudado a que la gente acabase también hablando del tren de alta velocidad. Ha servido para que gente que no ha hecho mucho caso a lo que era el TAV, pues se hablase más y se visualice que es irracional gastarse en un tren de alta velocidad tanto dinero.
¿Lo volvería a hacer?
Sí.