La reforma de la ley mordaza caerá este martes si no hay un milagro de última hora. El texto sobre el que se trabaja desde hace más de dos años en el Congreso se vota por la mañana en la Comisión de Interior sin que haya por el momento un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana y EH Bildu en los cuatro puntos que han dificultado las negociaciones durante estos meses: el uso de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. El trámite de este martes necesita al menos la abstención de los dos socios independentistas, pero los republicanos ya han avanzado que, si no hay un acuerdo in extremis, se opondrán.
Lo ha dicho este martes en rueda de prensa la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha criticado que la reforma actual “se queda muy corta y es demasiado poco ambiciosa”. “No avalaremos lo que en Catalunya prohibimos hace diez años”, ha dicho en referencia al uso de pelotas de goma, a la vez que ha preguntado a En Comú Podem y a Unidas Podemos si “los derechos fundamentales prevalecen más en una Cámara que en otra”. EH Bildu tampoco parece dispuesta a apoyar el texto si no hay cambios y cree además que el PSOE ya ha entrado en el relato de culpas.
La reunión de la comisión será mañana, a partir de las 9.30. Allí se debatirá sobre el texto de la Ponencia, que salió adelante hace un mes, después de que Esquerra Republicana lo firmase para dar margen a la negociación. En aquel momento, insistió en que las posiciones seguían igual de enconadas en esos cuatro puntos, los mismos que han condicionado las negociaciones desde el principio, pero rubricó el texto con la esperanza de un cambio por parte del PSOE que a día de hoy y a escasas horas de la votación en comisión todavía no se ha dado.
En las reuniones previas a aquella ponencia se habían logrado algunos avances importantes hasta pactar cerca de un 96% de la ley, según fuentes conocedoras de la negociación. Pero en todos esos contactos se habían mantenido los choques siempre por los mismos puntos: el artículo 23.4 para prohibir el uso de las pelotas de goma; el 36.6 sobre las sanciones por desobediencia a los agentes; el 37.4 que busca eliminar o al menos objetivar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y una disposición adicional para acabar con las devoluciones en caliente.
El texto sobre el que se trabaja proviene del Partido Nacionalista Vasco y se tomó en consideración en 2020. Pese a que la derogación de la ley fue una promesa electoral de Pedro Sánchez y forma parte del acuerdo de coalición que suscribieron los socialistas y Unidas Podemos, la reforma ya lleva más tiempo en vigor con los gobiernos de izquierdas que con el PP, que la aprobó en 2015 gracias a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y tras la efervescencia de manifestaciones y protestas por los recortes tras la crisis de 2008.
En la reunión de la ponencia ya se constató la imposibilidad para sacar adelante la reforma sin los votos de los socios habituales del Gobierno. Con la firma de ERC, la votación quedó 19 a 17. El texto debe reunir al menos esos apoyos en el trámite de mañana para poder continuar su tramitación y viajar al Pleno del Congreso en previsiblemente dos semanas. El problema es que si ERC pasa del 'sí' al 'no' y EH Bildu mantiene su posición de rechazo, el texto caerá y por los tiempos parlamentarios su tramitación en esta legislatura ya no será posible, según admiten todas las partes. Todas las derechas votarán en contra y también lo harán Junts y el Grupo Mixto que en esta comisión corresponde a uno de los exdiputados de Unión del Pueblo Navarro.
El PSOE defiende que en toda la tramitación parlamentaria han hecho un importante trabajo de acercamiento y han mostrado generosidad, puesto que, apuntan en el partido, el texto ni siquiera ha salido de su grupo y han negociado la mayoría de enmiendas que plantearon al inicio de las negociaciones de la ley. Además, acusan a Esquerra de usar argumentos falsos a la hora, por ejemplo, de negociar la inclusión de las pelotas de goma en el texto. Sostienen que en Catalunya no están prohibidas y que el hecho de que la Generalitat no las use no signfica que no lo puedan hacer en el futuro.
Tanto PSOE como Unidas Podemos creen que con lo que se ha negociado hasta ahora ya se puede dejar de llamar “mordaza” a la ley. Fuentes del espacio confederal afirman que el texto tiene un “enfoque claramente progresista”, al contrario del que está vigente y destacan los avances en la limitación del deber de colaboración de los ciudadanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando exista riesgo de integridad personal o la eliminación del concepto de registro domiciliario. Además, señalan otros avances importantes. Por ejemplo, se modifica el criterio “casi absoluto de veracidad” de las declaraciones de los agentes o se salvaguarda el derecho de manifestación aunque no haya comunicación previa.
“No van a ser sancionables las protestas ante oficinas públicas, bancarias o infraestructuras cuando se trata de un ejercicio de la protesta social. No va a ser sancionable el ‘top manta’. Se incluyen sanciones restaurativas de reeducación del infractor y de reparación del daño causado. Se reducen las cuantías económicas de las sanciones y se incluye por primera vez en el régimen sancionador español una ponderación de las sanciones, de forma que a igual comportamiento pagan más los que más dinero tienen, que es lo justo”, resume el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago.
Aunque reconoce que no se ha alcanzado el cien por cien de lo que exigían las partes, con lo trabajado hasta ahora, se garantiza “una expansión de la recuperación de los derechos y libertades” que está en peligro por esos tres o cuatro asuntos.