Jon Iñarritu (Leioa, Bizkaia, 1979) lleva semanas inmerso en las últimas negociaciones con el resto de grupos para tratar de desencallar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 aprovechando su mayoría absoluta, que tanto la oposición como los movimientos sociales que en aquel momento se levantaban en la calle contra los recortes rebautizaron como ley mordaza. Los aliados de la Moncloa en el Congreso de los Diputados han pactado a lo largo de un año y cerca de una cuarentena de reuniones más de un 90% del articulado, pero no han logrado superar el bloqueo por los puntos más duros: el uso de las pelotas de goma, las faltas de respeto a las fuerzas de seguridad, las sanciones por desobediencia o las devoluciones en caliente en la frontera.
El diputado de EH Bildu está convencido de que el PSOE no se abrirá a negociar los puntos más lesivos de esta norma, a pesar de que fue uno de los compromisos que suscribió con sus socios de investidura al inicio de la legislatura. Cree que quien marca la pauta a los diputados socialistas es en realidad el Ministerio del Interior, que tiene las manos atadas por el miedo a la deriva ultra de los sindicatos policiales.
“Cuando se nos dice ‘el Ministerio no lo ve, el Ministerio no quiere’, es obvio que el Ministerio del Interior no ve con agrado esta norma”, razona, aunque se muestra abierto a seguir negociando hasta el último segundo. Esta semana los grupos acordaron posponer siete días más la votación del texto en la ponencia del Congreso y creen que el próximo miércoles será la última oportunidad para llegar a un acuerdo y que el texto pueda viajar a la comisión.
Iñarritu hace balance de una legislatura convulsa en la que se ha consolidado como socio estable del Gobierno y garantiza que seguirá dando su apoyo a la izquierda para evitar que PP y Vox entren en el poder. Su respaldo a la agenda social del Ejecutivo no se extiende sin embargo a la política exterior, especialmente por la relación con Marruecos, y pide al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que comparezca por iniciativa propia antes de la cumbre bilateral que se celebra esta semana en Rabat.
¿Cómo se puede explicar que tras cuatro años y teniendo los números para hacerlo no se haya derogado la ley mordaza ni consensuado una norma sobre la vivienda, uno de los problemas más acuciantes que tiene el país?
Es la pregunta que todos y todas nos hacemos. Me refiero, en primer lugar, a la ley mordaza. En teoría, había el compromiso y la voluntad por parte de la mayoría de grupos políticos de derogar una ley tan lesiva contra los derechos y libertades de la ciudadanía que todos estos partidos llevamos años denunciando. Pero cuando llega la hora de la verdad vemos que hay dificultades para llegar a acuerdos en lo que son los artículos más lesivos, los artículos más fundamentales, con aquellos que se sanciona más. No hay voluntad política por alguno de los partidos del Gobierno.
Y esta situación nos genera un dilema que es: a ver si hay algún partido que lo que quiere es aprobar una ley mordaza light, esto es, mejorar algunos aspectos secundarios. A nosotros se nos hace imposible pensar que a estas alturas exista un partido de gobierno que quiera mantener esos artículos con diferentes argumentos, con diferentes excusas. Nosotros a eso no vamos a jugar, no estamos dispuestos, que no cuenten con nosotros.
El PSOE es el partido con el que hay más divergencias, pero habla de más formaciones.
Una vez que el Partido Socialista ha dicho que no se mueve de ahí porque tiene obstáculos dentro del Ministerio [del Interior], porque la realidad de los cuerpos y fuerzas policiales es la que es, hay algún partido que dice: bueno, pues quizás mejor esto que nada. Y hay otros partidos que decimos que eso no es serio. Se trata de desmontar, de desactivar aquellos artículos por los que a esta ley la llamamos ley mordaza, que no son más que esos con los que se sanciona mayormente a la ciudadanía. Si no tocamos y desactivamos esos artículos, el resto, que está bien y nosotros somos partícipes de muchos de esos acuerdos que están siendo llevados a la ponencia, no tendrá sentido. Sería una incongruencia.
¿Qué partido?
Unidas Podemos, al menos el ponente [el portavoz adjunto, Enrique Santiago], está en esa lógica de “Es lo que hay, el Partido Socialista no se va a mover, mejor esto que nada”.
Lo que defiende Unidas Podemos es que está tratando de hacer una labor de moderación entre bloques. ¿Ha habido algún acercamiento en las últimas reuniones entre el PSOE, ERC y ustedes?
Ese relato de los hechos no se ajusta a la realidad. Sí quiero reconocer que Unidas Podemos ha hecho un trabajo importante y que nosotros hemos estado muy de acuerdo en muchas de las propuestas que han hecho. Ahora bien, creo que ha llegado un momento en el que han visto que el Partido Socialista no se movía y han puesto encima de la mesa unas propuestas que a nosotros no nos parecen asumibles, no porque estén en un punto intermedio, sino porque no desactivan esos puntos fundamentales. Tendrán que explicar por qué han cambiado de posición.
¿Qué propuestas son? ¿Por qué creen que no desactivan los aspectos más lesivos de la ley?
Es necesario abordar la eliminación de las pelotas de goma, ya sea por su prohibición, ya sea por una sustitución de material, pero hay que entrar al grano. Unidas Podemos ha dicho que podría tratarse fuera de la ley y en otro contexto, pero es que no hay voluntad política. Podríamos hablar de eso, no nos oponemos, pero es que el Partido Socialista en ningún momento ha mostrado esa voluntad, no ha hecho ningún gesto y no ha anunciado nada.
Luego está el artículo 36.6, uno de los más lesivos, por los que más se sanciona, que es el de desobediencia [sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes]. Durante varios meses hubo una propuesta encima de la mesa, incluso apoyada por el PSOE, que era que a los actos de resistencia y desobediencia a los agentes de autoridad debía incluirse una oposición física o corporal. Y esto daba una objetivación que yo creo que dejaba muy claro cuándo había habido una resistencia, una desobediencia. El PSOE finalmente ha dicho que no, entonces hay una propuesta hoy en día que es la desobediencia reiterada, pero volvemos al problema: se elimina la objetivación que se había acordado y esto vuelve a abrir la caja de Pandora. Nosotros tenemos voluntad de negociar, porque éramos proclives a la eliminación directa del 36.6, y ahora lo que decimos es que si ese artículo se objetiviza podemos llegar a un acuerdo. El tema es no dejarlo a la subjetividad de un agente para que pueda sancionar a un ciudadano cuando le venga en gana.
Y algo similar ocurre en el 37.4. Hay partidos que abogamos por su eliminación, pero que nos abrimos a otra propuesta, creo que también de UP, que era que los insultos e injurias a agentes de la autoridad, cuando no fuesen constitutivos de delito, pudiesen ser una infracción de carácter leve. Nosotros dijimos: hombre, los insultos e injurias son algo objetivable. Los gestos, los comportamientos, no son algo objetivable porque a día de hoy uno de los grandes problemas de esta ley es que se sanciona a gente por un tono de voz, por una mirada o incluso por una camiseta o un pin, y esto no es aceptable. Entonces, si el problema está ahí, vamos a objetivizar y eliminar ese elemento de subjetividad que facilita la libre sanción cuando a un agente le venga en gana.
¿Las devoluciones en caliente siguen siendo un punto de enquiste o hay posibilidades de trasladar ese asunto a la negociación por la ley de extranjería?
Se ha planteado posponer el debate de las devoluciones sumarias o en caliente para una negociación de la ley de extranjería, pero esa ley no está encima de la mesa y no está en el calendario. Y nadie quiere objetivar tampoco ni en qué casos ni cómo, porque es una patata caliente.
Tenemos hechos como el del 24 de junio en Melilla, con prácticamente 500 devoluciones en caliente, donde según instancias europeas y según el mismo Defensor del Pueblo no se respetó ni la legalidad española ni la internacional. Y de igual forma, un uso masivo de pelotas de goma en una situación de vulnerabilidad y de peligro, y no se quieren abordar esos asuntos en una ley de seguridad ciudadana.
¿Cree que el Gobierno está atado por el cambio de postura en las relaciones con Marruecos?
El asunto de Marruecos entra dentro del contexto. Creo que el Gobierno es rehén de Marruecos y la situación es preocupante porque Rabat es capaz de poner y quitar ministros en España en este momento, es capaz de condicionar la política exterior del partido principal del Gobierno o del Partido Socialista, como vimos la semana pasada en el Parlamento Europeo. Y de igual forma vemos cómo ese Estado que está haciendo de gendarme del sur, con esta política de externalización de fronteras, comete una tragedia en territorio español, repito, en territorio español, y el Gobierno mira para otro lado porque no quiere decir nada en contra de ese Estado.
La semana que viene vamos a ver una muestra de ello en la cumbre hispano-marroquí. Ojo, yo veo que es bueno que todos los Estados se lleven bien con sus vecinos, sean cuales sean, que tengan relaciones cordiales y fructíferas, pero el precio a pagar no puede ser por un lado la traición y el abandono del pueblo saharaui y por el otro inhibirse de responsabilidades en materia de derechos humanos en las fronteras. Ese no puede ser el precio a pagar.
Este lunes, ustedes se abstuvieron en una petición del PP para que compareciese el ministro de Exteriores para explicar la postura del Gobierno sobre Rabat. ¿Por qué?
Nos abstuvimos y, si llega a haber un empate, que era lo previsto, porque varios grupos habían anunciado que iban a abstenerse aunque luego votaron en contra, nosotros habríamos desempatado.
A favor de que compareciese.
Sí, creemos que es importante que comparezca. Tiene que explicar los hechos ocurridos el 24 de junio en Melilla, en territorio español; la capacidad de Marruecos para influir en las políticas exteriores del Partido Socialista, el partido del Gobierno; qué posición se va a defender ante el asunto del Sáhara Occidental; y otro punto también sustancial: la persecución de Marruecos a un periodista español reputado como Ignacio Cembrero, que creo que es uno de los mayores especialistas sobre el Magreb que hay en este Estado y que no tiene ningún apoyo por parte del Gobierno.
Volviendo a la ley. Ya no es solo por nosotros. En el pasado mes de febrero, la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, escribió una carta al Gobierno y al Congreso diciendo que la propuesta inicial que habían acordado tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos no abordaba asuntos fundamentales como eran estos artículos que he mencionado y uno que ayer sí llegamos a un acuerdo que era el 30.3, que es el de la responsabilidad de los convocantes de las manifestaciones. Este afortunadamente se desbloqueó. Si ha sido posible en el 30.3, que era un artículo complicado y que era también uno de estos artículos lesivos, ¿por qué no es posible en otros?
¿Por qué no es posible?
Porque no hay voluntad política por parte del Partido Socialista. Esa es la cuestión.
¿Pero qué es lo que frena al PSOE para desbloquear este asunto cuando era una promesa que estaba en su programa electoral?
Hay diferentes factores. Algunos se nos han venido a sugerir de manera muy implícita. Estamos en un año electoral, a unos meses de las elecciones autonómicas y en junio hay elecciones sindicales. El Gobierno y el Ministerio están preocupados por el auge de la extrema derecha en estos sindicatos policiales y esto incluso está moviendo el eje de centralidad en otros sindicatos que hasta el día de hoy eran corporativos pero no representaban un extremismo ideológico y hoy en día hacen gestos en esa línea. Cuando se nos dice “el Ministerio no lo ve, el Ministerio no quiere”, es obvio que el Ministerio del Interior no ve con agrado esta norma.
Mi gran pregunta es si no ve con agrado esos artículos o está utilizando de excusa esos artículos para que no salga toda la ley. Es decir, cuando saben principalmente que esas son líneas fundamentales de varios grupos e incluso que han sido señaladas por el Consejo de Europa, no sé si las está utilizando para cargarse indirectamente que salga la ley o es simplemente que quiere una ley que mantenga esos artículos de la anterior.
Es decir, tiene la sospecha de que el PSOE está librando una negociación dura para acusarles a ustedes de que han tumbado la ley si finalmente no sale.
Es una de las dos hipótesis. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Nos podemos reunir hasta el miércoles que viene, que habrá ponencia. Tenemos toda la voluntad de dialogar y negociar, porque creemos fundamental derogar esta ley tan lesiva. Pero hasta ahora vemos que no hay esa voluntad. Con diferentes argumentos, con diferentes excusas.
Si se vota mañana, la ley no sale.
Si se llega a votar en la ponencia de ayer [por el martes], creo que había bastantes opciones de que hubiera decaído. El hecho de que se haya postergado una semana puede ser un signo positivo. Vamos a ver si hay voluntad, si hay capacidad de abordar las diferencias sustanciales que hay en base a esos cuatro o cinco puntos. La semana que viene yo creo que se va a esclarecer cuál es la situación.
Otra de las leyes que están negociando ahora mismo con el Gobierno es la de vivienda. ¿Ve más cerca el acuerdo?
Es una iniciativa que está negociando nuestro portavoz adjunto, Oskar Matute. Creo que podrá haber un acuerdo porque, dentro de las dificultades de la negociación, sí veo una sintonía de negociación, no veo esas líneas infranqueables y esos obstáculos. ¿Veo una negociación dura? Sí, como todas. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la negociación de la ‘ley mordaza’, que es algo inaudito.
¿Tienen más poder los sindicatos policiales que los fondos buitre?
Lamentablemente. Y esto se lo dije a un secretario de Estado que me habló de la preocupación del Gobierno acerca de las manifestaciones de estos sindicatos. Y le dije que lo preocupante es que al final logran el objetivo que tienen: si hacen una movilización y amenazan con más y vosotros creéis que desestabilizan y que ponen en riesgo la estabilidad y eso os preocupa mucho, al final sois rehenes de lo que hacen, les estáis dando ese poder de decisión que no tienen y que no está representado en esta Cámara. ¿Sois rehenes también de esas movilizaciones? Bueno, la realidad es esta, es triste, pero así es.
Va a terminar la legislatura y no parece que vaya a haber una comisión de investigación sobre la monarquía, como ha solicitado su grupo en reiteradas ocasiones. ¿Qué cree que impide al PSOE aceptar este tipo de investigaciones?
Viendo lo que hemos visto sobre la Casa Real, ¿qué más tiene que ocurrir para que el Partido Socialista, en base a esos principios republicanos que defiende o que dice que tiene, se abra a investigar hechos muy graves que han ocurrido en este Estado? El problema viene de lejos. Obviamente viene del régimen anterior y de la tan alabada Transición.
Creo, si no me equivoco, que son 13 las comisiones de investigación que se han solicitado en esta Cámara y todas se bloquean. Si tan ejemplar es la Casa Real, ¿qué miedo tienen a que se investiguen hechos en esta con todas las garantías, con todos los procesos? Me parece un sinsentido que tendrá que aclarar el PSOE, que en esto actúa igual, igual, igual que el Partido Popular y Vox.
Durante esta legislatura y ya antes tras la moción de censura, Bildu ha primado las políticas de izquierdas sobre el discurso independentista. ¿Cuánto han influido las crisis que se han vivido en los últimos años, primero la pandemia y después la invasión de Ucrania, y cuánto la estrategia para competir con el PNV?
Somos una formación independentista y de izquierdas. Las dos. Las dos patas del partido son esas. La otra es que somos un partido enormemente demócrata y la cuarta es que defendemos los derechos humanos en todos los lugares. Respecto a las políticas de izquierda, es que son más que necesarias en un momento tan convulso como esta legislatura, que yo creo que nunca hemos vivido tiempos tan raros en nuestras vidas. Durante dos años ha habido que gestionar una pandemia y obviamente había que primar políticas sociales y nuestro voto, siempre lo hemos dicho, va a estar ahí donde hiciera falta blindar las necesidades de la ciudadanía.
De igual forma, cada vez que ha habido propuestas, que hay iniciativas relativas al reconocimiento de los derechos de nuestra nación, de nuestra ciudadanía, a decidir su futuro institucional, nuestros votos han estado ahí y por un ejercicio de solidaridad internacionalista también cuando se han tocado materias que tienen que ver con Catalunya, especialmente por motivos de agenda, también hemos estado ahí. Nosotros no renunciamos a ninguna de esas dos partes independentistas y de izquierdas y a actuar siempre en coherencia.
Yo diría que aquí no competimos con el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que en la inmensa mayoría de iniciativas que se han votado en esta Cámara, nuestro voto es bastante coincidente con el PNV. Es cierto, nosotros somos un partido de izquierda y hay veces que hay posiciones diferentes, pero es lógico entre un partido de izquierdas y otro liberal conservador. Defendemos políticas diferentes en Euskal Herria, en el País Vasco, respecto a un sinfín de asuntos, pero aquí votamos de manera similar y lo seguiremos haciendo porque creemos que es beneficioso para la ciudadanía de nuestro país, de Euskal Herria, y así lo seguiremos haciendo.
Su apoyo a muchas de las medidas del Gobierno ha ayudado a conformar lo que se ha denominado ‘bloque de investidura’ o lo que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, llamaría ‘bloque histórico’. Una alianza estable de los partidos progresistas nacionales con las fuerzas periféricas de izquierdas y de corte nacionalista o independentista, como ustedes o ERC. ¿Cómo lo ven de cara al futuro?
No es ninguna novedad que, si de nosotras y nosotros depende, el PP y Vox, esto es, la derecha y la extrema derecha, no gobiernan. Si de ahí se pueden conformar mayorías que defiendan políticas más democráticas, más sociales, más progresistas, nuestro voto estará ahí. Lo hemos demostrado incluso en la moción de censura y en otras votaciones, que nuestro voto ha ido gratis. Desalojamos a la derecha. De igual forma lo hemos hecho en Navarra, lo hicimos en el pasado en la Alcaldía de Vitoria con el señor [Javier] Maroto, que ahora está en Sotosalbos, en Segovia, y de portavoz en el Senado por poco tiempo.
La derecha y la extrema derecha argumentan que el Gobierno es ilegítimo entre otras cosas por pactar con ustedes, a los que llaman “filoetarras” o “etarras” directamente. ¿Qué piensa cuando escucha esto?
A estas alturas de la película yo creo que no nos sorprende y entra dentro de una estrategia de criminalización y desprestigio por parte del Partido Popular. Pero esto luego nos lleva a algunas anécdotas. El PP nos llamó y nos pidió el voto a favor en la comparecencia del señor Albares el pasado lunes en la Diputación Permanente. Cuando nuestros votos hacen falta, el PP también nos llama a la puerta. Hay una relación de cordialidad con la mayoría de representantes del Partido Popular. Nos separa un inmenso mar ideológico y de diferencias, pero en aquellos puntos que puede haber un posible acuerdo, el Partido Popular constantemente nos pide el apoyo y los votos.
Para reeditar el bloque de la investidura será seguramente condición de posibilidad que la izquierda vaya unida. ¿Han hablado con Yolanda Díaz o Ione Belarra para tratar de acercar posturas?
Nosotros respetamos mucho los asuntos internos de cada formación. Es cierto que con la parte de Unidas Podemos en el Gobierno es con aquella con la que tenemos más proximidad ideológica. Es evidente, pero no solamente para Unidas Podemos, Sumar y todo lo que representa ese bloque político, sino para cualquier formación, que a mayor unidad se tiene más fuerza. Esto es de primero de política. Pero nosotros por una cuestión de respeto no podemos entrar ahí. Ojalá los números den en la próxima legislatura para que esa amenaza de la derecha ultra, tanto del PP como de Vox, esté lejos de las instituciones.