En un “frente común” que trata de presionar al Gobierno, los portavoces de las principales formaciones independentistas, ERC, EH Bildu, CUP y BNG, han comparecido este jueves de forma conjunta en el Congreso de los Diputados para presentar unas exigencias comunes al Gobierno para que este logre su apoyo a la convalidación del decreto de la reforma laboral, una votación prevista para el próximo 3 de febrero.
Entre otras iniciativas, las formaciones independentistas que solicitan tramitar el decreto como proyecto de ley –algo que podría realizarse tan solo una vez convalidado el decreto– piden recuperar la prevalencia de los colectivos autonómicos, volver a la indemnización de los 45 días por año trabajado o la reducción de la jornada laboral. En realidad, los planteamientos de estos grupos ya han sido rechazados por el Ejecutivo, que se ha mostrado reticente a tocar una coma del texto consensuado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal por el miedo a que los empresarios se descuelguen de dicho acuerdo.
ERC y EH Bildu ven “margen” para el acuerdo aunque la CUP remarca que solo cambiaría su voto negativo a la convalidación de la reforma laboral si se cumplen todas y cada una de las exigencias planteadas este jueves, lo que a su juicio supondría la “derogación” de la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy.
Todos han mostrado, en todo caso, su “absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno y las fuerzas que lo componen, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa, que dé respuesta a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora”. Pero los cuatro grupos han defendido su independencia a la hora de decidir el voto final sobre la convalidación.
“Hay una mayoría de izquierdas con la que se puede llegar a acuerdos”, ha explicado Jordi Salvador, diputado de ERC, uno de los principales negociadores del partido con el Gobierno. De hecho, él ha querido restar importancia a la visita realizada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Catalunya, y su reunión con el dirigente de ERC Roger Torrent. Salvador ha dicho que “el principal negociador” de su partido “está en Madrid”.
“Esta declaración conjunta da alternativas al Gobierno para que arregle lo que tiene que arreglar”, ha insistido, por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
Las siete exigencias
Las cuatro fuerzas piden “recuperar y establecer” la “prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el blindaje jurídico de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos donde efectivamente estos existan”. También piden “blindar” los “marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados”.
Además, los grupos solicitan recuperar “la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la Reforma Laboral del 2012”.
Otro de los aspectos pedidos es que se especifiquen “medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de ”pérdidas“ previstas actualmente”. Asimismo, contemplan “el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical”.
En cuanto a los despidos, estos partidos buscan recuperar “la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. Así mismo se recuperarán los salarios de tramitación”. También plantean “la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa”. “A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector”, añaden.
Otra de las exigencias es restaurar “las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva” y se recuperar “la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada”. Y, finalmente, incluir “propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal así como el reparto del empleo y el trabajo, desde la perspectiva de la transformación hacia un nuevo modelo de relaciones laborales en consonancia con la transición energética, digital y demográfica.