Con todos los puentes entre Madrid y Barcelona aparentemente rotos, la política, de retirada, y dos Gobiernos hablándole solo a los suyos -uno empeñado en celebrar un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, el otro esgrimiendo como única respuesta el Código Penal-, la escalada de tensión continúa a tres días del 1-O y se evidencia cada día más en la calle. Los dos discursos se retroalimentan, y a uno y otro lado se hace acopio de afrentas.
A última hora del miércoles la CUP llamó a romper los precintos de los colegios electorales cuya protección encomendó este miércoles el Tribunal Superior de Catalunya a Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Si las bases del partido siguen la instrucción, los disturbios el domingo están servidos. El PP por su parte ha puesto en marcha una campaña en redes para denunciar la supuesta “hispanofobia” del mundo independentista.
Son los últimos episodios de una semana en la que se ha detenido por orden de un juez de instrucción de Barcelona a altos cargos de la Generalitat y la Audiencia Nacional -previa denuncia de la Fiscalía- decidió investigar por sedición a la muchedumbre que se manifestó ante la Consellería de Interior de Barcelona. Tres vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves daños aquella noche. Fueron los únicos disturbios en la gigantesca concentración que se produjo tras el arresto de 14 personas que presuntamente colaboraron en la organización de la consulta y que durante las horas siguientes fueron puestos en libertad con cargos.
Desde entonces apenas se han producido incidentes en las multitudinarias protestas que el movimiento independentista y también los partidarios de votar -el 82% de los catalanes según la última encuesta de El País- han mantenido en la calle.
Descartado el diálogo político sobre la consulta que el presidente Mariano Rajoy pretende evitar a toda costa, el Gobierno ha optado por tratar como un problema de orden público el conflicto catalán. Dirigentes del PP admiten en privado que el ala más dura del partido no toleraría siquiera una votación simbólica -sin validez legal ni reconocimiento internacional- como la que se llevó a cabo el 9-N en 2014 y que ofreció a los medios internacionales la fotografía del expresidente Artur Mas capitalizando aquel recuento.
Este miércoles la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó que el Gobierno espera que los partidos independentistas cambien de interlocutores para emprender la vía del diálogo. Pero eso no implica que el Ejecutivo de Rajoy quiera ni oír hablar de la posibilidad de un referéndum, sino que da a entender más bien que en Cataluña deberán convocarse elecciones anticipadas. De paso el PP sacó un vídeo que tilda de hispanófobos a los independentistas para agitar en las redes sociales.
Así que 6.000 agentes -algunos alojados en cruceros turísticos- se han instalado de manera indefinida en Cataluña, adonde ha llegado también el camión policial con el cañón de agua para dispersar manifestantes que Interior compró por 348.000 euros hace muchos meses y que no había estrenado.
En este escenario en el que la vía judicial es la única a explorar, la Fiscalía General del Estado ha adquirido un papel decisivo. Al frente de ella sigue José Manuel Maza, reprobado por el Congreso de los Diputados a raíz de su gestión en la crisis de la Fiscalía Anticorrupción tras el nombramiento del controvertido Manuel Moix como jefe.
Maza, exjuez del Supremo y con buenas relaciones en el Gobierno, adelantó en una entrevista en El Mundo que el Ministerio Público podría acusar a los dirigentes independentistas. Lo hizo tres días antes de que se produjeran las manifestaciones contra los arrestos de altos cargos de la Generalitat que finalmente motivaron la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición admitida a trámite este miércoles.
Esta semana Maza ha ido más lejos: subraya que la detención de Puigdemont “es una posibilidad abierta” y anticipa que si la Generalitat lleva hasta el final la organización del referéndum que el Constitucional declaró ilegal podrían ser acusados de rebelión, uno de los delitos más graves del Código Penal que se castiga con entre 15 y 25 años de cárcel. Para ello, explica el fiscal general del Estado, debe producirse algún tipo de violencia.
Dirigentes políticos y fuentes cercanas a la investigación consultados por eldiario.es temen que el domingo, día fijado para las votaciones, puedan desencadenarse episodios violentos entre los partidarios de votar y las fuerzas del orden desplegadas para impedirlo. Y está por ver si las diferencias entre los mandos políticos de las distintas policías no se trasladan a los agentes de a pie.
En una entrevista que hoy publica este diario, el presidente catalán Carles Puigdemont, asegura que no pedirá a los catalanes saltarse los precintos que la Fiscalía ordenó a los Mossos colocar en los colegios electorales para evitar siquiera una votación simbólica. Pero su conseller de Interior de la Generalitat sigue animando a la ciudadanía a concentrarse ante esos centros de votación elegidos por el Govern. En Rac1 Joaquim Forn ha asegurado: “No puedo decir si se podrá votar en todas partes, el domingo tendremos que hacer una valoración de los lugares donde se ha podido votar y los que no. Pero donde no se pueda votar también es importante que haya gente concentrada para demostrar a todo el mundo que hay un Estado que impide votar”. La coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal insistió en el llamamiento para que los catalanes voten el 1-O, durante una entrevista en la cadena SER.
La CUP, mucho más expeditiva, animó directamente a romper los precintos de los colegios, además de llamar “maltratador” al presidente del Gobierno. “Nos trata como una colonia”, dijo de Rajoy su portavoz Mireia Boia este miércoles en un mitin convocado por Omniun y la ANC.
Personas cercanas al despliegue organizado para impedir el referéndum apuntan que la CUP podría estar organizando un dispositivo de autoprotección en los centros donde la Generalitat pretende situar las urnas. De ser así, el riesgo de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad sería muy alto.
Los partidarios de la independencia, muy organizados tampoco se arredran. Diferentes entidades de la comunidad educativa catalana repiten llamadas a movilizarse para abrir los colegios el domingo. La Universidad Pompeu Fabra ha suspendido las clases durante lo que queda de semana “por la situación política de Catalunya”. Estudiantes de Secundaria mantienen movilizaciones y cortes de carreteras para las próximas jornadas.
La Fiscalía de Menores ha respondido con una polémica circular que advierte a la dirección de los colegios de que serán responsables si los alumnos causan “daños materiales o personales” en la movilizaciones.
Reunión para preparar el despligue
Pese al choque total, los dos Ejecutivos intentan guardar las apariencias y está previsto que este jueves se reúna la Junta de Seguridad para ultimar el operativo del 1-0, en la que van a estar presentes el propio Puigdemont y a la que el Ministerio envía al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Según las fuentes consultadas, no va a ser una de esas citas protocolarias sobre el reparto de funciones con dirigentes dándose la mano para la foto. Es previsible que se establezca una disputa por las competencias entre los distintos cuerpos y acerca de las prioridades ante la jornada del domingo. La jefatura de los Mossos se ha comprometido a seguir las instrucciones de la Fiscalía que piden precintar colegios electorales y evitar cualquier votación a 100 metros de ellos. Pero el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha advertido ya que la medida “puede conllevar alteraciones de orden público”.
El Tribunal Superior de Cataluña concluyó este miércoles que los colegios deben ser custodiados por Guardia Civil y Policía, además de Mossos. El debate surgirá sobre si lo urgente el domingo es proteger la seguridad o evitar el referéndum. Y sobre si ambas cosas son compatibles.
Diferentes entidades de la comunidad educativa catalana repiten llamadas a movilizarse para abrir los colegios el domingo. La Universidad Pompeu Fabra ha suspendido las clases durante lo que queda de semana “por la situación política de Catalunya”.
No hay antecedentes de un encontronazo institucional de estas dimensiones en la historia reciente. La pelea política, que lejos de amainar se agrava cada día que pasa, corre el riesgo de alimentar la confrontación social, según admiten fuentes judiciales.
Las despedidas patrióticas a la Guardia Civil
Ejemplo del ambiente que se ha instalado en las calles, incluso fuera de Cataluña, son las salidas del dispositivo de la Guardia Civil de los cuarteles saludadas en distintas ciudades por centenares de personas con banderas españolas y cánticos futbolísticos.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dictado órdenes para que los mandos policiales o de la Guardia Civil no patrocinen semejantes homenajes y para que tampoco tengan lugar en dependencias oficiales. Pero en la calle Interior deja hacer, asume que se trata de “manifestaciones espontáneas de cariño” y no se mete en si las patrullas salen con las sirenas a todo trapo y banderas españolas colgando por las ventanillas de los todoterrenos, tal y como se ve en esos vídeos que circulan de teléfono en teléfono a través de las redes sociales.
Ese es el contexto que se vive en las casas cuartel de la Guardia Civil donde se ha instalado la idea de que sus agentes serán recibidos en Cataluña como fuerzas de ocupación. Y tienen clavada la imagen de un reportero de TV3 haciendo un directo sobre el techo de uno de sus todoterrenos entrevistando a un grupo de independentistas. La Unión de Guardias Civiles denunció al periodista ante la Audiencia Nacional por “vilipendiar y humillar” al Instituto Armado.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, que el domingo vio cómo una concentración de ultras obligaba a cerrar el pabellón de Zaragoza, donde se reunía con otros 400 cargos electos para pedir un referéndum pactado, hizo ayer un llamamiento durante una entrevista en Radio Nacional de España para que el PP “vuelva a la sensatez y evite que el domingo pueda producirse una desgracia”. Iglesias pidió que no se intente frenar la votación “con cañones de agua y pelotas de goma”.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Margarita Robles, también reclamó extremar las precauciones para evitar la confrontación social que se está dando “no solo en Catalunya sino en otros lugares de España”. “Al final el problema no es la confrontación política, es la confrontación social y desde luego si no se trabaja para una solución dialogada va a haberla”, defendió la mano derecha de Pedro Sánchez en el Congreso.
Aunque PP y PSOE han pactado frenar mociones en los Ayuntamientos sobre la cuestión catalana, algunos cargos institucionales han decidido actuar por su cuenta.
El grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que se organicen juras de banderas para ciudadanos y demostrar así la adhesión a los valores constitucionales. Y en Alcorcón, el alcalde, David Pérez, se comprometió a regalar banderas a los vecinos en la sede del PP.
Otros dirigentes populares han sido más directos. Su portavoz en Gibraleón, Manuel Gómez, publicó en sus redes sociales que deseaba ver en Cataluña a la “Policía repartiendo hostias como panes”. El partido en Andalucía ha desautorizado sus declaraciones pero Gómez mantiene su cargo en el consistorio.
En Cataluña la presión en la calle a favor del procés sigue aumentando con actos reivindicativos en muchos pueblos y ciudades y se intensificará todavía más conforme se acerque el fin de semana.
A mediodía del miércoles un grupo de medio centenar de ultras se manifestaron ante Catalunya Radio e hicieron sonar por megafonía la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, pese a que el autor pidió que no se apropiasen de ella los contrarios al referéndum.
Colectivos de ultraderecha como el movimiento Hazte Oír, Cañas por España y otros como Galicia Bilingüe programan actos para el fin de semana también en Madrid. Enfrente, la Coordinadora 25-S que ya protagonizó el movimiento Rodea el Congreso planea una gran concentración en la Puerta del Sol “por el derecho a decidir y contra la represión”.
Si alguien tuviese un plan B para el día 2 de octubre, debería contar con que el problema seguirá ahí tras la jornada de la votación. La CGT, sin ir más lejos, ya ha convocado una huelga general para el martes 3 en Catalunya.