España condecora al ministro de Interior de Marruecos, criticado por vulneración de derechos humanos

El Gobierno de Mariano Rajoy ha premiado al ministro del Interior marroquí, Mohamed Hassad, el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del reino alauí. La gendarmería marroquí recibe críticas constantes de diversos organismos internacionales por ejercer la violencia fundamentalmente contra presos o disidentes políticos, así como inmigrantes que intentan acercarse precisamente a la frontera española.

España ha premiado a Hassad pero el Gobierno no explica por qué. Una escueta nota en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la concesión con la firma del rey Felipe de Borbón el sábado 5 de septiembre, un día después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel García Margallo.

Exteriores no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre los motivos por los que se ha decidido homenajear a Hassad. Su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, dejó claro en mayo de este año que Hassad es un “socio” con el que mantiene contactos continuos para colaborar en asuntos como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración irregular o la formación policial.

La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil es una condecoración simbólica que se entrega, en el caso de los extranjeros, a aquellas personas que “hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación”.

Las relaciones entre España y Marruecos son complejas. Por un lado, las necesidades comerciales y la colaboración en seguridad obligan a los gobiernos españoles a mantener buenas relaciones diplomáticas que, por otro lado, tienen difícil encaje por las vulneraciones de derechos humanos que comete el reino alauí, como la restricción de la libertad de expresión o de reunión.

Precisamente son las fuerzas y cuerpos de seguridad que dirige Hassad las que reciben constantes críticas por parte de las ONG por ejercer la tortura contra presos o el empleo de la violencia contra las personas migrantes que intentan llegar a Melilla o que son devueltas por los agentes españoles en la frontera.

“Las fuerzas auxiliares siguen empleando la fuerza en la frontera con Melilla una vez que los inmigrantes son expulsados por las fuerzas de seguridad españolas”, denunció Human Rights Watch en su informe presentado en Rabat en enero de este mismo año.

CEAR habla en términos similares sobre las personas subsaharianas “que son objeto de persecución y acoso por parte de las autoridades marroquíes” y asegura que “esta persecución también se haya hecho extensible a miembros de organizaciones de apoyo al colectivo migrante en Marruecos”.

Mientras el BOE aprobaba esta condecoración, las fuerzas marroquíes están impidiendo a los refugiados solicitar asilo en la frontera española, tal y como relata eldiario.es. Los gendarmes actúan como línea de contención de la frontera española en Melilla y bloquea la entrada de cientos de sirios en plena crisis. El Gobierno español se lava las manos ante esta situación: “Es la frontera marroquí, preferimos no meternos”, expresaron desde la Delegación del Gobierno en Melilla.

La violencia de la policía marroquí es habitual. Periodistas y ONG han documentado años de violencia durante el desalojo del monte Gurugú y de los campamentos aledaños a las ciudades de Nador, Solouane y Zegangan, zonas próximas a la frontera con Melilla donde acampan migrantes en tránsito. La gendarmería marroquí actúa como barrera frente a las personas que intentan cruzar a Ceuta y Melilla.

El Consejo de Europa -un organismo en el que tiene representación los 47 estados del continente- también ha reprochado al reino alauí su brutalidad. En un informe emitido tras la visita de una delegación a Melilla en julio de 2014, el ente internacional exigió a España que tomara las “medidas necesarias para garantizar que los funcionarios de las MAF (Fuerzas Auxiliares Marroquíes) no entren en territorio español” y que no entregara a esos agente a personas extranjeras “a la luz del riesgo de malos tratos”.

El comisario Europeo de Derechos Humanos, Nilh Muizkens, se comprometió a pedir a la UE “que intervenga para que Marruecos permita a los subsaharianos pedir asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”.