Bruselas admite que España ha enviado menos información de la necesaria para la investigación que la Comisión Europea está llevando a cabo sobre el incremento del coste del Hospital de Burgos, que se ha duplicado. La Dirección General de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario señala que el departamento que investiga ese sobrecoste ha recibido, por el momento, “información incompleta”.
La Comisión Europea investiga la modificación de los contratos que hizo que el presupuesto del hospital de Burgos se disparara. La adjudicación de todos los servicios no asistenciales a un consorcio empresarial terminará costando a los burgaleses más 2.000 millones de euros en 30 años.
La investigación de Bruselas parte de la denuncia presentada por un particular, que recientemente se ha interesado por la situación de la queja. La Dirección General de Mercado Interior le ha respondido que está examinando toda la documentación que ha presentado y señala que está en proceso de interlocución con España para recabar la información necesaria, ya que la recibida hasta ahora es “incompleta”. “La cooperación está todavía en curso y los departamentos de la Comisión sólo tienen información incompleta”, expresa el texto firmado por una de las jefas del departamento, Joana Szychowska, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Este organismo pidió por escrito a las autoridades españolas “clarificaciones” sobre los contratos del Nuevo Hospital de Burgos en febrero de este año y, en una reunión mantenida en Madrid apenas un mes y medio más tarde, trataron el tema de la denuncia presentada en septiembre de 2013 por el sobrecoste del centro, para el que la Junta tuvo que avalar un crédito de 128 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversión a una empresa pública -Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA- que después fue a parar a la concesionaria, a pesar de que el dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas. No obstante, sólo llegaron 100 millones. Se desconoce el paradero de los 28 restantes.
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El 15 de abril de 2014 las autoridades españolas respondieron por escrito a la solictud de la Comisión. “Sin embargo, la información recibida es incompleta”, expresa la institución a través de la carta que ha recibido el denunciante tras interesarse por el estado de la investigación. “Por esta razón, los servicios de la Comisión están a punto de enviar una serie de preguntas adicionales a las autoridades españolas”, continúa el texto.
Esa falta de información explica en parte la demora en la instrucción de esta queja, aunque la Comisión también la achaca al voluminoso tamaño de los documentos que acompañaban la denuncia, que apuntaba al incumplimiento de seis normas de la Unión Europea.
No obstante, el Ejecutivo comunitario sólo está considerando la parte relacionada con la modificación de los contratos que aprobó la Junta de Castilla y León, presidida por Juan Vicente Herrera. Gracias al visto bueno de esas ampliaciones presupuestarias, el gasto se ha duplicado hasta llegar a los 528 millones de euros. Entre esos modificados, el Gobierno regional llegó a permitir que la empresa adjudicataria recibiera 34 millones de euros extra en compensación por su propio retraso con las obras, a pesar de que el contrato que firmó establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasasen. Las llaves se entregaron en 2012, aunque la apertura estaba planificada para 2009.
Nuevo Hospital de Burgos SA es el consorcio empresarial que se hizo con la adjudicación del lucrativo concurso, que incluía la construcción y la gestión del centro sanitario, a excepción de los servicios asistenciales. El conglomerado societario incluye un fondo de capital riesgo del Banco Santander, que tiene un 17,64% de las acciones; a OHL, partícipe en un 20,75%; y a Urbanizaciones Burgalesas SL (20,75%), una de las compañías de Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado por corrupción en los 90 que está detrás de un importante número de obras en Burgos, entre ellas el bulevar del barrio de Gamonal, que fue paralizado gracias a las protestas de los vecinos; y la plaza de toros, que también es un proyecto rechazado por los ciudadanos y fue objeto de disturbios este jueves.
La concesionaria recibe un canon anual al que la Junta se comprometió a pagar durante las próximas tres décadas. Los 38 millones de canon se dispararon hasta los 71 en 2013 debido al incremento de los costes. La Gerencia Regional de Salud calculó que la rentabilidad anual para la adjudicataria fuera del 7% en su primer plan de negocio. Con las sucesivas ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el 6,92% anual. Finalmente, el hospital de Burgos supondrá a las arcas públicas 2.000 millones de euros en 30 años.