Esperanza Aguirre se ha acogido a su condición de expresidenta de la Comunidad de Madrid que le confiere el derecho a declarar por escrito en calidad de testigo. La líder del PP madrileño evita así el interrogatorio en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre los contratos con la trama Gürtel durante su etapa al frente del Gobierno regional.
El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo a la expresidenta Esperanza Aguirre para que explique los contratos con la red Gürtel en Madrid así como la orden que dio al exconsejero Alberto López Viejo para que dejara de contratar la empresa Easy Concept, vinculada a la trama corrupta que lidera Francisco Correa. La citación responde a la petición de los socialistas de Boadilla del Monte, que ejercen la acusación popular en el caso Gürtel, y que quieren saber si previamente le había animado a que recurriera a estas empresas.
López Viejo está acusado de intermediar entre distintas consejerías y la trama Gürtel a través de “sociedades pantalla”. El instructor de la causa apunta que la red corrupta “habría efectuado cuantiosos pagos” al exconsejero de Aguirre “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid”. El juez Ruz considera que el testimonio de Aguirre podría esclarecer esta forma de proceder.
Las partes personadas en el caso Gürtel tienen un plazo de tres días para el presentar ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional “los correspondientes pliegos de preguntas a efectuar a la testigo”. El cuestionario será entregado a Aguirre, que procederá a “dar contestación o información por escrito”, según la providencia emitida por el magistrado este lunes.
La expresidenta regional aseguró tras conocer su citación en calidad de testigo que estaba “encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el caso Gürtel”.
La ley ampara que la expresidenta regional realice su declaración testifical por escrito. También el presidente del Senado, Pío García Escudero, tuvo esa opción pero la rechazó. En su caso, el juez Pablo Ruz, el fiscal, el secretario judicial y los abogados de las acusaciones se trasladaron al despacho del presidente en la Cámara Alta. García Escudero reconoció en ese interrogatorio haber recibido un préstamo del PP para rehabilitar su vivienda que no declaró a Hacienda.